Más de US$1.000 millones son los que las seis isapres abiertas que hay en el sistema eventualmente tendrían que devolver a los afiliados por el fallo que emitió a fines del año pasado la Corte Suprema sobre la tabla de factores.

Hasta ahora, no existía una cifra aproximada sobre los desembolsos que dicha sentencia implicaría, pero este lunes el Ministerio de Salud mostró a los parlamentarios algunas cifras estimadas, y donde se enseña que, bajo algunos escenarios, ellas podrían estar entre $1.007.959 millones (US$1.260 millones), si se mide en pesos nominales de cada mes, y $1.125.019 millones (unos US$1.400 millones), si se mide en pesos de diciembre de 2022.

Así quedó en evidencia en una reunión que sostuvieron diputados y senadores integrantes de las comisiones de Salud con la ministra de dicha cartera, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres; y el director de Fonasa, Camilo Cid. La cita era para dar a conocer a los parlamentarios las ideas que están trabajando para presentar un proyecto de ley que consiga evitar la caída del sistema de isapres.

En todo caso, los montos señalados son aproximados y podrían variar. Desde el gobierno no quisieron dar a conocer públicamente dichas cifras. Es más, en el punto de prensa posterior a la reunión, el superintendente de Salud comentó: “No voy a aventurar una cifra, puesto que hay varios elementos que son parte del proceso de modelamiento, y que van a depender también de las definiciones que se tomen en cuanto al proyecto de ley, y por lo tanto, cuando ya se emita la circular, vamos a tener mas claridad, más o menos, de la dimensión de esa deuda”.

Antes de esa declaración, en el punto de prensa, el senador Juan Luis Castro (PS) había señalado que “en el día de hoy se ha hecho claridad, primero en saber cuánto le deben las isapres a las personas: estamos hablando de US$1.400 millones aproximadamente, estamos hablando de cifras magnánimas”.

Según la presentación que mostró el gobierno a los parlamentarios con escenarios hipotéticos, en un caso estudiado, la isapre que tendría que desembolsar el menor monto estaría entre $62.636 millones (unos US$79 millones) y $69.685 millones (US$87 millones). Y la que tiene los mayores montos está entre $319.762 millones (US$401 millones) y $354.823 millones (US$445 millones).

Esto se compara con los US$120 millones que provisionó Bupa, el controlador inglés de Cruz Blanca, por el fallo, pero la compañía con sede en Londres también anticipó que entre sus cálculos habían escenarios incluso “peores”, y que hasta ese momento no era posible medir de forma precisa el desembolso que les significaría.

En la cita, el gobierno explicó a los parlamentarios que el proyecto que están preparando considera dar facilidades a las isapres con gradualidad en los pagos, y que las compañías no puedan retirar utilidades hasta que no completen las devoluciones. En todo caso, a septiembre del año pasado las isapres acumulaban pérdidas por $127.927 millones.

El diputado Tomás Lagomarsino (PR) comentó en su cuenta de Twitter: “Hoy recibimos contundente presentación con propuestas del Ministerio de Salud para enfrentar crisis de isapres. Incluye no retiro de utilidades mientras no se devuelva 100% de cobros en exceso”. Eso sí, también indicó que sería “importante exceptuar de criterios de insolvencia el pasivo de devolución de cobros en exceso”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), comentó que “la propuesta de la ministra cumple con los elementos de la progresividad en la aplicación del fallo, en términos de las tablas de factores, que es coincidente con la propuesta de reforma constitucional que presentamos (...) La única diferencia dice relación desde el punto de vista de los plazos para la devolución de los excedentes”.

En ese sentido, comentó que “deberían ser 36 meses para la devolución de los excedentes, y no 24 que es la propuesta del Ejecutivo. Pero me parece que la propuesta que ha hecho el Minsal guarda relación con la potencia del impacto político sanitario que se pueda provocar si es que no se adoptan medidas en lo inmediato. De hecho, en el propio Ministerio señalan que efectivamente se podría dar una situación de quiebra, insolvencia, de prácticamente todas las isapres en un plazo de cuatro meses si es que no se adoptan todas las medidas de rigor”.

Por su parte, la ministra Aguilera la calificó como “una muy buena reunión” y dijo que la idea del proyecto que están planeando impulsar es “dar cumplimiento al fallo de la Suprema, pero a la vez, con prudencia”.

También sostuvo que “estamos esperando ingresar el contenido del proyecto a fines de este mes de marzo. Los contenidos tienen que ver con que se dé cumplimiento a las devoluciones (...) y que tengamos una aplicación progresiva, en el sentido de otorgar un plazo para el acatamiento total de la tabla de factores, y posterior al cual comenzaría la aplicación de la tabla de factores, y en el momento cero partiría también la suspensión del cobro a los menores de dos años. Entonces, es un ejercicio en el cual se daría un tiempo que favorezca el logro de un equilibrio financiero, pero haciendo exigencias a las isapres para el logro de ese equilibrio financiero”.

La ministra aclaró que “el proyecto define los bordes en los cuales se va a mover la Superintendencia para dar cumplimiento al fallo”. Y “más que entrar en el tema del precio base, lo que estamos planteando es que vamos a otorgar un plazo de tiempo para la aplicación de la tabla de factores, y eso es lo que seguimos nosotros estudiando y modelando. Este es un trabajo que no es solo del Minsal, estamos trabajando con los ministerios de Hacienda, Trabajo, Justicia, Segpres, y Segegob, y justamente estamos en esos temas para terminar de afinar la propuesta y presentarla al Congreso”.

Además indicó que el proyecto contempla un segundo efecto que se está dando últimamente, que “es que tenemos una migración mayor de personas hacia Fonasa, y las personas que migran desde isapres hacia Fonasa tienen el uso y costumbre de usar la modalidad de libre elección, y ahí tienen menor protección financiera de la que tenían anteriormente”.

Al respecto, explicó que la propuesta que tienen desde el gobierno “ayuda a mejorar la protección financiera de Fonasa a través de seguros voluntarios de copago, seguros que son también a través de empresas privadas, que en el ideal serían licitados, (pero que) en una primera instancia podrían ser administrados”.