Cuando la pandemia estaba comenzando a afectar fuertemente al país, en marzo de 2020, las distintas reparticiones públicas comenzaron a implementar el trabajo remoto para sus trabajadores, con el objetivo de resguardar la salud, pero a la vez continuar sus funciones.
Posteriormente a ello, y debido a que se comenzaban a generar problemas en la atención a la ciudadanía en aquellos servicios básicos, en abril de 2022 el gobierno elaboró un plan para el retorno de los funcionarios públicos del gobierno central, el cual recayó en el Servicio Civil, como organismo técnico, y por ello estuvo a cargo de la implementación y la verificación del cumplimiento de los planes de retorno graduales por parte de los jefes de servicio.
El plan consistía en que cada uno de los 250 servicios públicos de la Administración Central del Estado deberán identificar las funciones presenciales prioritarias y especificar las personas que cumplirán tareas presenciales, en las distintas modalidades y aquéllos que mantendrán sus funciones en forma remota, en la medida que la naturaleza de esas funciones permita realizar dicha labor con eficacia y eficiencia.
“Los planes de retorno gradual son dinámicos y flexibles, y deberán ser evaluados, semana a semana, por cada jefe de servicio para responder a la evolución de la pandemia y a las necesidades de la ciudadanía”, señalaba en ese entonces el director del Servicio Civil, Alejandro Weber, hoy subsecretario de Hacienda.
Veinte meses después de que comenzara esa estrategia, el gobierno logró que 86 mil trabajadores de la administración central, excluyendo al personal de Salud, desempeñara sus funciones de manera presencial. Esto equivale al 74% del total de funcionarios y es el nivel más alto de toda la pandemia.
Desde el Servicio Civil afirman que estos resultados responden “al éxito del proceso de vacunación y en cumplimiento de los protocolos sanitarios aplicados en cada institución (aforo, alcohol gel, control de temperatura y sanitización de espacios de trabajo, entre otros), para el cuidado de los funcionarios/as y de la ciudadanía”.
Al analizar el trabajo presencial en cada repartición se observa que los ministerios con mayor trabajo presencial son Defensa (96,7%), Justicia (86,2%), Obras Públicas (85,3%), Segpres (83,5%), Bienes Nacionales (80,3%), Educación (79,3%), Economía (77,8%), Vivienda (77,4%), Transportes (77%) y Deporte (75,4%).
Entre los ministerios con menor porcentaje de funcionarios trabajando de manera presencial está Ciencias y Tecnología, con 49,4%; Mujer y Equidad de Género, con 51%; Cultura, con 51%; Energía, 55,6% y Relaciones Exteriores, con 57,5%.
En cuanto a la atención de público, el reporte da cuenta que, de un total de 5.266 oficinas de atención al público, 4.549 están abiertas (86,4%). Junto a lo anterior, de 1.796 oficinas de partes, un total de 1.772 (98,7%) están operativas.
Ahora, si se consideran los trabajadores presenciales y los que tienen un sistema de turnos (que son el 17,1%), la cifra se eleva a 91,1%, de un total aproximado de 117 mil funcionarios públicos con cierre al 06 de enero, que consideró 23 ministerios, 37 subsecretarías y cerca de 164 servicios. Así, solo 8,9% de los trabajadores sigue de manera 100% remota.
A nivel de turnos, la lista con mayores índices de esta modalidad de trabajo la tiene Energía (38,2%), Culturas (33,4%) y Mujer y Equidad de Género (31,1%) y Relaciones Exteriores (30,8%). En cuanto a quienes tienen la mayor cantidad de funcionarios de manera remota lideran los ministerios de Ciencias con 23,1%; Secretaría General de Gobierno con 22,2%; de Mujer y Equidad de Género con 17,9% y Medio Ambiente con 17,1%.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, sostuvo que “el Estado de Chile siguió funcionando aún en los peores momentos de la pandemia y eso es, en gran medida, por funcionarios públicos comprometidos”.
El trayecto
El camino para llegar a este nivel de presencialidad no fue fácil. De hecho, se tuvo que formar una mesa sanitaria entre la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Hacienda y el Servicio Civil. Según cuenta el presidente de la ANEF, José Pérez, en esta instancia se logró que participarán las distintas organizaciones. “En algunos casos se instaló bastante bien, ya que se pudo implementar los estándares de protección sanitaria para los trabajadores”, dice.
Al cierre de 2020, el trabajo presencial llegaba a solo un 37,9%, luego en enero de 2021 subió al 38,7% y en febrero alcanzó un peak de 40,6%. En marzo y abril nuevamente descendió a niveles cercanos al 30% para luego en mayo volver a repuntar lentamente: en agosto superó el 40% de trabajadores realizando funciones presenciales y en octubre llegó al 60%.
Pérez explica que actualmente el sistema de turnos funciona bastante bien y eso ha permitido el mantener la atención a público sin pausa durante la pandemia.
El instructivo
El documento de abril de 2020, entregó los lineamientos que se debía seguir para el retorno presencial. Y entre lo principal que se menciona es que los jefes de servicio deben especificar las personas que cumplirán tareas presenciales, en las distintas modalidades y aquellos que mantendrán sus funciones en forma remota, en la medida que la naturaleza de esas funciones permita realizar dicha labor con eficacia y eficiencia.
Entre las medidas de resguardo señaladas por la autoridad sanitaria están el distanciamiento social para la atención de público y al interior de las oficinas; el uso de mascarillas en espacios cerrados donde haya 10 o más personas; la disponibilidad de alcohol gel y lugares para el lavado frecuente de manos; el control de la temperatura con termómetros digitales y la sanitización de espacios comunes.
Asimismo, se menciona que los servicios con atención directa de público tienen que tener un mayor cuidado con las medidas de distanciamiento. Actualmente, en la Administración Central del Estado existen cerca de 5.000 oficinas y sucursales de atención de público, donde se realizan trámites y se entregan prestaciones y servicios a la ciudadanía.
Otro punto importante es que las personas en grupos de riesgo que deben permanecer en aislamiento domiciliario son las mayores de 70 años, inmunodeprimidas, con enfermedades cardiacas y pulmonares, y embarazadas.