Un nuevo problema tiene la familia de Julio Ponce con el "Fundo El Pafu", ubicado en la comuna de Puyehue en la Décima Región.

La propiedad, de unas 2.800 hectáreas, pertenece en 90% a Inversiones de Sur Limitada, sociedad relacionada a Julio Ponce, y en 10% a su hija Francisca Lucía Ponce Pinochet. Pero ahora apareció una tercera persona con derechos sobre la propiedad.

Abogados de Santiago realizaron un estudio de los títulos del fundo y determinaron que Juan Bertin Hermosilla también tiene derechos sobre las tierras, tras ser trasmitido por sucesión en 1973 ante la muerte de Alberto Bertin Rodríguez.

Ante ello, Inversiones del Sur Limitada ingresó en julio una solicitud ante el primer juzgado civil de Santiago para la designación de juez partidor para que resuelva el conflicto.

"La partición que se solicita tiene por objeto dividir la comunidad de bienes en que se mantiene la propiedad del denominado 'Fundo El Pafu' ubicado en la comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Décima Región de Los Lagos", dice el escrito patrocinado por la abogada Rosario Fernández.

Dueños desde 2001

La historia de los Ponce con el terreno data desde 2001, cuando Inversiones del Sur Ltda celebró una compraventa, "en virtud de la cual entendió haber adquirido la propiedad íntegra del "Fundo El Pafu", dice el documento, el cual agrega que posteriormente, en el 2015 la sociedad -de la cual Aldo

Motta Camp es representante legal-, vendió el 10% de los derechos de propiedad que le correspondían en el "Fundo El Pafu" a Francisca Ponce Pinochet.

"En conclusión, actualmente existiría una copropiedad inmobiliaria sobre el "Fundo El Pafu" entre Inversiones del Sur Limitada, don Juan Enrique Bertin Hermosilla y doña Francisca Ponce Pinochet", indica la solicitud que ya fue acogida por el tribunal.

El lío con las comunidades

A fines de mayo el terreno había hecho noticia cuando la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por Francisca Ponce contra la comunidad indígena Llanquileo, la cual mantiene tomado parte del fundo desde el año 2014.

El máximo tribunal determinó que la hija de Ponce Lerou no tiene legitimidad para reclamar sobre la propiedad del recinto, ya que no está inscrito a su nombre, sino al de una sociedad de la que ella forma parte.

Además, la Corte indicó que cuando Francisca Ponce tomó propiedad en el fundo, éste ya se encontraba tomado por la comunidad, por lo que tampoco cumplía la demanda con el requisito del plazo para reclamar la posesión.