Fraudes con tarjeta: Diputados DC advierten letra chica y acusan al Ejecutivo de ingresar iniciativas "pro banco"

Continúan las reacciones a la polémica que generó el congelamiento del proyecto que responsabiliza a la banca por fraudes con tarjetas de crédito debido a unas indicaciones igualmente controversiales.

Tras las críticas del senador Manuel José Ossandón (promotor de la iniciativa) se sumaron ahora los diputados DC Joanna Pérez, Gabriel Silber, Jorge Sabag y Miguel Ángel Calisto, quienes ya calificaron como un retroceso algunas normas del proyecto.

Los parlamentarios dijeron que el artículo cuarto y parte del quinto, son más bien normas pro-bancos, "incluyendo letra chica que podrían, en el fondo, transformarse en un retroceso".

Concretamente, el artículo 4 se refiere al tiempo que tiene un usuario para denunciar un fraude. El proyecto plantea que son 30 días desde que recibe la cartola del banco. Antes no existía ese plazo. El artículo 5, por su parte, se refiere al deducible que puede cobrar la banca por UF 0,5 cuando el usuario denuncia un fraude.

La diputada Pérez afirmó que el Ejecutivo había ingresado esas indicaciones. El ministro de Economía, José Ramón Valente, dijo esta mañana que estas fueron ingresadas durante la tramitación en la Cámara de Diputados y que habían sido conversadas y aprobadas por su cartera.

"Tenemos una oportunidad para enmendar el rumbo de esta iniciativa. Los bancos no pueden eludir su responsabilidad, pues son los que más utilidades tienen en este país; por lo tanto, hay que asegurar que en la ley no quede letra chica alguna y ya estamos en segundo trámite", dijo la diputada Joanna Pérez.

"No queremos aprobar algo que el día de mañana sea una puerta abierta para que los bancos se escuden en ella y no respondan. El proyecto tiene lindo nombre y es positivo, pero deja vacíos que hacen cambiar el paradigma y endosa responsabilidad a los clientes de tarjetas", agregó.

La parlamentaria dijo que la mayor preocupación se centra en el deducible que se agrega para los seguros y en los plazos para los reclamos, y para que los bancos respondan, considerando el momento en que la persona se da cuenta del fraude.

"Hoy, donde no existía plazo, el artículo 4° entrega ahora uno máximo de 30 días a la recepción del último estado de cuenta para poder pedir el reembolso. La idea es que exista a lo menos un plazo de 90 días, razonable, para que el titular de la tarjeta que clonan pueda conocer claramente los hechos y reclamar. Si hoy no hay plazo, ¿por qué tendríamos que limitarlo a 30 días? Nos parece una medida peligrosa y muy pro banco en lugar de ser pro consumidor. También no nos parece el tema de un deducible en caso de seguros. La verdad es que se han agregado normas muy pro bancos, que se aseguran su negocio y por eso la comisión mixta es necesaria", agregó.

En vista de esto, Pérez afirmó que lo ideal sería que las otras bancadas rechacen esta norma para pasar a una comisión mixta y allí solucionar el tema, "entregando la mayor cantidad de garantías para los consumidores".