Tres ejes tienen el segundo plan económico lanzado el miércoles por el gobierno y que compromete recursos por US$5 mil millones que equivale a 2 puntos del PIB. Esto se suma al anunciado a mediados de marzo de US$11.750 millones. Así, en total el fisco ha desembolsado US$16.750 millones equivalente a 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Hoy anunciamos una segunda etapa de este Plan de Emergencia, que complementa las medidas tomadas por el Banco Central para fortalecer la liquidez en el mercado financiero y por la Comisión de Mercado Financiero para flexibilizar normas que permitan un mejor acceso de las empresas a los créditos”, afirmó el Presidente Sebastián Piñera antes de comenzar a delinear las nuevas medidas.
Mientras que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que estas medidas buscan ir en apoyo de las personas más vulnerables y los trabajadores informales, que se han visto afectados por la baja de la actividad económica y la imposibilidad de generar ingresos. “Por eso queremos dar una señal muy clara: el Estado va a estar presente para apoyar a los más vulnerables cada vez que sea necesario, y apoyar sus ingresos”, dijo Briones.
Lucas Palacios, ministro de Economía, hizo un llamado a los bancos para que puedan traspasar rápidamente a las empresas y personas las medidas que el gobierno ha impulsado. “La pelota la tiene el sector financiero, los bancos y me encantaría en los próximos días poder agradecerles la oportunidad con que van a reaccionar y entregarle recursos a los necesitan, puede partir desde mañana”.
1) Plan Protección de la Actividad Económica. Se crea un plan de garantías por hasta US$ 3.000 millones para movilizar el crédito para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF. Este grupo corresponde al 99,8% de las empresas y el 84% del empleo. Actualmente la medida era para empresas con ventas de hasta 350 mil UF anuales. Este apoyo se materializará a través del Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios (Fogape).
Asimismo, se aumentan los recursos de este fondo permitiendo otorgar créditos garantizados por unos US$24.000 millones, casi 10% del PIB.
Esta nueva modalidad contempla: Proveer de liquidez equivalente a 3 meses de ventas para las empresas elegibles; aumentar la cobertura de las garantías actuales hasta porcentajes que van entre 60 y 85% del monto del crédito. La cobertura será decreciente según el tamaño de las empresas.
En el detalle se señala que para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo. Para empresas con ventas de entre mil 25 UF y 100 mil UF anuales esta garantía será de hasta 80%; con ventas de entre 100 mil UF y 600 mil UF anuales esta garantía será de hasta 70%. Y para empresas con ventas entre 600 mil UF y 1 millón de UF anuales esta garantía será de hasta 60%.
En forma adicional, los bancos participantes postergarán cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes para asegurar que esta inyección de recursos entregue dinero fresco a la economía.
2) Plan protección de los ingresos. Se creará un fondo por US$ 2.000 millones (0,8% del PIB) para la protección de los ingresos de los sectores más vulnerables, es decir, para los trabajadores informales e independientes a honorarios. Con esto se beneficiará a cerca de 3 millones de personas.
De acuerdo a fuentes del gobierno, lo que se sigue analizando es el monto de la ayuda y a quiénes se les hará llegar estos recursos. La idea del gobierno es que el beneficio sea bien focalizado y vaya en ayuda de todos aquellos que han visto afectada su fuente de ingreso debido a la pandemia y no algo generalizado a todos los informales e independientes. Esos son los dos puntos que el Ejecutivo sigue evaluando.
3) Otras medidas en coordinación con el Banco Central. Se incorporará a las facilidades de liquidez del Banco Central a Entidades de Contraparte Central y Cooperativas de Ahorro y Crédito que cumplan con estándares de regulación y supervisión. Esta iniciativa amplía el espectro de acción del Banco Central a entidades no bancarias. Con ello, el ente emisor podrá elevar su efectividad en su función de velar por la continuidad de los sistemas de pago, adecuando su operación a los cambios en los mercados financieros en Chile y el resto del mundo.
