Dentro del acuerdo que trabaja el gobierno con los parlamentarios se incorporó una medida que apunta a ayudar a las grandes empresas para que puedan sortear con éxito esta etapa. En concreto se propone crear un Fogape Plus para grandes empresas en la emisión de bonos u obtención de créditos. Hacienda señala que al igual que para las empresas de menor tamaño incluidas hoy en Fogape, se entregaría una garantía de 60%.

Sin embargo, se afirma que a diferencia del programa Fogape regular en que la tasa de interés está fija y no se le cobra comisión al beneficiario, la tasa de interés se determina en el mercado y el beneficiario paga al Estado una comisión proporcional al riesgo incurrido y que remunere la garantía.

Mientras esta propuesta del gobierno está en fase de negociación.

La primera lectura que hacen los economistas es positiva, pero hay discrepancias sobre si alcanza a cubrir empresas como Latam.

Para Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, “se trata de un apoyo, con tasas alineadas con las condiciones de mercado, entendiendo que sus dolores se relacionan fundamentalmente con la estrechez de liquidez”. Añade que “abre una fuente efectiva para sobrellevar el complejo momento”.

Alejandro Fernández, economista de Gemines, sostiene que la medida le parece que es razonable. “Dar garantía con un costo para la empresa, pero el Estado tiene que asegurarse de no perder si a la empresa le va mal”.

Mientras que Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa, subraya que “parte importante de esta medida está enfocada en reactivar los mercados de deuda, para que varias compañías que aún no han entrado en dificultades puedan evitar eso” y, de la misma manera, dejar espacio para que sean las pequeñas empresas las que puedan acceder a los créditos que otorga la banca, y no sólo las grandes compañías. “La empresa tendría que dar una garantía real (activos)”, indica.

Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, si bien afirma que “las garantías puedes ayudar, una mejor alternativa habría sido bonos preferenciales”.

En cuanto a si este mecanismo incorpora a empresas como Latam, los economistas discrepan sobre su alcance. “Depende de si están dispuestos a prestarle los bancos o a comprar bonos los inversionistas a partir de una garantía de 60%. Puede que no sea suficiente para una empresa que está en reorganización. Para el gobierno tampoco sería buena idea otorgarle esa garantía a una empresa que no tiene patrimonio. El riesgo es muy alto. Tendría que ser a cambio de una participación accionaria, pero hoy día vale muy poco. Creo que habría que diseñar algo especial para Latam, pero es políticamente muy complicado”, acota Fernández.

Mientras que Pincheira añade que “dado el tamaño de la compañía, la ayuda va por otra línea, quizá más personalizada, además tomando todas las consideraciones de que es una empresa multinacional”. Por otro lado, Alarcón indica que “una empresa como Latam, que ha tenido créditos bancarios perfectamente puede acceder a este beneficio”. Opinión similar entregó Lehmann, quien también ve factible que esta propuesta le sirva a Latam.

Qué dice la banca

Para la banca, una garantía como la presentada era lo esperable. Así lo señala el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena, “una cobertura del 60% era lo esperable, porque no van a dar mayor cobertura o mejor cobertura que la que habitualmente se había dado en el programa Covid”.

Por otro lado, Mena sostiene a qué grupo debería estar enfocado este programa, ya que hay algunas firmas que no lo necesitarían. “Las cifras lo están demostrando en el crecimiento de los créditos: las empresas que están en las categorías de clasificación interna (de los bancos) que van entre A1 y A4 (...), que en general son los deudores que no tienen mucha dificultad de pago, o tienen una clasificación que está entre las mejores (...), y que habitualmente son la mayoría, cerca del 80%, esos deudores ya están desde marzo siendo acompañados por los bancos con nuevos créditos”. Sin embargo, aclaró que “el problema se centra más bien en los que están (clasificados) en A5, A6, y los B; porque los C ya están probablemente demasiado deteriorados; y ahí es donde deben estar enfocadas estas garantías”.

Asimismo, dijo que “si es 60% (lo que se necesita de garantía estatal para otorgar estos créditos), puede ser, idealmente mientras más alta sea (la garantía estatal) mejor, pero puede ser”.

Mena también cree que “el sistema debe ser simple, hemos visto algunos esquemas de comisiones que son extremadamente raros, complejos. Las comisiones y las tasas finalmente deben ser simples de calcular, y ojalá consideren rangos respecto al mercado, pero comisiones desmedidas y tasas fuera del mercado imposibilitan que esto funcione”.