
Giorgio Boccardo: “No estamos en una crisis laboral, pero no estamos satisfechos ni con las tasas de desocupación ni con las de informalidad”
El nuevo ministro del Trabajo, de gran cercanía con el Presidente Gabriel Boric, repasa las principales prioridades de su cartera en la recta final del gobierno y explica por qué la promesa de una ley de negociación ramal no está entre las prioridades de su gestión. “Es evidente que tenemos que considerar el actual contexto económico para ponderar el reajuste del salario mínimo del 2025”, estima.
Generacionalmente se define como parte del grupo más senior de los integrantes del Frente Amplio y admite sentirse más a gusto no usando corbata en su vida diaria. “Yo soy más del estilo del Presidente Boric: me siento cómodo más sin corbata”, reconoce con algo de humor Giorgio Boccardo (43) al hablar de la defensa del uso de esta prenda al interior del Frente Amplio que hizo recientemente el precandidato presidencial de su partido, Gonzalo Winter. El nuevo ministro del Trabajo, de gran cercanía a Gabriel Boric, repasa las principales prioridades de su cartera en la recta final del gobierno, y dice que Chile no tiene una “crisis laboral”. Sin embargo, cree que será necesario tomar en cuenta el actual contexto económico para ponderar la próxima alza del salario mínimo que debe negociar con los trabajadores.
Usted ha dicho que las prioridades de su gestión son implementar la reforma de pensiones, avanzar en el proyecto de sala cuna y fortalecer el empleo formal. ¿Por qué no está en esas prioridades la negociación ramal?
-Lo que es prioritario, y son las líneas que nos ha trazado el Presidente, apuntan a los tiempos, la intensidad y el sentido de urgencia de estas medidas para los 10 meses que nos quedan como gobierno. Es evidente que después de una reforma de pensiones como la que se aprobó y dado el desafío de política pública que implica, ésta (su implementación) sea la primera prioridad. A su vez, el proyecto de sala cuna y el fortalecimiento del empleo formal son temas centrales para las proyecciones del mercado laboral e ir construyendo una institucionalidad más resiliente para los desafíos que va a enfrentar el país, considerando el contexto global. Hay otras agendas pendientes, hay compromisos que hemos establecido con distintos actores, pero es el Presidente el que define el momento en que esas otras agendas se anuncian y se proponen. Para nosotros sigue siendo relevante fortalecer la negociación colectiva en el país. Es una conversación que el país se tiene que dar. Pero como autoridad hay que priorizar dependiendo de las distintas coyunturas y, al menos, en este primer semestre el foco va a estar puesto en esos objetivos.
¿Cómo enfrentar los efectos de la guerra arancelaria en el empleo?
-En coordinación con Cancillería y los ministerios de Hacienda y Economía estamos observando cuáles son los sectores que hoy podrían quedar más expuestos, como son minería, el sector agrícola, algunas exportaciones de servicios, el sector agroindustrial (...) Y se están trabajando también distintas proyecciones para ver eventuales riesgos en los próximos meses. Al menos en los primeros meses de esta coyuntura no se espera que haya efectos significativos en el empleo, pero una mirada más larga nos obliga a construir una institucionalidad que permita que el país esté mejor preparado para enfrentar estas contingencias, las que pueden ser guerras arancelarias, transformaciones tecnológicas muy disruptivas, una crisis climática que pueda afectar regiones y sectores productivos, o bien transformaciones a propósito de los cambios en la natalidad.
Estamos preparando una reforma para transformar el sistema de subsidios laborales que tiene el país, con foco en cuatro grupos prioritarios: mujeres, personas mayores de 55 años, jóvenes y personas con discapacidad. Esta reforma busca que subsidios que se prepararon para otro momento del mercado laboral estimulen a las empresas, sobre todo a pymes, a contratar a estos grupos de trabajadores. Un modelo más flexible. Buscamos dejar una institucionalidad mejor preparada.
Durante nuestro periodo de gobierno se han creado cerca de 600 mil puestos de trabajo, fundamentalmente asalariados en el sector privado. También nos encontramos con tasas de informalidad en su mínimo histórico desde que tenemos registro: un 26,1%. Este registro puede ser relativamente elevado si uno lo compara con los países OCDE y bastante bajo si se compara con países latinoamericanos, pero el foco que hemos puesto es en un subgrupo de los informales. De los 2,5 millones de informales que hay aproximadamente en el país, cerca de 750 mil son trabajadores informales que trabajan en empresas formales. Y cerca del 20% lo hacen empresas de tamaño mediano o grande. La reforma a subsidios laborales busca apuntar a ese foco y también con nuevas medidas de fiscalización para que las empresas cumplan la normativa laboral.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el actual momento del mercado laboral? ¿Estamos en una “emergencia laboral”, como dice el economista David Bravo?
