El gerente general de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, recalcó la necesidad de una colaboración entre el Estado y los sectores privados en la lucha contra los incendios forestales que se dan anualmente y en todo el territorio chileno, en el marco de su exposición en la Enade 2023.
“La colaboración público-privada para el combate de incendios funciona y es efectiva tanto en terreno como a nivel local, no sólo en crisis sino previamente. Hay diálogo, trabajo conjunto y coordinación de recursos”, explicó.
El gerente general de CMPC también realizó la pregunta sobre por qué un problema que afecta a una industria en particular debía ser tema nacional. Su respuesta consistió en tres puntos.
“Primero, más de la mitad de las ocurrencias no son en predios forestales. Según Conaf, por ejemplo, esta temporada se quemaron cerca de 100 mil hectáreas agrícolas. Segundo, estamos viviendo las consecuencias de una emergencia climática que genera una condición propicia para la propagación de incendios”, tras lo que procedió a mostrar una imagen confeccionada por la NASA sobre los países y territorios con mayor riesgo a ser víctimas de incendios forestales.
Como tercer punto añadió que estos siniestros no sólo arriesgan viviendas, cosechas o bosques nativos, sino que también implican “más de un 20% de las emisiones anuales mundiales de CO2 a la atmósfera”.
La experiencia extranjera
Ruiz-Tagle también hizo referencia a tres planes tomados por diferentes países a fin de crear estrategias a corto, mediano y largo plazo frente a la posibilidad de incendios forestales. Explicó cómo, en 2009, Estados Unidos creó la Flame Act, la cual tenía focos en el manejo de combustión, riesgos y educación. También habló del caso canadiense, donde hace 18 años se creó la Wildland Fire Strategy, con un presupuesto de MMUS$150. Y finalizó con la estrategia tomada por Australia, un plan pensado para los años 2019 a 2024 para prevenir y mitigar incendios forestales.
Los tres puntos en común que recalcó fueron la respuesta a nivel de Estado, la planificación a largo plazo (y no sólo restringida a la contingencia y crisis de cada incendio, cada año), y la estrategia permanente, más allá de si había focos o no.
En este contexto, Francisco Ruiz-Tagle recordó las diferentes comisiones que habían propuesto proyectos de ley diversos, donde en muchos de ellos había pasado más de una década y todavía no se llegaba a un acuerdo concreto. Estos abordaban temas tan variados como el fortalecimiento de Conaf convirtiéndolo en una entidad pública, incorporar el riesgo de incendio en el uso de tierras con fines habitacionales o la incorporación de prevención y mitigación en la planificación territorial.
Los tres problemas comunes
Gracias a conversaciones que Empresas CMPC había tenido con alcaldes de diferentes comunas constantemente afectadas por incendios forestales, se encontraron con que habían tres factores que les preocupaban, siendo el principal la intencionalidad que produce a la gran mayoría de estos incendios.
“Como en Chile el problema es la intencionalidad, eso implica un trabajo permanente del Ministerio Público y las policías en materia investigativa. No es suficiente un fiscal especial destinado sólo mientras estemos en plena crisis”, declaró Ruiz-Tagle. Agregó también que, mediante estudios con datos no completos, se había establecido que al menos un 25% de los incendios eran provocados adrede. En la región de la Araucanía, sin embargo, esta cifra ascendía hasta el 80%.
El vocero de la forestal explicó que los otros dos puntos que inquietaban a los ediles eran la protección a los cursos de agua en las zonas afectadas, y que las plantaciones forestales no reemplazaran al bosque nativo.
Frente a esto último subrayó que, en muchos casos, las forestales se habían establecido en suelos erosionados, con poco o nada de riego, y que mediante éstas se había podido evitar la tala de árboles nativos, que recién tuvo una regulación de protección, recuperación y mejoramiento en 2008.
Para finalizar su exposición, el gerente general de Empresas CMPC declaró que no cabía duda que un diagnóstico entre el sector público y privado permitía “afianzar confianzas y generar soluciones”.