La empresa china Tianqi quiere tener más información sobre la alianza que acordaron SQM, donde la multinacional es un accionista relevante, y Codelco a fines de 2023. Incómoda por restricciones impuestas por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia en 2018, cuando ingresó a la propiedad de SQM, la china Tianqi no puede acceder a información relevante de SQM y por ello decidió solicitar la realización de una junta extraordinaria de accionistas. El directorio de SQM decidió este miércoles convocar a la reunión, a petición de Tianqi, para el 21 de marzo. La junta anual ordinaria de socios se realizará el 25 de abril.

El directorio de SQM, sin embargo, no tenía la opción de rechazar la solicitud de Tianqi. El artículo 58 de la ley de sociedades anónimas establece que los directorios deberá convocar a una junta de accionistas ordinaria o extraordinaria cuando “así lo soliciten accionistas que representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta”. Y Tianqi tiene mucho más que eso.

Los últimos estados financieros disponibles de SQM, a septiembre de 2023, señalaban que “Tianqi Lithium Corporation es propietario directo e indirecto del 22,16% de la totalidad de las acciones de SQM”. El otro accionista relevante es Pampa Calichera, controlado por Julio Ponce Lerou, que según la última presentación corporativa de SQM posee un 26% de la propiedad de SQM.

La solicitud fue realizada por Inversiones TLC SpA., la sociedad chilena a través de la cual Tianqi participa en SQM. El grupo chino pidió que en la junta de accionistas se informe sobre el estatus de las negociaciones con Codelco y que se entreguen detalles de las acciones y contratos que se prevé llevar a cabo y ejecutar en el marco del memorándum de entendimiento suscrito entre SQM y Codelco a fines de 2023.

El grupo chino fichó para esta estrategia legal al estudio de abogados Bofill Mir y es asesorada en especial, dicen quienes conocen al grupo asiático, por Octavio Bofill Genzsch, quien representó antes a un grupo de acreedores en las negociaciones del chapter 11 de Latam Airlines y es director electo por accionistas minoritarios del Itaú. En la reciente Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) del banco brasileño para aumentar su posición en el banco local, Bofill, que ha sido director de diversas sociedades anónimas, se manifestó en contra del precio ofrecido por Itaú.

La alianza entre SQM y Codelco tiene un impacto relevante en los negocios futuros del mayor productor de litio del mundo. Según el acuerdo informado a fines de 2023, ambas empresas formaran una nueva sociedad a partir de enero de 2025, a la que SQM aportará sus activos en el negocio del litio y la minera estatal los derechos para operar en el Salar de Atacama desde 2031 a 2060.

Aunque Codelco tendrá el 50% más una acción de esa sociedad, sus derechos económicos y políticos serán restringidos hasta 2030, fecha en que termina el actual contrato de explotación del Salar entre SQM y Corfo. La nueva empresa tendrá seis directores, pero SQM tendrá el control mediante una mayoría de los votos en las juntas de accionistas y la opción de resolver empates en votaciones de directorio relativas a la gestión del negocio. A partir de 2031, Codelco tendrá el control de la nueva empresa.

La alianza fue acordada en diciembre, pero las dos partes se dieron hasta fines del primer trimestre de este año para firmar los acuerdos definitivos. “Las partes procurarán firmar a más tardar el 31 de marzo de 2024 un acuerdo definitivo y completo”, dice el texto suscrito el 27 de diciembre pasado. Por eso la premura de Tianqi y la citación a la junta de accionistas para antes de esa fecha.

Cuando entró a la propiedad de SQM, al comprar la participación que tenía la canadiense Nutrien, en 2018 y en más de US$ 4 mil millones, la FNE acordó con Tianqi 11 medidas que le impedían ejercer en plenitud su posición como accionista. Aquello se produjo por la participación que Tianqi tenía en Talison, el mayor productor de litio de Australia, donde la china está asociada a la estadounidense Albemarle.

Según el acuerdo firmado en 2018 con la FNE, la china no puede elegir directores, ejecutivos ni empleados de su empresa para integrar el directorio de SQM ni tampoco puede solicitar acceso a información comercialmente sensible de SQM, como inversiones, costos y proyectos futuros. La compañía, según una descripción reciente de la FNE, se obligaba “a no solicitar ni acceder a ‘Información Comercialmente Sensible’ de SQM del ‘Negocio del Litio’ de SQM y a ejercer sus mejores esfuerzos para asegurar que ningún director propuesto y electo por Tianqi divulgue dicha información a Tianqi o terceros”.

Aquello es lo que tendría incómodo al grupo chino, que no ha podido acceder a mayor información de la públicamente revelada por SQM sobre su alianza con Codelco, que se basa en una alianza en el estratégico mercado del litio. Tianqi elige a tres de los ocho directores de SQM, mesa que es presidida por el chileno Gonzalo Guerrero. Tianqi eligió el año pasado al chileno Antonio Schneider, el australiano Ashley Ozols, ex ejecutivo de Tianqi, y el chino Wu Tieying, doctorado en derecho en Italia, hoy profesor de la Universidad de Sichuan, China, especializado en Derecho Civil y Comercial. Aunque ellos conocieron la alianza con Codelco, están impedidos de entregar información adicional a Tiani.

Las restricciones duraban cuatro años, renovables por otros dos años. Cuando se cumplieron los primeros dos años, Tianqi apeló al artículo 56 del acuerdo aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) el 4 de octubre de 2018, que establecía que la china podía “solicitar, luego de transcurridos los primeros cuatro años de vigencia de las medidas, una revisión y/o eliminación de una o más de las medidas pactadas, si las condiciones de su inversión en SQM o bien las del mercado del litio en Chile o en el mundo han variado de manera tal que no se justifiquen las restricciones y limitaciones”. La firma lo hizo en 2022, antes del vencimiento del plazo, pero la FNE y el TDLC se opusieron a levantar las restricciones, las que terminan en octubre de este año. A no ser que la FNE u otros interesados, como Pampa Calichera y el propio Julio Ponce, que se sumaron a la causa como parte interesada en 2018, pidan que las prohibiciones se renueven.