"En pesca, están haciendo barbaridades en Chile y desarrollando un discurso que no tiene ni el Gobierno de Venezuela", dice desde La Haya, el gerente general de pesquera Landes, Andrés Fosk, quien se encuentra en dicha ciudad participando en la ORP, instancia en la que se determinarán las cuotas de jurel para los países del Pacífico.

Pese a la distancia, no ha estado ausente de las discusiones que atañen al sector, principalmente luego de que el gobierno anunciara que no aplicará un veto aditivo a la Ley de la Jibia.

¿Qué le parece la decisión del Gobierno de promulgar la Ley?

-Es la materialización de la peor pesadilla. El gobierno prometió una serie de cosas, tanto a los industriales y se pronunció por los diarios diciendo que recurriría al Tribunal Constitucional dada la evidente inconstitucionalidad de lo que se estaba tramitando, pero después terminó con una foto del ministro de Economía, haciendo un punto de prensa con un dirigente artesanal, que no busca otra cosa que apropiarse de los recursos para él y un grupo de artesanales. Aquí hay grupos de interés que están tratando de quedarse con algo donde debería participar un montón de gente, lo que no será posible dado a que se aprobó una norma absurda.

¿Quiénes conforman estos grupos de interés?

-Son las cooperativas de artesanales, que son un exportador de jibia más. Tienen contratos con plantas que les procesan. Le venden a los mismos clientes que nosotros. Este cuento de que el artesanal es un pobre botero que pesca por subsistencia, que sí existe y hace un trabajo súper sacrificado, no tiene nada que ver con las personas que están saliendo en la foto.

En este contexto, ¿qué piensan hacer como compañía?

-Tenemos el desafío de volver a reinventarnos una vez más. Cada vez que se vuelven a discutir las normas pesqueras tenemos ese desafío. No bajaremos los brazos.

¿Cuáles son los impactos que prevén?

-Esta transición va a ser dura y dolorosa. Se van a perder una cantidad importante de trabajos en Landes y en otros compañías, pero ellos están eligiendo el camino de la destrucción.

¿A cuántas personas desvincularán?

-Es muy anticipado para saberlo, pero tenemos seis meses para que la norma entre en vigencia y en ese tiempo usaremos los barcos de arrastres y después veremos qué hacer. Seguiremos siendo compradores de materias primas de los artesanales.

Ahora contamos con alrededor de 600 empleados y su permanencia dependerá de la disponibilidad de materia prima. Sin embargo, lo importante es la calidad del empleo que se pierde. Una filetera de una planta de jibia contaba con un sueldo que superaba $ 1,2 millón mensual. En el caso de los artesanales no se pagan leyes sociales, no tienen previsión ni salud.

¿Esperan algo del proyecto de perfeccionamiento?

-Después del circo que vimos la semana pasada tiendo a no creer nada. Esto es lo más ridículo del mundo. Un gobierno de derecha que parte el primer día con el Presidente de la República hablando de la creación de empleo y después sale aprobando proyectos que fueron introducidos por el Partido Comunista y que más encima la presidenta Bachelet los descartó por inconstitucional. ¿Qué quiere que diga? Estamos en el mundo al revés.

¿Con qué sensación se queda?

-Me siento tremendamente defraudado. Me siento ante una cantidad de gente que está tomando decisiones en base a criterios populistas vergonzosos. Ojalá en algún minuto, que no sea demasiado tarde, se den cuenta de la importancia de tomar decisiones en esta industria con criterios científicos y técnicos.

Ley de Pesca

Siendo este el escenario. ¿cómo cree que será la tramitación de la Ley de Pesca?

-La vemos con preocupación, no sabemos con qué brillante idea saldrán. La preocupación de que es un gobierno que no toma decisiones racionales. Esperamos que tengan claro que los derechos de propiedad los ampara la Constitución.

¿El sector está en problemas?

-Al sector lo están destruyendo. Lo poco que queda de rentabilidad la están expropiando con sus medidas. Hay una imagen del sector pesquero que es incomprensible, el daño que se le ha hecho a la imagen no tiene nombre.

¿Qué otro ejemplo existe en Chile donde una compañía tiene un problema legal y se termina destruyendo al resto de la industria, cambiando las normas de manera de regalarse a un sector informal como el artesanal? No conozco otros casos en la historia de Chile.

¿Cree que esto es consecuencia de los pagos a la política?

-No me cabe ninguna duda que esto tiene que ver con la investigación del financiamiento político. Esto tiene que ver con que en el gobierno nos encontramos con las mismas personas que aprobaron la Ley de Pesca en el pasado y por amplía mayoría.

Hoy no sé si tendrán vergüenza por su actuar y la irresponsabilidad suficiente como para culpar a gente que no tuvo nada que ver con esto, como es nuestro caso, y así destruir todo lo que hemos creado.