Las medidas que adoptó el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, de remover de su cargo al director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, y de suspender de sus funciones a cuatro trabajadores más no cayó bien al interior de la Asociación de Funcionarios del SII. Su molestia no radica en que no consideran necesario que se investigue con “celeridad”, puesto que consideran que se debe “condenar las malas prácticas”.
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La presidente de la asociación, Evelyn Apeleo, afirmó que “los funcionarios no habían prestado declaración en el sumario interno al momento de ser removido, por lo que no se ha respectado el debido proceso de investigación interno”. Por lo mismo, indicó que se le ha “solicitado una reunión con el director del SII, pero no nos ha considerado”.
Luego en una declaración pública profundizan sus reparos: “Confunde a la opinión pública que el director del SII exponga estas medidas, ante la Cámara de Diputados, como un avance en la investigación, en circunstancias que antes de su suspensión no se les había citado a declarar en el procedimiento disciplinario”, se menciona.
Por lo mismo, añaden que “se trata de una medida administrativa reglada, que no implica ni avance de la investigación, ni acreditación de faltas o de incumplimientos funcionarios, ni mucho menos una sanción. Nos parece además indispensable señalar que, para permitir la continuidad de las funciones institucionales, hemos requerido al Director del SII mantener una comunicación clara y fluida con los funcionarios y las funcionarias y los cuerpos directivos, la que hasta el momento no ha existido”.
También llaman a la responsabilidad en el debate público: “Ante diversas expresiones realizadas en el debate político sobre los hechos en investigación, hacemos un llamado a no profundizar la desconfianza de la ciudadanía, y a asumir que fortalecer a las instituciones públicas es el único camino viable para enfrentar la corrupción”.
En cuanto al proceso de investigación, la dirigente puntualiza que como asociación ratifican su “confianza en las investigaciones en curso”. Por lo mismo, señalan que “esperamos que la investigación administrativa y penal que siguen en curso avancen a esclarecer el fondo de lo que se ha conocido y ha puesto en tela de juicio a las actuaciones de algunos contribuyentes y asesores, sometiendo a escrutinio también las acciones de algunos funcionarios de nuestra institución, en función de despejar plenamente el conjunto de los hechos que pudieran estar involucrados. Reiteramos que, de determinarse actuaciones irregulares, esperamos se apliquen las máximas sanciones a sus autores”.
Por último mencionan que “nos mantendremos vigilantes para asegurar que se tomen las medidas necesarias para corregir cualquier desviación de los principios éticos que rigen nuestra labor”.