Gobierno descarta alza en recaudación fiscal en futura reforma de impuesto a la renta

No fue fácil para Hacienda concretar la aprobación en general del proyecto de Cumplimiento Tributario en la Comisión de Hacienda. Fueron tres meses de discusión y más 40 audiencias y aunque todavía le queda un recorrido importante al proyecto que busca reducir la evasión, elusión y la informalidad, en el gobierno valoran este primer paso e incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, mantiene como plazo septiembre para su despacho total.

“Con la aprobación en general del proyecto de cumplimiento, más el protocolo, podemos dar la seguridad de que va a estar aprobado para fines de septiembre antes de que se ingrese la ley de Presupuestos. Por lo tanto, va a poder incorporar los recursos adicionales que va a generar este proyecto dentro del marco fiscal para el próximo año”, sostuvo al término de la sesión en la Comisión de Hacienda del Senado.

La aprobación fue por la unanimidad de los cinco integrantes de la comisión de Hacienda: Ricardo Lagos Weber (PPD); José Miguel Insulza (PS); Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN) y Felipe Kast (Evópoli).

Pero para que superara esta primera valla, el gobierno tuvo que firmar un protocolo de acuerdo con los senadores donde se fijaron varias materias a trabajar en una mesa técnica y de esa manera ingresarlas vía indicaciones.

Además, también entregó señales sobre las metas de recaudación fiscal y la necesidad de nuevos aumentos vía impositiva. Hacia el final del texto, en el eje “Implicancias para las Finanzas Públicas”, se menciona que “dado los incrementos estimados en los ingresos no tributarios, las metas de ahorro de gasto y los proyectos de ley en estudio sobre sala cuna y subsidio eléctrico, la mayor recaudación proyectada en este proyecto de ley permitiría cubrir las necesidades de financiamiento de las medidas sociales establecidas en el Pacto Fiscal, sin requerir que otros proyectos tributarios contengan un incremento neto de recaudación”.

Esta iniciativa en un principio buscaba recaudar unos 1,5% del PIB, pero en el protocolo se menciona que se “actualizará la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará en régimen y en la transición intermedia”.

Los senadores explicaron que con esto se desecha la idea de aumentar la recaudación con las medidas contempladas en el proyecto de impuesto a la renta, el cual tenía como meta recaudar 0,6% del PIB. Ahora, en caso de que esa propuesta avance, su impacto recaudatorio será neutro, es decir, subirá impuestos sólo para compensar las bajas de los tributos.

¿Por qué ocurre esto? lo primero es que se concordó adoptar una meta más desafiante de ahorro anual en recursos fiscales de 0,2% del PIB. A ello se suma el hecho de que el proyecto de sala cuna contempla su propio financiamiento, lo que le quita presión a esta propuesta.

A la salida de la sesión, el ministro fue consultado sobre si la recaudación del proyecto de impuesto a la renta de 0,6% podría ser menor, Marcel respondió: “En caso de que vayamos avanzando en este proyecto (de cumplimiento) y se validen las metas de recaudación más otras decisiones que se han ido adoptando, como por ejemplo el que el proyecto de Sala Cuna tenga su propio financiamiento con una cotización del empleador ayuda a reducir adicionalmente lo que se requeriría en términos de recaudación neta, pero eso no significa que no vaya a haber proyecto de reforma a la renta. El compromiso del gobierno en esa materia es claro”.

Marcel matizó en el hecho de que “en la medida que efectivamente logremos aprobar este proyecto teniendo la seguridad de que se logrará la recaudación más los otros elementos, la recaudación neta puede ser menor al 0,6%, pero es la medida que se den todas estas otras condiciones”.

Así, según el documento, el destino prioritario de los recursos, incluye el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal, inversión en seguridad ciudadana, el apoyo socioemocional a la niños, niñas y adolescentes con foco en la prevención del delito a través de iniciativas en los establecimientos educacionales.

En cuanto al proyecto de cumplimiento tributario propiamente tal, el protocolo modifica lo aprobado en la Cámara de Diputados. Uno de esos cambios es que el Ejecutivo se abrió a modificar la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII) en varios aspectos.

Lo primero que menciona el texto acordado es que “fortalecer su carácter de organismo técnico, con estructuras y procesos que fortalezcan su independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares tanto en su dirección como subdirecciones”. Según lo que explicaron los senadores, lo que se busca acá es avanzar en alguna fórmula para que los subdirectores sean nominados por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y que el director siga algún esquema parecido al Banco Central.

También se establecerá plazos máximos de permanencia en los cargos de decisión con un uso efectivo de los convenios de desempeño como instrumento para fijar metas de gestión a las autoridades y evaluar su cumplimiento.

En el proyecto se incorporará un consejo o comité externo para que “emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del SII, evalúe su implementación y revise, con carácter vinculante, la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepare el Servicio en el ejercicio de sus facultades interpretativas”. Se precisa que “el nombramiento de los integrantes de dicha entidad deberá garantizar su capacidad técnica e independencia”.

Otro punto que se resalta en el acuerdo es que “se despersonalizará las decisiones de mayor relevancia institucional, junto con implementar nuevas normas de probidad y transparencia y la incorporación de mayores estándares de rendición de cuentas a la ciudadanía”.

En el protocolo se fija también que se trabajará en “el fortalecimiento del rol central que deben cumplir el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República, a través de las materias de revisión inmediata que contempla este proyecto de ley, tomando nota de otras que deben ser analizadas con mayor profundidad y con más tiempo”. Y se potenciará el funcionamiento de la Defensoría del Contribuyente.

La figura del denunciante anónimo y el levantamiento del bancario fueron materias bastante resistidas por parte de la oposición y por lo mismo, en el protocolo se acordó una “revisión de la figura del denunciante anónimo en un contexto exclusivo de delitos tributarios y asociados a crimen organizado”. Sobre secreto bancario se estableció avanzar “a través de un procedimiento judicial más expedito que el vigente, focalizado especialmente en casos de delitos tributarios y crimen organizado”.

Otro de los temas acordados está el “avanzar en la normativa antievasión tributaria, que incluye el combate a la informalidad y fortalecimiento y modernización del catálogo de delitos tributarios”.

En este punto, se incluyen como materias de acuerdo las siguientes: implementación de normas de cooperación eficaz; modernización de los tipos penales tributarios (materia a ser revisada por penalistas expertos); medidas contra la informalidad. Perfeccionar algunas reglas del IVA destinadas a combatir la evasión e informalidad.

Según lo fijado en este mismo protocolo de acuerdo, esta mesa técnica tendrá como plazo dos semanas a contar de la votación en general del proyecto. Según señaló el gobierno este trabajo permitirá distinguir entre: propuestas que se eliminarán del proyecto; propuestas que se trasladarán a otro proyecto; propuestas que se reformularán en base al trabajo de la mesa técnica, y propuestas que se resuelven en votación en la discusión en particular.

Asimismo, “las recomendaciones de la mesa técnica serán entregadas a la comisión para completar la discusión en particular del proyecto, a fin de que éste pueda ser despachado dentro de los plazos acordados con la Mesa del Senado para los proyectos del Pacto Fiscal”.