Se abre un nuevo flanco para el gobierno. Básicamente en eso se traduce el salto legislativo que, con amplio apoyo, dio este martes el Congreso al proyecto que busca anular la Ley de Pesca.
La iniciativa, que es de origen parlamentario, fue respaldada por 81 diputados, 46 votaron en contra y solo 12 se abstuvieron.
En lo concreto, el proyecto busca anular la ley 20.657, la que en su momento vino a modificar varios aspectos en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y a establecer también regulaciones para la investigación y fiscalización en la industria, todas ellas contenidas en la ley general de Pesca y Acuicultura (18.892).
No obstante eso y para aminorar el impacto, a través de un artículo transitorio ingresado en plena sala, los parlamentarios plantearon que una vez anulada la controvertida ley, esta se mantenga vigente por un lapso no mayor de dos años mientras se discute un nuevo cuerpo legal.
Pero el planteamiento deja muy poco tranquilos a los actores de la pesca industrial, quienes además de alertar sobre los efectos que tendría para la actividad como tal, también sostienen que esto contraviene el ordenamiento jurídico nacional por cuanto la idea de anular leyes no es una facultad que se pueda ejercer en Chile, sostiene la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, Macarena Cepeda.
Esa es de hecho la misma preocupación que recoge el Ejecutivo, el que tras el salto legislativo, anunció que hará reserva de constitucionalidad para intentar frenar la iniciativa. Así lo confirmó en la misma instancia el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.
“Ni el órgano encargado de resguardar la validez de las leyes puede anular una ley, pues por mandato constitucional la sanción impuesta por el Tribunal Constitucional a una ley configura una invalidación”, dijo Ossa para esgrimir los argumentos de los parlamentarios oficialistas quienes en la suma apuntaron que la denominada Ley Longueira lo que hace es proteger intereses particulares de algunos actores de la industria.
Por eso mismo, la autoridad hizo un llamado a respetar el artículo séptimo de la Carta Fundamental y advirtió que “aprobar una ley que anula una anterior sería un gravísimo precedente”, dado que lo anterior, según sostuvo “podría derivar en una verdadera corrida de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho, y además, vendrían a cuestionar lo que durante años el parlamento dignamente ha hecho por el país”.
Pese al anuncio del gobierno respecto de acudir al TC por esta iniciativa -igual que el segundo retiro del 10%- los parlamentarios que la respaldaron aseguraron que la tramitación continuará sin mayores contratiempos. “Va a continuar en la Comisión de Constitución, es legítima y necesaria”, dijo el diputado Manuel Monsalve (PS), a lo que la diputada Gael Yeomans (CS) agregó, “las leyes corruptas no van más”.
Esa es justo la mirada que consigna la otra parte de la industria, los pesqueros artesanales. Desde la manifestación, Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) dijo estar a favor de la anulación de esta ley y envió un mensaje a los parlamentarios “tienen una gran oportunidad de reivindicarse de esta corrupción que hubo para fabricar la ley”.
