Fundación Para el Progreso: capitales chinos no han corroído la democracia en Chile

Con un foco en las inversiones que provienen de países “no-democráticos”, Fundación Para el Progreso (FPP) analizó los potenciales riesgos asociados a lo que denominan como “capital corrosivo”, es decir, aquel que “entra a un país aprovechándose de sus debilidades institucionales y que tienen el potencial de erosionar su democracia en el largo plazo”.

Lo anterior, como parte de un proyecto de Center for International Private Enterprise (CIPE), que convocó a estudiar el fenómeno en distintos países de Sudamérica, afinando la definición de capital corrosivo al indicar que es el aquel que “que fluye desde países autoritarios a democracias nuevas o en vías de transición y que, particularmente, carece de transparencia, rendición de cuentas y orientación al mercado”.

En el caso nacional, el foco se pone en la inversión proveniente de China, la que cumple con los criterios “no-democráticos” y que tiene una creciente presencia en Chile, con la adjudicación a de la fabricación de las cédulas identidad a la firma Aisino como un último ejemplo. Esto contrasta, con los prácticamente nulos capitales que llegan de Rusia, Siria e Irán, algunos de los otros países que caen en la categoría.

De esta manera, aunque se distinguen riesgos a los que habría que dar seguimiento, la investigación llega a positivas conclusiones. “La evidencia de este estudio muestra que, a diferencia del caso argentino y de otros países de América Latina, las instituciones chilenas han mantenido a raya los potenciales efectos negativos del Capital Corrosivo”, se lee en el reporte que se presenta este martes.

Así Chile se distingue del resto del vecindario, dado que los otros estudio vinculados al proyecto de CIPE han plateado que “China ha aprovechado y exacerbado los déficits de gobernanza preexistentes en la región”.

A modo de ejemplo, relatan que en Ecuador, el gobierno ignoró los enormes riesgos ambientales y la fuerte oposición local al proyecto de la represa hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida con capitales y por la empresa estatal china Sinohydro”, mientras que el estudio sobre Argentina “mostró que las obras públicas financiadas por estados extranjeros, principalmente China, eluden las regulaciones con respecto a disposiciones laborales, ambientales y de adquisiciones públicas”.

A diferencia de los países vecinos, Chile logra pasar las pruebas, “gracias a sus instituciones y su sólido marco regulatorio, que promueven la transparencia y la rendición de cuentas, además de responder a las demandas del mercado”.

Asimismo, el informe recalca que “la estabilidad regulatoria y una efectiva aplicación del Estado de Derecho y división de poderes es altamente valorada y respetada por las empresas extranjeras, lo que ha propiciado la adaptación y el respeto de los controles regulatorios locales para la invertir en el país de parte de estas empresas foráneas ‘sospechosas’”.

Al respecto, Sascha Hannig, analista para Asia de la Fundación Para el Progreso, detalla que “la principal facultad que Chile ha demostrado, en cuanto a las inversiones extranjeras de países autoritarios que podrían desgenerar la democracia, es que tiene un sistema bastante neutral. Eso quiere decir que no se realizan negociaciones de gobierno a gobierno, sino que se abren licitaciones donde empresas públicas y privadas participan con las mismas”.

Al respecto, el reporte detalla que “una característica crucial del marco regulatorio chileno es que el Estado chileno no participa directamente en la contratación pública”, por el contrario “la selección e implementación de proyectos y concesiones de infraestructura y adquisiciones públicas están reguladas y controladas por una estructura equilibrada compuesta por agencias gubernamentales e independientes de la política”.

Por otra parte, Hannig releva que “todos los sistemas de prevención de corrupción parecieran estar más desarrollados en Chile que en otros países”. Asimismo, destaca que “la fortaleza institucional y la neutralidad de las inversiones, junto con la transparencia que se puede llegar a tener en caso de alguna duda, es lo que estaría diferenciando las inversiones en Chile”.

Para dar cuenta de dicha fortaleza institucional, el informe de FPP detalla cuál es el régimen de inversión en Chile y destaca de qué consta la ley de inversión extranjera directa, el Capítulo XIV del compendio de normas de cambios internacionales del Banco Central, el sistema de licitación para la construcción de obras públicas, la regulación a la contratación de extranjeros, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

De todas maneras, Chile no estaría libre de enfrentar problemas en el futuro. “El capital corrosivo se transforma en corrosivo cuando comienza a desgenerar la democracia, cuando provoca corrupción, cuando provoca que haya cambios legislativos dentro de un país que benefician a una nación en particular. Es decir, la corrosión viene después de la inversión”, explica Hannig.

En ese contexto, señala que “el llamado es directamente a fortalecer las instituciones internas para que, pese a que se reciban inversiones de países democráticos y autoritarios, esos países cumplan las reglas, no modifiquen las reglas del país receptor a conveniencia”.

En el reporte, señalan, por ejemplo que es recomendable “revisar algunos elementos del sistema, sobre todo para atraer más competidores, utilizar de manera eficiente el sistema público, eliminar la burocracia y evitar las renegociaciones que se hacen producto de la imposibilidad de llevar a cabo distintos proyectos”.

Por otra parte, sostienen que el screening, como se denomina a los mecanismos de autorización de inversión, pongan “como condiciones generales a empresas (independiente de su origen) el respeto a ciertos fundamentos, como la privacidad de los datos o a las regulaciones locales”.