Si bien hubo una baja considerable en la cantidad de denuncias que llegaron a la PDI en 2020 por fraude con tarjetas en la Región Metropolitana, las investigaciones instruidas por el Ministerio Público a la policía aumentaron.

Así lo revelan cifras de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), donde se muestra que el número de denuncias hechas en la PDI de la Región Metropolitana disminuyó 72%, ya que pasaron de 115 reclamos en 2019 a 32 denuncias en 2020.

Sin embargo, las instrucciones que envió el Ministerio Público a la PDI para investigar aumentaron en total un 30%, pasando de 1.511 en 2019 a 1.960 en 2020.

Las denuncias recepcionadas por la PDI se desagregan en dos ítems: aquellas tipificadas como estafas y otras defraudaciones contra particulares, que bajaron 70,5%, llegando a 23. Y el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, que disminuyeron 76%, a tan solo 9 denuncias.

En tanto, las instrucciones enviadas por el Ministerio Público se desagregan en tres ítems: las instrucciones particulares instructivas fueron 68 en 2020, un 66% menos que el año anterior. Estas instrucciones las pide el Ministerio Público y corresponden a diligencias específicas que debe ejecutar la PDI, las que por lo general son un complemento de alguna orden de investigar, como por ejemplo, concurrir a un banco y tomar declaraciones al gerente de fraudes o recabar algún documento.

En tanto, las órdenes de investigar que envió el Ministerio Público se mantuvieron más bien planas, ya que bajaron 4% a 1.029. Las que se dispararon fueron las instrucciones particulares investigativas, ya que marcaron un alza de 257%, hasta un total de 863. Estas instrucciones de la Fiscalía son muy similares a las órdenes de investigar, pero no tiene facultades tan amplias como esta última.

Mauricio Bravo, subinspector de la Bridec Metropolitana, explica que la baja en denuncias ocurre, en parte, porque las personas también pueden hacer denuncias en otras entidades, como la Fiscalía o Carabineros. Esta última es la favorita de las personas, considerando que hay más comisarías.

Bravo también entrega otro argumento que podría explica la baja en denuncias: “Acá en la PDI, en el cuartel de General Borgoño, ahora existe un centro de toma de denuncias, eso significa que la Bridec no está recepcionando denuncias como se hacía antes de forma constante, sino que ahora se toman en un centro de toma de denuncias que está en el mismo cuartel, y esto obedece a que el mando ha instruido que para poder trabajar de forma más eficiente las órdenes de investigar e instrucciones particulares que emanen del Ministerio Público, se están tomando las denuncias abajo, para que los oficiales solo se dediquen a realizar diligencias investigativas y no a tomar denuncias”.

¿Y por qué suben las instrucciones de investigar del Ministerio Público? Bravo detalla que las órdenes que le llegan a la Bridec no necesariamente fueron denuncias hechas en esta entidad, sino que consolida las denuncias efectuadas también en Carabineros, por ejemplo. Esa decisión es del Ministerio Público.

Asimismo, comenta que antes no existía la tecnología que hay actualmente para hacer clonaciones de tarjetas; o phishing a través de las páginas web, ya que cada día hay páginas web bancarias fraudulentas que son más similares a las oficiales.

“Ahora hay otra modalidad, con la que también están haciendo fraudes, que es que llega en el teléfono un mensaje de texto, la gente lo responde y automáticamente tienen los datos asociados a sus tarjetas”, comenta Bravo.

El subinspector de la Bridec añade que “lo otro que se ha detectado, que también es un nuevo modo de operar, a una persona en su teléfono celular se le cae la señal, y la gente lo atribuye a un problema con el chip, y cuando van a la compañía de teléfonos a recuperar el chip, después se dan cuenta que les han sacado del banco una cantidad de dinero”.

Bravo explica que lo que hacen los delincuentes, es que van a la compañía telefónica, piden un chip a nombre de otra persona, ocupando su identidad, ingresan el chip a otro teléfono, por lo que se le cae la señal al usuario, y allí le empiezan a llegar las terceras claves bancarias a los delincuentes, con lo que cometen el fraude. “En eso se ha detectado un aumento”, puntualiza.

Las cifras que entrega la PDI contrasta con lo que informó la banca en el primer balance de la llamada ley de fraude con tarjetas, que obliga a las entidades a devolver los montos a los usuarios cuando éstos desconocen las transacciones en distintos medios de pagos, y que entró en vigencia a fines de mayo de 2020.

Allí, los bancos informaron que solo en el segundo semestre de 2020, 165 mil usuarios reportaron haber sido afectados por fraudes en los distintos medios de pagos, por montos que totalizaron $54.000 millones (unos US$73 millones),

La ley estableció que las entidades financieras deberán restituir el dinero en un plazo de 5 días hábiles si el monto defraudado es de hasta 35 UF, y cuando los montos son mayores, tienen un máximo de 12 días hábiles desde que el usuario reportó.

Si el banco considera que pudo haber sido culpa del usuario, o un autofraude, puede recurrir a los Juzgados de Policía Local. En estos casos, pueden llegar órdenes de investigar del Ministerio Público a la PDI. Sin embargo, Bravo comenta que no ha visto órdenes de ese tipo, por lo que no cree que esté vinculado con el alza registrada en 2020. Sin embargo, agrega que aunque el banco restituya los fondos a los usuarios, de todas maneras hacen la investigación cuando llega una denuncia de este tipo.