Se esperaba que el gobierno entregara su primera propuesta de reajuste salarial para el sector público. Y así fue. Hacienda puso sobre la mesa de negociación un alza de 4,5% nominal, cifra que dista bastante del 7,5% que esperan las 16 asociaciones que integran la mesa del sector público.
Si se considera la inflación pasada, que es la que proponen los trabajadores, el reajuste real sería de -1,5%, mientras que si se considera la proyección del IPC para 2022 de 4,9% del Banco Central, el reajuste real también sería negativo, de -0,4%.
El objetivo que se propusieron los dirigentes era al menos recuperar el poder adquisitivo, por lo que esta propuesta está lejos de satisfacerlos.
Debido a que las partes están distantes, los dirigentes de los 16 gremios de la Mesa del Sector Público esperan que mañana Hacienda mejore su ofrecimiento, ya que no alcanza a cubrir ni la inflación acumulada. El nuevo encuentro quedó agendado para este martes a las 17 horas, en Hacienda.
Si bien el Ejecutivo les solicitó realizar también una nueva propuesta a los trabajadores, estos esperan primero conocer la nueva oferta de Hacienda antes de entregar alguna nueva cifra.
En 2020 el reajuste entregado fue de 2,7% nominal para rentas de hasta $2 millones y de 0,8% nominal para quienes reciban ingresos por sobre ese monto. Cuando se negoció el reajuste, la inflación anual era de 2,7%, por lo que el alza real fue de 0% para quienes tuvieran ingresos hasta $2 millones, y negativa para las rentas sobre $2 millones.
El pliego de peticiones de la Mesa del Sector Público menciona además un bono de $65 mil para todos aquellos funcionarios que tengan una remuneración mensual bruta inferior a $750.000 y que se desempeñen en jornada completa. Para los de jornada parcial se plantea un monto proporcional a su jornada.
Además, el texto aboga por mayor estabilidad laboral para el conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos, independientemente de los instrumentos y regímenes que regulen las relaciones contractuales en cada servicio centralizado o descentralizado. Rechaza, también, la dinámica de despidos arbitrarios que, según manifiesta, se repite cada año.
La primera comisión legislativa que tiene que analizar el proyecto, cuando ingrese al Congreso, es la de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y si bien el nuevo reajuste debe comenzar a regir el 1 de diciembre, todo indica que al igual que el año pasado, la discusión se retrase y su aplicación sea retroactiva.
