Varias reuniones han sostenido representantes de gobierno en los últimos días con senadores de Chile Vamos en la previa del ingreso de las indicaciones de la reforma previsional, para lograr redactar las modificaciones al proyecto que consigan un acuerdo lo más amplio posible en la recta final de las negociaciones.

Si bien se esperaba que las enmiendas ingresaran este lunes, luego ello se postergó para este martes, y ahora se espera que definitivamente se concrete este miércoles. Eso podría retrasar para el jueves el inicio de la votación en la Comisión de Trabajo del Senado, que inicialmente estaba programada para este miércoles. Sin embargo, la idea es no alterar el cronograma de la votación en sala, que debería iniciar el miércoles de la próxima semana.

Esta postergación ha ocurrido porque si bien el gobierno ya tenía listas las indicaciones, lo cierto es que a los senadores de Chile Vamos no les acomodaba el modo en que quedaron redactadas algunas enmiendas en la última propuesta. Y aunque algunos en el oficialismo daban prácticamente sellado un acuerdo con los senadores de oposición, en Chile Vamos reinaba la cautela, a la espera de ver la redacción final de las indicaciones.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Comisión de Trabajo, comentó que “efectivamente el gobierno había quedado de enviar hoy día (martes) las indicaciones, pero hemos acordado dar un plazo adicional, básicamente porque coordinar las propuestas que se han hecho respecto a los artículos que suponen es una enorme tarea. Para decirlo con más claridad, estamos hablando de más de 150 páginas de indicaciones. Nosotros creemos, y esto lo hemos conversado, que es preferible ver el día de mañana (miércoles) con calma esas indicaciones para ver cómo está esa coordinación para, ojalá, porque todavía no está definido, llegar a un buen entendimiento en un tema que tanto importa a los chilenos”.

Pese a que hasta último minuto desde un sector del oficialismo han presionado por incorporar la división de la industria de AFP, en realidad ya habría acuerdo en que no avanzaría esta medida que busca la separación de funciones de administración e inversiones de las AFP. Lo que sí se va a impulsar es la licitación del stock de afiliados.

En las conversaciones recientes que ha tenido el gobierno con Chile Vamos se ha planteado que un 4,5% de la cotización adicional se destine directamente a las cuentas individuales, y que exista una cotización de 4% al Seguro Social. Eso no significa que se esté introduciendo un 8,5% de cotización extra, ya que una parte de eso actualmente los empleadores ya lo aportan.

Aquel 4% para seguridad social, en la visión del gobierno, se compone del 1,5%, que sería un préstamo reembolsable con el que se busca financiar la garantía por años cotizados para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, lo que sería cotización adicional de cargo del empleador. Pero existe un 2,5% que se destinará a dos mecanismos en conjunto: al llamado bono tabla que busca mejorar las pensiones de las mujeres por su mayor expectativa de vida, y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

El SIS es un beneficio que ya existe, que se financia con una cotización que aporta el empleador, la que puede variar trimestralmente. Por ejemplo, en el último trimestre del año pasado para el SIS se cotizó un 1,5%, pero desde el primer trimestre de 2025 la tasa vigente del SIS para empleadores es del 1,38% de las remuneraciones y rentas imponibles. En la pandemia llegó a estar en cerca del 2%.

Si bien esa es una fórmula que no genera grandes reparos de la oposición, dado que había sido un tema que estuvo en las negociaciones, el asunto que principalmente no gustó a Chile Vamos era el modo en que estaban redactadas las indicaciones, dado que se planteaba que todo ese 4% se sumaba a un fondo común de seguridad social, administrado por un organismo estatal, cuyo objetivo era hacer solidaridad intergeneracional. En todo caso, luego de las conversaciones que sostuvo el Ejecutivo con los senadores al respecto, este martes se encontraban haciendo cambios a la redacción de las enmiendas.

El tema de fondo es que desde Chile Vamos quieren poder transmitir a su sector que el 6% se destina íntegramente a cuentas individuales en el largo plazo, y no va a reparto, dado que hay un 4,5% directo a cuentas individuales y otro 1,5% de préstamo que a futuro también irá a los saldos de cada afiliado. En cambio, desde el gobierno buscan transmitir al oficialismo que la reforma crea un Seguro Social con una cotización relevante que se destina a solidaridad para mejorar pensiones actuales y futuras.

El senador Gastón Saavedra (PS) dio luces respecto de la cotización adicional que se podría exigir a los empleadores. Consultado sobre si hay viabilidad para que se suba un punto adicional al 6%, respondió que “al final del día yo creo que va a haber algo de eso”.

De todas maneras, este asunto ha levantado alertas en el mundo empresarial. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) señaló que es “fundamental evaluar con rigor los impactos que tendrá en el mercado laboral” el incremento en la tasa de cotización. El gremio resaltó “la importancia de aplicar criterios de gradualidad, condicionados a indicadores como las tasas de desempleo, informalidad y el crecimiento económico”.

Además de las tensiones por temáticas como la división de la industria o la misma cotización adicional, este martes se materializó una rebelión de senadoras que piden reducir las exigencias para que las mujeres accedan a la garantía de 0,1 UF por años cotizados.

De acuerdo con la fórmula que se ha trabajado entre negociadores de gobierno y la oposición, a las mujeres se les exigiría tener un mínimo de 13 años de cotización. Si bien la barrera de entrada es menor a los 20 años de cotizaciones contempladas para los hombres, ello dejaría fuera a 400 mil trabajadoras.

Por ello, un grupo transversal de senadoras, integrado por Alejandra Sepúlveda (indep. FRVS), Paulina Núñez (RN), Ximena Órdenes (indep. PPD), Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC) e Isabel Allende (PS), presentó una indicación para bajar ese requisito de cotización, continua o discontinua, a 8 años.

“Hemos recibido la noticia que, a partir de los 13 años de cotización, las mujeres van a poder acceder a este 0,1 UF por año de cotización, con un tope de 25 (años cotizados). Por eso nosotras, transversalmente, hemos decidido incorporar una indicación para que este requisito de la garantía baje de 13 a 8 años, lo que va a permitir aumentar la pensión de alrededor de 120 mil mujeres más”, explicó la senadora Sepúlveda.

La senadora Núñez añadió que “lo fundamental es acortar la brecha que existe aún respecto de las mujeres, porque nuestra vida laboral se ve influida por un sinfín de actividades de cuidado que debemos atender. No podemos poner un requisito que es imposible (para muchas mujeres)”.

La senadora Provoste dijo que “han pasado 45 años de este modelo de capitalización individual que ha mantenido invariable las situaciones de injusticia y discriminación para las mujeres”, por ello, respaldó el papel de Sepúlveda en la Comisión de Trabajo.

Si bien la indicación de las senadoras sería inconstitucional, por ser iniciativa del gobierno, su reclamo también encontró eco en la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), quien este lunes se sumó a la gestiones para tratar de rebajar las exigencias a trabajadoras.

Frente a esa presión, una de las alternativas que está evaluando La Moneda es conceder una gradualidad para los años de cotizaciones.