La semana pasada el gobierno envió un instructivo de austeridad fiscal a los ministerios para que ajustarán sus presupuestos y a la vez les pidió ajustar su erario 2020 para hacer frente a la emergencia sanitaria y el impacto en la actividad económica. Se espera que este ajuste represente el 3% del Presupuesto total aprobado para 2020.
En esta oportunidad no solo será el sector público el que aportará, sino también los servicios autónomos: Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso y Contraloría.
Siguiendo con ese mismo objetivo de hacer eficiente el gasto considerando el escenario de crisis, Hacienda y la Dirección de Presupuestos decidieron adelantar el trabajo exploratorio de la Ley de Presupuestos 2021 para abril, con el proceso de levantamiento de información, que se inicia este jueves.
Y es por ello que los ministerios comenzaron a analizar sus prioridades para definir los recursos necesarios para cumplir con sus programas el próximo año.
En ejercicios anteriores, esta etapa comenzaba en junio, considerando que el proyecto debe ingresar al Congreso el 30 de septiembre, pero la situación de emergencia y las medidas de austeridad fiscal emanadas de Hacienda hicieron cambiar el escenario.
Una vez que los ministerios tengan toda la información, le hacen llegar su propuesta a Hacienda, considerando la nueva base cero entregada por Dipres. Una vez analizada, esta entidad le entregará su visión presupuestaria. El plazo tentativo para esta etapa es mayo.
Base cero
Otras de las razones que apunta a esta mayor celeridad es el objetivo que se propuso Hacienda de avanzar a un presupuesto en base cero.
En marzo, el Director de Presupuestos, Matías Acevedo se reunió con los funcionarios de la Dipres, los llamados “sectorialistas”, quienes son los que se relacionan en etapa temprana con los ministerios para comenzar la fase previa del erario fiscal. En otras palabras, son la contraparte de cada sector que plantea sus prioridades.
En ese encuentro se comenzó a hablar de que este presupuesto sería elaborado en base cero. Esto se refiere al nivel mínimo de recursos que asegure el cumplimiento de las leyes por parte de los Servicios, las obligaciones contractuales vigentes, y el nivel de operación mínimo de estos.
Con esta nueva modalidad, los ministerios deben enviar la propuesta priorizada para 2021, partiendo de esta nueva base y, por consiguiente, las respectivas justificaciones de cada peso propuesto de manera adicional.
En un instructivo que esta semana hizo llegar la Dipres a los distintos ministerios se explica el cambio en la elaboración del erario. En lo medular, se señala que se “busca revisar y evaluar la procedencia de cada uno de los gastos propuestos por sobre el nivel de gasto mínimo definido anteriormente, teniendo en cuenta el alto costo de oportunidad de cada peso en este escenario de demandas crecientes”. En ese sentido se menciona que “cada Servicio Público es quien mejor conoce su propio gasto y, por lo tanto, el indicado para ‘separar la paja del trigo’. No queremos aplicar criterios transversales, debido a la dispar naturaleza de cada uno de los Servicios. Para esto, necesitamos su esfuerzo, colaboración y compromiso”.
En esta línea, Hacienda ha impulsado además una Agenda de Mejor Gasto Público, la que incluye una Comisión para la Revisión del Gasto, “en respuesta al deber moral que tenemos de revisar cómo estamos gastando los recursos, con objeto de asegurar que cada peso llegue a quienes más lo necesitan, en función de las prioridades manifestadas por la ciudadanía”, enfatiza el instructivo.