-No compartimos la lectura que tiene David Bravo respecto a esta “emergencia laboral”. De hecho, los puestos de trabajo que faltan por recuperar de la pandemia tienen dos fenómenos. Lo primero es que jóvenes y personas que entraron en edad de jubilación se retiraron del mercado laboral. Probablemente, esas tasas de participación son más bien cambios de orden estructural y en algunos casos uno debería pensar que es una buena noticia que tengamos más jóvenes estudiando para que entren un poco más tarde, mejor calificados, al mercado laboral. Por lo tanto, no se puede obviar y hacer como una regla de tres lineal para proyectar lo que había antes de la pandemia, porque la pandemia y ciertas políticas públicas que coincidieron en ese momento, como es la implementación de la gratuidad y de la PGU, generaron efectos en el mercado laboral. Por lo tanto, no son directamente comparables esas dos situaciones si es que no se incorporan estos factores... Además, uno debería pensar más bien que los instrumentos de política pública vayan estimulando crecientemente la creación de puestos de trabajo formales. Los dilemas y las brechas se encuentran en grupos específicos.
¿No estamos en una crisis laboral?
-No estamos en una crisis laboral, pero no estamos satisfechos ni con las tasas de desocupación ni con las de informalidad, pese a que en el caso de la informalidad nos encontramos en ciertos mínimos históricos. Pero más que ser comentaristas de las estadísticas del mercado laboral y estar discutiendo puntos decimales, lo que tenemos que hacer, a partir de este diagnóstico, es entender cuáles son las transformaciones más estructurales que está viviendo el mercado laboral y a partir de eso definir políticas públicas. En algunos casos son los subsidios, pero en otros casos, que es mi segunda prioridad como ministerio, es avanzar en sala cuna. Esto, porque entendemos que allí se va a destrabar otro dilema, que no está presente cuando se observan las tasas de desocupación, que es la enorme cantidad de mujeres que ni siquiera salen a buscar un trabajo producto de las responsabilidades de cuidado.
A propósito de esta insatisfacción con las actuales tasas de desempleo, ¿qué tan relevante para ese diagnóstico es la señal que se va a dar en la próxima negociación para subir el salario mínimo?
Dos datos relevantes. El primero es que durante este gobierno el alza de salario mínimo fue significativa, sobre 19 puntos en términos reales. Esto vino acompañado con medidas pro-pyme en el propio diseño. Y lo que hemos observado es que ese diseño, ese aumento de salario mínimo y la reducción de jornada laboral, no ha generado los efectos que se señalaron anteriormente de informalidad desatada o de destrucción de puestos de trabajo.
Por lo tanto, las gradualidades que le colocamos a las 40 horas, las medidas para que los distintos sectores productivos se adaptaran en función de sus características productivas, o también la gradualidad del aumento del salario mínimo, fueron una forma responsable de avanzar en derechos laborales sin que estos diagnósticos que se realizaron se produjeran.
Pero el 19% de alza real del salario mínimo no tiene una correlación con el estancamiento de la productividad laboral. Esa brecha que se abre tiene un impacto negativo en el empleo...
-Los problemas de productividad son de más de una década. También la tendencia de la desocupación viene aumentando desde el año 2013. Son tendencias estructurales. Por lo tanto, muchos de los efectos que están ocurriendo en el mercado laboral ocurrían previo a las reformas laborales. Como gobierno hemos establecido una serie de reformas que buscan destrabar los nudos que hoy tienen a la productividad estancada. La productividad tiene que ver también en cómo las empresas reorganizan sus procesos productivos.
De momento, observamos que no ha habido efectos negativos en el mercado laboral a propósito de las medidas que hemos impulsado. Tanto salario mínimo como 40 horas han venido acompañados con medidas que le entregan mayores herramientas a las pymes. Cuando estas reformas estén en pleno régimen, hay que hacer una evaluación más profunda.
Le insisto, ¿es complejo dar una señal de alza del salario mínimo muy potente en esta negociación que viene?
-Hay que decir que como gobierno ya cumplimos nuestra promesa de elevar el salario mínimo sobre los $ 500.000. Eso hay que ponerlo en contexto, porque pareciera como que esta fuera a ser la única negociación de salario mínimo que ha existido. De hecho, cumplimos más allá en tiempos y montos iniciales. Por supuesto que como gobierno estamos evaluando la situación económica, internacional… son variables que vamos a considerar en el reajuste del salario mínimo del 2025. Esto va a ser parte de una negociación que tenemos con la CUT, pero como gobierno es evidente que tenemos que considerar el actual contexto económico para ponderar el reajuste del salario mínimo del 2025.
¿Hay muchos feriados en Chile, ministro?
-… Como gobierno en varias ocasiones hemos estado abiertos a dialogar con trabajadores y empleadores para buscar formas de conciliar de mejor manera los tiempos de descanso, de los tiempos de trabajo. De hecho, a propósito de la coyuntura que se dio para el Viernes Santo le hicimos una invitación a la Cámara de Comercio para poder buscar un acuerdo y no estar discutiendo en cada coyuntura. En ese momento, no concurrieron a ese diálogo. Pero entendemos que ese es un debate legítimo que tenemos que dar como país, pero que no puede tampoco ir en contra del legítimo derecho a descanso que tienen los trabajadores. Hay distintas formas en cómo los países abordan estas situaciones, pero es algo que tenemos que dialogar con los actores involucrados: empresarios y trabajadores organizados.
