Alerta despertó en el gobierno del Presidente Gabriel Boric los tiempos en que está tramitando las modificaciones a la Ley de Pesca. Ante esto, el Ejecutivo decidió cambiar su estrategia legislativa para acelerar el cambio sobre lo que tiene permitido capturar el sector de la pesca industrial frente al artesanal a lo largo de las costas de Chile.

En detalle, el ministro de Economía, Nicolás Grau, anunció que el articulo 16 de la propuesta de ley del Ejecutivo, relacionado con el fraccionamiento de la cuota global de captura, se presentará como un proyecto aparte. “Lo vamos a tramitar como una ley aparte, como un artículo único”, explicó el secretario de Estado en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“A nosotros nos preocupa que, dada la lenta forma en que estamos votando, en que llevamos solo 38 artículos después de más de 190 votaciones numeral por numeral, no nos va a permitir resolver a tiempo este asunto que es un asunto neurálgico, que está en el centro de la crítica a la ley vigente”, comentó el ministro Grau.

El Ejecutivo presentó esta nueva ley de pesca en base con que estiman que “fue creada desde la corrupción”, según manifestó el Presidente en su momento. Esto bajo el contexto de las sanciones y penas a los actores involucrados en los sobornos a políticos para influir en la ley que hoy es cuestionado, como Corpesca, el exsenador Jaime Orpis y la exdpituada Marta Isasi.

De esta forma y de cara al futuro, el ministro Grau comentó que se mantiene optimista respecto a la tramitación del tema de fraccionamiento de forma independiente al resto de la nueva Ley de Pesca.

“Vamos a lograr sacar este artículo, este proyecto ley específico de fraccionamiento, con un acuerdo amplio, de manera tal de que logremos dos cosas: logremos que aquí se haga justicia en materia de fraccionamiento y logremos que sea una ley de fraccionamiento que no esté sujeta a la crítica, que tenga legitimidad y que permita a este sector tan importante avanzar de buena manera”, comentó.

En detalle, el articulo que se presentó en su momento dentro de la ley, aborda el fraccionamiento por macrozonas norte, centro sur, sur austral y a nivel nacional para la jibia.

Entre los recursos marítimos descritos en el fraccionamiento se señalan a la anchoveta, sardina española, jurel, langostino colorado, langostino amarillo, sardina común, merluza común, merluza de cola, merluza del sur, congrio dorado, merluza de tres aletas, merluza de cola y raya.

Los Pescadores Industriales del Biobío calificaron el anuncio como una muestra de falta de trabajo prelegislativo. Además, el gremio criticó que la discusión no respete los fraccionamientos vigentes has el 2032

“Se optó por una carrera a toda velocidad que sólo ha traído dolores de cabeza, inestabilidad y una paralización total de las inversiones. Derechamente esto es una improvisación que sigue afectando a un sector productivo que está sosteniendo una débil economía en el Biobío”, comentaron ante las consultas de Pulso sobre el anuncio.

Por otro lado, el gremio que agrupa a las empresas Landes, Blumar, Camanchaca, FoodCorp y PacificBlu rechazaron la idea de querer licitaciones en la materia.

“La pesca industrial chilena está alineada en que las licitaciones que propone el gobierno son un experimento que ninguna potencia pesquera en el mundo utiliza. Los únicos que las promueven son empresas extranjeras que quieren operar sobre los recursos pesqueros del mar de todos los chilenos y, de paso, afectar la seguridad alimentaria nacional”, añadieron.

Por su parte la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) señaló que respecto al nuevo proyecto de ley sobre fraccionamiento presentado por el ejecutivo, “mantenemos nuestra posición que hemos planteado consistentemente, y que tiene relación con la necesidad de discutir y analizar en mesas técnicas un acuerdo amplio que incluya a todos los actores presentes y basado en un criterio científico técnico”.

Agregó “esto es muy importante porque el fraccionamiento está relacionado a una serie de aspectos importantes, que se deben considerar previamente al fraccionamiento mismo, entendiendo éste como la división de la cuota entre ambos sectores. A modo de ejemplo, se debe considerar la situación de las macrozonas propuestas por el ejecutivo, los regímenes artesanales de extracción (RAE) existentes y vigentes, entre varios otros aspectos”.

Por otra parte, el gremio indicó que espera que también se considere la eliminación de la pesca ilegal, lo que distorsiona en forma considerable los desembarques reales de cada sector y región. “Creemos que nadie puede estar de acuerdo en entregar aún más cuotas a quienes ejercen pesca ilegal. Por último, lo que no puede ocurrir es que se siga tramitando a una velocidad tal que no permita análisis, discusión y escuchar a los expertos, lo que podría terminar una mala ley”, dijo Sonapesca.