Gobierno acuerda cambio a proyecto de fraude con tarjetas que limita reembolsos

Ya está en recta final el proyecto que responsabiliza a la banca ante fraude con tarjetas, pues a fines del mes pasado comenzó a verse en Comisión Mixta, lugar donde diputados y senadores deberán zanjar sus diferencias para finalmente aprobar o rechazar la iniciativa, cuestión que podría finiquitarse este mes, comentan fuentes conocedoras del proceso.

Es por esto que se formó una mesa de trabajo entre asesores de los parlamentarios que componen la instancia, junto al Ministerio de Economía, donde hicieron un documento que plantea modificaciones al proyecto, en el cual habría un acuerdo mayoritario, pero también hay parlamentarios que buscarán ciertos cambios.

Si bien actualmente la iniciativa dice que los bancos se hacen cargo de cualquier fraude que reclamen los usuarios, restituyendo en un plazo máximo de siete días hábiles todos los fondos en cuestión, la nueva propuesta sugiere que la devolución sea en menor plazo, pero no necesariamente por el 100% de los fondos.

Esto, porque el documento propone que se restituyan completamente los fondos en cinco días hábiles cuando el fraude es de hasta 10 UF (unos $280.000), pero cuando es superior a eso, solo se restituye el 25% en este período (cifra que no puede ser inferior a las 10 UF), y luego el banco tiene siete días adicionales (12 días hábiles desde el reclamo) para recopilar antecedentes y definir si hubo "dolo o culpa" del usuario, en cuyo caso el banco puede ir a tribunales sin restituir los fondos hasta que termine el juicio.

Si el emisor no presenta una acción ante la justicia, deberá restituir inmediatamente al usuario el saldo restante del monto total reclamado. Con todo, el juicio para restituir la totalidad de estos fondos podría tardar unos dos años, señalan abogados, ya que se necesita una sentencia firme y ejecutoriada, según dice la propuesta.

Desde el Ministerio de Economía aseguraron que "la Comisión Mixta le encargó a una comisión técnica, conformada por los representantes de los distintos parlamentarios que integran la instancia, elaborar una propuesta en la cual el Ministerio de Economía ha colaborado. De ese trabajo, surge que el pago de las operaciones que el tarjetahabiente no reconozca como de su autoría es de responsabilidad del emisor de la tarjeta, y, en el momento en que se denuncia ese hecho, el banco de inmediato debe restituir al usuario los pagos que se hayan efectuado, hasta un monto determinado. Lo que supere ese monto, tiene un plazo adicional, breve, para determinar si hay presunción o no de dolo o culpa de parte del tarjetahabiente".

En ese sentido, desde la cartera agregaron que "este es un equipo técnico que llegó a una fórmula que obviamente tiene que ser votada y discutida por los parlamentarios".