Por segunda vez en dos años, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) prohibió una operación a Santander. Primero fue en enero de 2017, cuando el banco de capitales españoles quiso crear una sociedad para operar cajeros automáticos junto a Banco de Chile y BBVA. La segunda negativa llegó ayer, luego de que la FNE diera a conocer que Santander no podrá ingresar a la propiedad de Servipag, ya que "hubiese reducido sustancialmente la competencia en los mercados de recaudación digital y botones de pago", dijo el ente fiscalizador.

Desde Santander descartaron apelar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). "El banco estima que ha seguido todos los pasos de acuerdo a la ley y se atiene a lo resuelto por la FNE", dijo la entidad.

Santander buscaba adquirir el 33,3% de participación de Servipag en partes iguales o diferenciadas, en momentos en que actualmente Banco de Chile y BCI tienen el 50% cada uno.

En febrero de este año, el entonces gerente general de Santander, Claudio Melandri, explicó que la idea de entrar en Servipag no se les ocurrió para ganar más dinero. El objetivo era que, frente a un caso de huelga, o falla de sistemas tecnológicos, Santander podría tener una plataforma de atención paralela y seguir operando para que los clientes puedan tener a través de Servipag acceso a opciones de pago.

La Fiscalía, en tanto, tras realizar una investigación de la operación de concentración, concluyó que "existen riesgos coordinados, lo que no habría sido suficientemente compensado, ni por las eficiencias que argumentaron los bancos, ni por las medidas de mitigación que éstos ofrecieron, como se explica en el informe y en la resolución de archivo, cuyas versiones públicas están siendo elaboradas".

De este modo, esta se convierte en la segunda vez en que la autoridad de competencia prohibe una concentración entre empresas desde la entrada en vigencia del nuevo sistema de control obligatorio de fusiones. Esto, luego de la prohibición de la adquisición de Nutrabien por parte de Ideal en mayo pasado.

Servipag fue creada en 1990 como una sociedad orientada al apoyo del giro bancario nacional, que permite a los clientes el pago de cuentas, giros de dinero y otro tipo de transacciones financieras. En 2017 cerró con ingresos operacionales por $40.578 millones, y una utilidad de $1.400 millones.

La Fiscalía se tomó su tiempo para evaluar la operación que fue notificada el 26 de octubre de 2017. De hecho, en febrero el fiscalizador decidió extender el plazo de análisis a una segunda fase. Según explicó el organismo en su momento, la primera fase consistió en el análisis de "los diversos mercados relevantes involucrados en la operación, tanto aquellos mencionados por las partes en su notificación, como otros que la FNE consideró igualmente involucrados".

Esta evaluación incluyó la revisión del mercado de pago de remuneraciones, pensiones y otras prestaciones; de los servicios a bancos; de la recaudación presencial y digital; del uso y comercialización de botones de pago; y del uso y comercialización de plataformas Web de recaudación.