En medio de las discrepancias que existen en el sector pesquero por la Ley de la Jibia, el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, manifestó su inquietud por la situación del sector, al mismo tiempo que criticó la gestión del Ejecutivo.

"Hay una incertidumbre bastante grande. No tenemos muy claro cuál va a ser el camino; no hemos tenido ninguna posibilidad de participar desde el punto de vista técnico. Es una panorama de bastante ceguera para la industria", dijo Balbontín.

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El pasado 16 de febrero fue publicada en el diario oficial la Ley de la jibia que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y entrará en vigencia seis meses después de su publicación. La medida elimina la pesca de arrastre y sólo permite que la jibia sea capturada utilizando potera o línea de mano.

A raíz de esto, empresas como PacificBlue han anunciado el cierre de sus plantas de Jibia, y según estimaciones de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) cerca de 1.700 empleos se perderán a causa de la modificación.

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"La industria no ha tenido ninguna posibilidad de participar en la ley que ya se dictó sobre la restricción de la pesca de la jibia, que fue una ley que nació del parlamento sin ninguna base técnica. El Ejecutivo dijo siempre que encontraba la ley inconstitucional y que la iba a mandar al Tribunal Constitucional, finalmente no lo hizo por un tema político. Finalmente se reconoció que es una mala ley", agregó el gerente general de Blumar.

Sobre los próximos pasos para hacer frente a la normativa, Balbontín dijo que actualmente se encuentran en varios procesos judiciales, que incluyen la anulación de la ley.

"Estamos en varias leyes, desde la anulación de la ley, que también es una aberración desde el punto de vista jurídico. Hay un proyecto de ley que está avanzando pero no sabemos qué va a pasar ni cuándo el gobierno va a actuar realmente. El gobierno ya ha definido y dice que el proyecto es inconstitucional y finalmente va a terminar en el Tribunal Constitucional", concluyó Balbontin.

A comienzos del mes, el ministro de Economía, José Ramón Valente, aseguró que el Ejecutivo está la "disposición para enviar un proyecto que corrija la ley actual".

A su vez, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, quién afirmó que el gobierno está evaluando medidas de mitigación para afrontar el impacto de la entrada en vigencia de la nueva ley.