La segunda es la vencida. Esa parece ser la consigna que hay en el gobierno. Esto porque el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) junto al Ministerio de Economía determinó que el próximo censo de población y vivienda será de derecho, dejando atrás la modalidad de hecho que tuvo el Censo abreviado 2017.

Pero este cambio no es nuevo para el Ejecutivo, ya que en 2012, el mismo gobierno de Sebastián Piñera tuvo el primer intento: realizó un censo bajo esta modalidad, sin embargo, la mala preparación y los cambios a última hora llevaron a que fracasara. Consciente de aquello, el gobierno ya comenzó a planificar este nuevo proceso.

El censo de derecho tiene una metodología donde se obtienen datos de aquellas personas que residen habitualmente en el hogar, aunque no estén presentes en el momento del levantamiento, y por ello se extiende por varias semanas. Además, los censistas no son voluntarios, sino encuestadores profesionales, remunerados y capacitados. La fecha fijada para realizarlo es entre abril y junio de 2022.

En cambio, el de hecho se desarrolla en un solo día, que es decretado feriado, y los encuestadores por voluntarios. En esta modalidad se registra toda la población que pernoctó en la vivienda ese día.

La decisión de realizar un censo de este tipo se adoptó debido a que la información que se obtiene a través de este procedimiento es mucho más completa. También influye que un censo de hecho es mucho más complejo de realizar, considerando que los encuestadores son voluntarios. Además del costo productivo que le significa al país, ya que se debe declarar feriado.

Es más, en una de sus últimas entrevistas como directora del INE, Ximena Clark, recomendaba realizar este cambio. “El censo de hecho se expone a una vulnerabilidad enorme por ser en un solo día, y por ello no lo recomiendo, por ello, deberíamos para el 2022 ir migrando hacia uno de derecho, combinado con un uso muy intensivo de registros administrativos”.

Al interior del INE, el proceso es liderado por la jefa del censo, Lorena Espinosa Cáceres, quien llegó al organismo el pasado 1 de octubre. Cáceres es ingeniera civil industrial y profesora de matemáticas de la Universidad Católica.

La decisión ahora debe tener el último visado del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, el mandatario ha seguido este proceso de toma decisión, por lo que lo más probable es que todo se mantenga tal como está diseñado.

En cuanto a los costos de los dos últimos censos, el de derecho realizado por el primer gobierno de Piñera tuvo un costo de $32 mil millones, mientras que el proceso abreviado de 2017 alcanzó los $ 50 mil millones.

En 2012, el gobierno quiso dar el salto y pasar de un censo de hecho a otro de derecho. Si bien la idea apuntaba a seguir el mismo sistema que ocupan los países desarrollados, falló la preparación. A mediados de 2010, el INE realizó un precenso en Vicuña para poner en práctica un diseño preliminar de la encuesta. En ese momento el plan original seguía siendo la realización de un censo de hecho, sin embargo, el 14 se septiembre de 2011 se anunció un cambio en la metodología: la recolección de datos no se concentraría en un solo día, sino que se realizaría durante dos meses, a partir del 9 de abril de 2012.

Ese cambio afectó la puesta en marcha del censo, lo que se reflejó en varios errores. Uno de ellos es que el empadronamiento de viviendas fue problemático, lo que llevó al INE a extender el plazo en que se efectuaría pasando de dos a tres meses. Según el INE, solamente unas 95 000 viviendas, correspondientes al 1,66 % del total, dejaron de ser censadas. Sin embargo, el resultado preliminar arrojó una población de 16 millones 572 mil habitantes, cifra menor a los 17 millones que se esperaba. Esto sembró aún más las dudas de la calidad de la información. Finalmente, el censo fue calificado como no válido y se tuvo que realizar uno nuevo abreviado.

El censo de derecho tiene una metodología donde se obtienen datos de aquellas personas que residen habitualmente en el hogar, aunque no estén presentes en el momento del levantamiento, y por ello se extiende por varias semanas. Además, los censistas son encuestadores profesionales, remunerados y capacitados. La mayoría de los países desarrollados aplican esta metodología. Hay países que han optado por reunir los datos de los registros administrativos como nacimientos, defunciones, entre otros, sin que sea necesario ir a terreno a encuestar a las personas.

El de hecho, se desarrolla en un solo día, que es decretado feriado, y los encuestadores por voluntarios. En esta modalidad se registra toda la población que pernoctó en la vivienda ese día aunque no resida de manera permanente en esa vivienda.

Históricamente Chile ha realizado censo de hecho, siguiendo la tradición de América Latina. El último proceso abreviado de 2017 siguió esta modalidad. Sin embargo, lo recomendable por los expertos y organismos internacionales es avanzar hacia un censo de derecho.