Tal como lo hacen muchas de las grandes empresas globales o las firmas chilenas que están abiertas a la bolsa, el Ministerio de Hacienda tiene hace un tiempo un espacio habilitado en su página web dedicado a la relación con inversionistas, especialmente extranjeros. Es en este rincón que desde Hacienda publicaron recientemente una presentación en inglés que da cuenta del estado del país, con especial foco en su macroeconomía y en cómo están abordando el estallido social.

El gobierno detalla que las pérdidas estimadas en infraestructura alcanzaron los US$ 1.400 millones, lo que dista de la última estimación que había hecho la Asociación de Aseguradores de Chile, que indicó que sus asociados tendrían que pagar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones por los siniestros acontecidos bajo el alero del estallido social, que se inició el 18 de octubre pasado.

Los US$ 1.400 millones de daños en infraestructura equivalen a la inversión que se necesita para levantar las concesiones del Grupo de Hospitales I (Red Maule Cauquenes, Constitución y Parral), II (Red Biobío Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota), III Centro Sur Buin-Paine, Pichilemu y Rengo) y el de Coquimbo.

De los US$ 1.400 millones de pérdidas, Hacienda detalla que US$ 750 millones tienen que ver con infraestructura pública (de los cuales US$ 380 millones están asociados al daño a la red del Metro) y US$ 850 millones pertenece a infraestructura privada.

En términos comparativos, estos perjuicios por US$ 1.400 millones a la infraestructura del país, son menos de la mitad de los daños que ha calculado Australia por sus incendios, que tendrían un impacto entre US$ 3.000 millones y US$ 3.500 millones.

Otros puntos

El Ejecutivo resaltan el declive de los saqueos e incendios intencionales. Por ejemplo, indican que entre el 18 y 22 de octubre hubo 400 de estos eventos a lo largo del país, versus los tres episodios que contabilizan entre el 29 de diciembre y el 2 de enero recientes.

Además, el documento destaca que el gobierno ha respondido a las demandas sociales con acuerdos políticos y reformas, por ejemplo, un acuerdo para impulsar la consulta sobre el cambio constitucional, otro sobre una reforma fiscal progresiva y en pro del crecimiento, y también destaca el acuerdo para una reforma de pensiones y una agenda social.

Para todo lo anterior, Hacienda indica que ha respondido con un paquete de estímulo fiscal transitorio considerable para apoyar la economía, que totaliza US$ 5.500 millones (2,1% del PIB). De este monto, US$ 4.800 millones se cristalizarán en nuevas iniciativas, de las cuales US$ 1.300 millones serán para reconstrucción. US$ 700 millones irán para apoyar al Banco Estado.