La Corte Suprema puso término a la conciliación del juicio por el permiso ambiental del proyecto minero portuario Dominga de Andes Iron -propiedad de la familia Délano-, ubicado en La Higuera, Región de Coquimbo. Ello luego que un grupo de opositores a la iniciativa, que considera una inversión de US$2.500 millones, solicitaran finalizar el proceso y que se dicte sentencia.

El cierre del proceso frustró un intento por concretar una nueva ronda de conversaciones. El lunes el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte y la Asociación Comunal de la Higuera -que actuaron como terceros coadyuvantes de Andes Iron- pidiaron más plazo al tribunal para seguir dialogando.

Frente a la petición, los opositores al proyecto, Aliro Zarricueta, Ernesto Fredes, Cristóbal Díaz de Valdés y la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, junto al Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros afirmaron enérgicamente que no existía necesidad de otorgar más tiempo, pues no tenían ninguna intención de llegar a un acuerdo.

Francisco Villalón, gerente de asuntos corporativos de Andes Iron, dijo que la compañía “hizo múltiples esfuerzos por lograr un acuerdo en el marco del llamado de conciliación que hizo la Corte Suprema, ya que creemos firmemente que sí es posible compatibilizar del desarrollo con el cuidado del medio ambiente. Más aún siendo la contraparte principal Océana, que ha llegado a acuerdos de este tipo en otros lugares del mundo, como es el caso de California. Vemos un doble estándar de esta organización respecto a su accionar en países más desarrollados”.

“Nos tratamos de contactar a través de los abogados en un inicio, quienes nos señalaron que no había interés de conciliar. Posteriormente, escribimos directamente a las contrapartes y recibimos una respuesta muy ofensiva y sesgada, que cierra cualquier posibilidad al diálogo”, añadió.

“Nos parece lamentable que se dé un portazo al diálogo, más aún tratándose de un proyecto que tiene una propuesta socio ambiental única y que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad, tal como quedó confirmado en la reciente consulta ciudadana realizada por la Municipalidad de La Higuera. Pareciera ser que el propósito último de Océana es impedir por completo cualquier actividad minera o industrial en Chile”, concluyó.

Consultado el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), por la oposición manifestada por Oceana y otras entidades como ONG FIMA al desarrollo de Dominga, sostuvo que “son movimientos ambientalistas que no representan a la comunidad”. “No viven en La Higuera los problemas a diario de la gente y ellos, más que una organización, son un movimiento casi político. Ellos no quieren nada, son organizaciones que hoy están en Dominga, pero pasado mañana estarán en contra de HidroAysén, Pascua Lama. Ellos se mueven de proyecto en proyecto y convenciendo a la comunidad de oponerse, pero un 96% de la gente que participó en la consulta ciudadana, está de acuerdo con el proyecto”.

Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana respondió: “Nosotros no vivimos ahí, pero sí estamos respaldados por la gente local que se dedica a dichas actividades. Nos parece que, tal como dice el alcalde de La Higuera, en Chile han existido proyectos nefastos como lo habría sido Hydroaysén o como lo ha decretado el mismo Estado: Pascua Lama. Nuestra misión es que el rechazo de un proyecto como Dominga prevenga los efectos irreversibles que tuvo por ejemplo Pascua Lama en la intervención de un glaciar. El rechazo a Dominga en las localidades costeras y agrícolas de la comuna es mayoritario y el alcalde no ha querido verlo y le ha dado la espalda a todas esas comunidades”.

El proyecto se encuentra en la Corte Suprema luego que se presentaran recursos de casación respecto del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que determinó que Dominga sí había presentado antecedentes suficientes en su tramitación ambiental y que lo determinado por la Comisión de Evaluación de la Comisión de Evaluación Ambiental, Coeva, de Coquimbo, y el Comité de Ministros era ilegal, ordenando repetir la votación. La comisión votó nuevamente y Dominga hoy cuenta con una su RCA aprobada.

La defensa de Andes Iron y Oceana es liderada por los abogados Patricio Leyton, socio de FerradaNehme, y Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, respectivamente.

En su presentación ante la Suprema, la abogada Antonia Berrios de la ONG FIMA y que representa a Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros explicó que “este intento de conciliación, del todo extraordinario, el que está aumentando la perturbación e incertidumbre de la zona, cuestión que no debe seguir extendiéndose en el tiempo”. “Más allá del legítimo espíritu que mueva al tribunal, es un proceso no contemplado en la ley y que en este caso se está usando por la minera para erosionar aún más la confianza en las instituciones”, añadió.

También contó de dos de sus representados viajaron desde La Higuera a Santiago para solicitar el fin de la conciliación, asegurando que en caso de que fuera desestimada la petición no podrían volver a presentarse en la capital. “Esto implica un gran obstáculo para el acceso a la justicia, dado que el gasto que habrán realizado les impedirá volver a apersonarse”, dijo.

Al igual que el caso anterior, por medio de un escrito el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, Comité de Agua Potable rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros señalaron que “la decisión de postergar por segunda vez la audiencia de conciliación ya fijada sólo tiene por efecto dilatar el procedimiento en exceso, causando agravio a los recurrentes y terceros independientes en la medida que, durante este tiempo intermedio, las comunidades se han visto presionadas de diversas formas por el titular, para obtener un apoyo que desde sus inicios no ha existido en por la comuna de La Higuera”.