La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó este martes el informe final del Estudio de Mercado sobre Notarios, reiterando la necesidad de realizar una reforma estructural a este mercado, la que podría traducirse en ahorros cercanos a los US$149 millones anuales para al país.
La versión final del Estudio se publica luego de haber sometido el Informe Preliminar a un proceso de consulta pública que culminó el 17 de julio. En el período, entregaron sus comentarios la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile y el Colegio de Abogados A.G., los que fueron procesados por la FNE y sirvieron de base para aclarar algunos puntos en el informe.
El Estudio comenzó en julio de 2017 y tuvo como hipótesis de falta de competencia que "la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto".
En el desarrollo de este estudio, la Fiscalía comprobó esta hipótesis y estimó que el marco regulatorio requiere de una modificación estructural para que este mercado pueda operar de manera adecuada.
"Al término de este estudio, estamos convencidos de que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje, debido al impacto que tiene la actividad de los notarios en la productividad y competitividad del país", señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
Entre las recomendaciones formuladas por la Fiscalía, se cuentan reducir la cantidad de trámites que debe realizarse ante un notario y permitir la libre entrada al mercado de quienes cumplan requisitos mínimos. Asimismo, se propone flexibilizar las reglas que regulan la forma en que se desarrolla la actividad para fomentar la calidad del servicio y reducir el precio de los trámites.
Según estimaciones de la FNE, una modificación como la sugerida puede tener un impacto monetario relevante e impulsar un incremento de la productividad del país "reduciendo la carga administrativa para las empresas y los hogares", como destaca la OECD en el Economic Survey de Chile del año 2018.
Los comentarios recibidos respecto al Informe Preliminar apuntaron principalmente a la existencia de un sesgo metodológico por parte de la FNE, especialmente respecto a cómo se calculan las rentas de los notarios. Adicionalmente, se cuestionó que no se habría considerado los costos derivados de la pérdida del rol de "justicia preventiva" que cumplirían los notarios actualmente.
A juicio de la FNE, "no existe tal sesgo metodológico, y en el informe existe claridad respecto de la forma que se recabó y utilizó la información. Por ejemplo, para el cálculo de la renta monopólica, se consideraron datos agregados entregados por el Servicio de Impuestos Internos de todos los notarios del país -excluyendo aquellos que ejercen otras funciones como conservador o archivero- y no una muestra", indicó el organismo.
Asimismo precisó que "para la Fiscalía, un cambio de sistema no implicaría la pérdida del rol de justicia preventiva que cumplen hoy los notarios, pues esa función la ejercerían quienes reemplacen a los notarios".
