Fondo Covid no podrá transferir recursos a empresas sancionadas por colusión

Bastante debate hubo en el Senado acerca del proyecto que crea un Fondo Covid por US$12.000 millones, el cual finalmente fue aprobado, pero con restricciones a la hora de beneficiar a algunas empresas.

En general la mayoría del texto fue aprobado por 33 votos y 6 abstenciones, pero la discusión se intensificó cuando debieron votar por separado los artículos 8, 10 y segundo transitorio que colocan cortapisas a la entrega de recursos, lo que se ratificó por 21 y 16 en contra, y 1 abstención.

Cabe recordar que estas normas se generaron en la Cámara de Diputados, y en la Comisión de Hacienda del Senado le solicitaron al gobierno que moderara parte de la redacción. El gobierno desestimó esa alternativa y solicitó -al igual que en la sala- que se eliminaran esos incisos.

El artículo 8 “prohibe la transferencia de recursos o el apoyo financiero del Fondo a empresas controladas por sociedades con domicilio principal o que tengan filiales en paraísos fiscales. Misma prohibición aplicará para las empresas que tengan sociedades relacionadas con sede en estos territorios con un régimen tributario preferencial”.

El senador José García (RN) que apoyaba al gobierno explicó que no existe una lista de paraísos fiscales y que ello obligaba a una investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII), “el prohibir usos del fondo, nos va a significar enormes dificultades para realizar programas de apoyo a las empresa y a los subsidios a la contratación de mano de obra, entre otros, cuando lo que necesitamos de momento es reactivación económica y más empleos”.

El senador Ricardo Lagos (PPD) fue enfático al recordar que es posible saber cuáles países son paraísos fiscales, y desestimó las críticas del oficialismo: “Es que una de las más altas autoridades del país tiene cuentas en paraísos fiscales y todo sigue como si nada. Tratan de provocar con este tema”.

El artículo 10, en tanto “prohíbe todo aporte de capital, adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al Fondo a empresas que se encuentren condenadas por sentencia firme y ejecutoriada por ilícitos graves contra la libre competencia”.

“Uno no puede confundir los instrumentos con los objetivos” indicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones quien recalcó que en Chile no se puede castigar dos veces por el mismo delito a una persona individual o jurídica. Ello sucedería, dijo si se sigue adelante con esta norma contra empresas ya sancionadas por colusión. “Genera un precedente complejo, incluso si las empresas cambian de dueño”, resaltó.

A lo cual el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro (DC) explicó: “Discutimos mucho esto, pero lo que importa es la señal política clara en un ambiente de falta de credibilidad y de desconfianza”.

Finalmente, el artículo segundo transitorio se refiere a la entrega de información de parte del gobierno sobre las inversiones que se financiaran con cargo al Fondo exigiendo un amplio abanico de detalles, lo cual fue visto por el Ejecutivo como una intromisión en la administración financiera que es exclusiva. “Queremos que nos den garantías y compromisos de que no se repita el uso electoral que se hizo con las canastas de alimentos. Son doce mil millones de dólares, y este presupuesto especial requiere transparencia, efectividad y equilibrio político”, subrayó el senador Carlos Montes (PS).

Mientras que el senador Juan Antonio Coloma (UDI) respondió: “Tratar de generar ex ante la información será imposible en la práctica, sobre todo en una emergencia. Tengamos conciencia, estamos colocando una norma que el director de presupuesto dice que es imposible de cumplir”.