Lo sucedido con la mala gestión de los recursos públicos que hicieron algunas gobernaciones regionales tiene preocupado a la Asociación de Gobernadores. Esto, porque dicen que puede generar un retroceso en el avance hacia la descentralización. Y por ello, este martes, tuvieron a primera hora una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Por la tarde, asistieron a una sesión ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Asociación, el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que en la reunión que sostuvieron con Hacienda le manifestaron su preocupación por lo que podría generar los hechos conocidos en el proyecto de regiones más fuertes.
“Hoy en día nos preocupa este clima enrarecido respecto a situaciones que ha ocurrido con algunas fundaciones y que las atribuyen a todos los gobiernos regionales. Eso lo tenemos que aclarar. No por lo que hayan hecho algunas fundaciones vamos a detener todo el proceso de descentralización, porque se le está haciendo un daño a todas las personas que viven en regiones”, afirmó Díaz.
Ya en la tarde, entregaron una serie de propuestas ante la Comisión de Hacienda para mejorar la Relación entre las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro y el Estado. Entre las principales mencionaron que “se debe dictar una normativa general, permanente, coherente, con requisitos y procedimientos claros, entre ellos factores de experiencia, tal como se pide a las empresas en licitaciones- antigüedad de dos años como mínimo-, amplitud de giro entre otros elementos; tipo de garantía para garantizar, cuentas corrientes individuales por proyectos”.
Asimismo, dicen que se debe establecer “un Ranking de las Organizaciones (FECU Social), incluyendo experiencia, balances, memorias, actualización de directorios, exigencia de transparencia activa. Establecer catálogo de conflicto de intereses entre quienes asignan recursos y quienes los reciben (directores y gerentes de instituciones s/f de lucro). Relación de las Fundaciones con sus proveedores (declaración jurada).
Además, plantean que se deben incorporar sanciones efectivas ante incumplimiento y entrega de información incompleta o falsa.
Otro de los puntos que mencionaron en su exposición es el que se refiere a la creación de “un Registro Central de Colaboradores del Estado, el cual tiene como finalidad el recopilar y publicar las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde la administración del Estado a instituciones, fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras personas jurídicas (ley Nº 19862)”.
En cuanto a los controles internos sostuvieron que “en la actualidad los sistemas de control internos son insuficientes (cero a 5 funcionarios por GORE). Por ello, se debe destinar recursos para potenciar el sistema de control Interno, estableciendo los canales de denuncia adecuados”.
También plantean que “uno de los mayores riesgos es la utilización de organismos sin fines de lucro para obtener recursos públicos y que existan relaciones con las empresas o personas contratadas por aquellos. Tal como sostiene Espacio Público se debe establecerse la obligación de transparentar la información sobre los beneficiarios finales de las instituciones privadas que reciben fondos públicos”.
Con ello, dicen que “se reduce las posibilidades de conflictos de intereses (por ejemplo, contratar por Corporaciones y Fundaciones empresas relacionadas con directores o administradores de aquellas”