¿Cuál es el rol del crecimiento económico en la creación de empleo, en el bienestar de los trabajadores?
-Hay una relación directa entre crecimiento y creación de empleo. Se toma un set de parámetros de empleo y un set de parámetros de crecimiento y se va a encontrar una asociación relevante entre ambos. Pero es algo bien evidente.
Se lo pregunto porque en el programa de gobierno original la palabra crecimiento no estaba en ninguna parte del texto…
-Siempre hemos creído que como país tenemos la capacidad para ir dando saltos en su modelo de desarrollo. De hecho, distintos actores hemos discutido sobre el fortalecimiento de políticas industriales, de mejorar nuestras capacidades en el sector minero… Hemos impulsado una serie de medidas que buscan modernizar nuestros sistemas de permisos, entre otros.
El diálogo tripartito no solamente es necesario para mejorar las condiciones de trabajo de las personas, sino que también porque los países modernos alcanzan mayores niveles de crecimiento a partir de acuerdos sociales fuertes. En ese sentido, no me siento interpelado por aquello. Siempre he entendido que para poder entregar mejores empleos, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, hay que avanzar en estas orientaciones.
¿Cree que es posible avanzar en este gobierno con el proyecto de sala cuna que ha sido criticado por el alza de costos laborales que involucra?
-Los efectos económicos que un proyecto como el de sala cuna tiene para el conjunto del país son cuantitativamente y cualitativamente más positivos que los mecanismos específicos de financiamiento. Las señales que hemos recibido de distintos actores de oposición, del mundo empresarial, sociedad civil, es que hay espacio para alcanzar un acuerdo. Estoy moderadamente optimista de que es algo que debiéramos lograr en este gobierno.
En la reforma de pensiones ya aprobada, ¿por qué no fue posible terminar con la AFP tal como lo proponía su coalición?
-Porque no se lograron construir las mayorías políticas y sociales que permitieran avanzar en ese objetivo. La ciudadanía eligió una determinada correlación de fuerzas en el Parlamento y ese Parlamento decidió democráticamente el acuerdo que tenemos, el que permite cumplir un objetivo relevante del gobierno: mejorar significativamente las pensiones de actuales y futuros jubilados. Hay otras agendas del sector que yo represento que no se pudieron lograr en esta reforma, pero eso no obsta a que hoy en mi calidad de ministro mi principal responsabilidad es implementar en tiempo y forma la reforma de pensiones.
Esto no solamente porque es un diseño de política pública, quizás el más desafiante de las últimas décadas en términos de creación de una institucionalidad, sino porque cuando se le plantea a la ciudadanía que en un determinado tiempo las pensiones van a mejorar… es fundamental que la ciudadanía valore que los distintos actores que pensamos distinto concurran a acuerdos en un momento en que la política, los partidos y el Congreso están deslegitimados. Eso es relevante para volver a revalorizar el valor de alcanzar acuerdos.
Pero en el principio su sector demonizó la política de los acuerdos, la de los 30 años…
-Más que con el valor de los acuerdos, con lo que hemos sido críticos es con la orientación que muchas de esas políticas públicas tuvieron y que no compartíamos. Pero cuando los acuerdos permiten, por ejemplo, que avance la seguridad social, que las pensiones mejoren, que una profesora que ha cotizado 40 años reciba una pensión que no la mantenga bajo la línea de la pobreza… los acuerdos son la forma en que las sociedades democráticas avanzan.
Como frenteamplista y cercano también al Presidente Boric, ¿cómo cree que será recordado este gobierno?
-Nuestro principal legado va a ser la reforma de pensiones. Por otro lado, también haber logrado revertir la situación económica que nos tocó enfrentar durante la pandemia, al mismo tiempo de lograr instalar ciertos avances en materia de brechas de género, en materia de fortalecer, por ejemplo, la salud pública a través del copago cero y otras medidas que permiten ir proyectando un cambio en el país. Este gobierno, con todas las dificultades o condiciones con que nos tocó asumir y con minorías parlamentarias, va a dejar un país que avanzó ciertos escalones en términos de estar mejor preparados para las próximas décadas. Por supuesto que nos hubiera gustado avanzar más en varias discusiones, pero son las condiciones que nos tocaron.
Como Frente Amplio tenemos que ser capaces en los próximos años de ofrecer una mirada de futuro que nos permita avanzar hacia un desarrollo que, basado en las fortalezas que tiene el país, se adecúe y sea más resiliente a las condiciones cambiantes en términos económicos y geopolíticos que está viviendo el mundo.
Hay ciertos avances que en los próximos años se tienen que seguir consolidando… en materia de desarrollo, de políticas industriales, de fortalecer y complejizar nuestra matriz productiva, de aprovechar toda nuestra capacidad… para permitir que el país dé un salto en productividad. Los cambios que está viviendo el mundo en materia política y económica van a hacer que los próximos gobiernos estén muy desafiados en términos de no pensar simplemente en antiguas recetas de crecimiento.
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