Dos días antes de que venciera el plazo para adjudicar la producción de hasta 400 mil toneladas de litio metálico equivalente, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas, el gobierno anunció que se optó por entregar dos de las cinco cuotas que se ofrecían, a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Cada una se adjudicó una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), por las cuales la firma china BYD Chile SpA presentó una oferta por US$ 61 millones y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., del grupo que lidera Francisco Javier Errázuriz Ovalle, ofertó US$ 60 millones, respectivamente.

Según informó el Ministerio de Minería, ambas ofertas fueron sustancialmente más altas que el resto de las ofertas recibidas, y a la vez las que mejor responden al interés del Estado de aumentar la competencia en este mercado y obtener la recaudación por cuota más satisfactoria. El Estado recibirá, sin considerar los pagos futuros por producción, US$ 121 millones por estas dos cuotas.

Dentro del anuncio, el gobierno indicó que se acogió gran parte de las aprensiones que el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, le solicitó en la reunión de hace una semana.

Y por ello se informó que se trabajará con las compañías adjudicatarias, en el contexto de este proceso de licitación, la incorporación de fórmulas que permitan destinar una porción de los pagos que éstas deberán realizar, a aportes a las comunidades locales y a inversiones en I + D. Además se avanzará en la conformación de una Mesa Nacional del Litio para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria, con una mirada de Estado y de largo plazo.

Estas fueron precisamente las aprensiones que públicamente entregaron los asesores que asistieron al encuentro con Jobet: Izkia Siches, Diego Pardow y Willy Kracht. Es más, estos dos últimos comentaron que era poco probable que se pudiera suspender el proceso, pero que sí se podían mejorar los contratos incorporando estos dos puntos. En una entrevista con Pulso, Kracht dijo que “postergar o suspender aparentemente está fuera de las bases de la licitación. Las bases, como están redactadas, no dejan espacio para suspender o postergar. Eso es lo que nos dieron a entender. Sin embargo, está la posibilidad de incorporar en los contratos los dos puntos que planteamos: retribución a las comunidades e inversión en I+D”.

Sin embargo, estos mensajes fueron distintos a los de los asesores políticos de Boric: la diputada Camila Vallejo (PC) y el diputado Miguel Crispi (RD) quienes luego de conocer la adjudicación criticaron fuertemente al gobierno.

“Lamentablemente la noticia que ha dado el gobierno es mala para Chile. Hay razones que se expusieron al Ejecutivo para sostener que lo más sensato era postergar el proceso de licitación. Lamentablemente no fue recogido y la principal solicitud fundada por nuestros equipos fue desestimada”, comentó Vallejo.

Mientras que Crispi subrayó que “nos sorprende las declaraciones del ministro Jobet, quien señaló que se habían recogido lo que nosotros presentamos, lo que Izkia Siches y Diego Pardow le plantearon. No entendemos y estos malos entendidos le hacen mal a este proceso de transición”.

Al presidente electo tampoco le gustó la adjudicación y dijo que lo iban a analizar con sus asesores. “Esta era una atribución exclusiva del gobierno en ejercicio. Nos parece que es una mala noticia. Nos parece que es una mala noticia y me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones y que finalmente amarran a todos los chilenos en este caso, si mal no recuerdo, por 20 años”, sostuvo.

Pese a las concesiones que hizo el Ministerio de Minería al equipo de Boric, como rebajar de cinco a dos cuotas de explotación y entregar parte de los recursos a las comunidades locales y también para investigación, el presidente electo afirmó que ellos esperaban que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera “no innovaran en la materia y que, por lo tanto, nos permitieran tener un debate de largo aliento respecto de un bien tan estratégico como es el litio”. El presidente electo insistió: “Planteamos que no se innovara en la materia. Es una mala decisión”.

Desde el gobierno, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet salió al paso de las declaraciones de Boric: “El presidente electo puede tener una opinión distinta sobre cómo desarrollar el litio en Chile. Pero a diferencia de lo que él sostiene, esta es una buena noticia para nuestro país: porque permite recaudar fondos, más de US$120 millones que podrán ser usados en su propio gobierno para ayudar a los chilenos”.

Además Jobet enfatizó en que se “acogieron las sugerencias que sus propios asesores nos hicieron: se destinarán fondos a las comunidades locales y a investigación y desarrollo. Y porque incorpora dos nuevos actores a una industria donde por más de 25 años han operado solo dos empresas sin competencia. Nuestra disposición ha estado y va a seguir estando para construir consensos por el bien de Chile”.

Quienes conocen el proceso afirman que si bien la postura inicial en esa reunión era poder postergar la licitación, el ministro Jobet les explicó que no había espacio para eso debido a cómo estaban las bases y por ello les planteó que se podían incorporar algunos aspectos para recoger sus reparos: el primero era que no se adjudicaran las cinco cuotas, lo segundo que parte de los recursos fuesen a las comunidades y a investigación y desarrollo. Todas ellas se incorporaron. Sin embargo, las declaraciones cruzadas entre los técnicos y los políticos del Frente amplio abrieron un flanco para Boric que no pudo cerrar.

La fallida sesión en la cámara

La adjudicación antes del tiempo máximo molestó a los diputados, quienes suspendieron una sesión especial que estaba dedicada para analizar la licitación del litio e incluso se anunció que presentaron un requerimiento ante la Contraloría para frenar el proceso.

“Nos parece que es una falta de respeto y un ninguneo a un poder del Estado que el gobierno, una hora antes de la sesión especial donde estamos llamados a debatir esta materia y tomar acuerdos relevantes para el país, haya adjudicado a dos empresas privadas la explotación del litio por 30 años”, dijo el diputado Raúl Soto. A la salida de la sala, el parlamentario dijo que intentarán “por todos los medios” frenar este proceso, apuntando a los tribunales de justicia y la Contraloría

Sobre este punto, Boric fue consultado específicamente si van a impulsar alguna legislación para echar pie atrás a este proceso cuando asuman en marzo, el diputado recordó que los parlamentarios que abandonaron la sesión en la Cámara de Diputados ya habían anunciado algunas acciones judiciales y advirtió, sin dar mayores detalles, que evaluarán los pasos a seguir cundo asuman formalmente la administración del país.

“Tenemos que dejar que las instituciones funcionen, nosotros vamos a evaluarlo con todas las herramientas que tengamos a disposición desde el 11 de marzo que es que cuando vamos a empezar a ejercer nuestras facultades”, afirmó.

Desde su comando, el ganador del balotaje reiteró la disposición de su futuro gobierno a la creación de una empresa nacional del litio, la cual además del objetivo de la rentabilidad busca actuar en consideración con las comunidades, el cuidado del medioambiente y el desarrollo productivo nacional.

Ahora el gobierno debe comenzar a trabajar con las empresas que se adjudicaron la exploración y explotación del litio. Para este proceso, el Ejecutivo no destacara que se pueda hacer un trabajo en conjunto con el gobierno electo.