Finalmente ayer el gobierno concretó el primer paso con miras a modificar el marco regulatorio de ciberseguridad en el país.

"Estamos perfectamente conscientes de que ya hay ataques que nos han producido grave daño, como por ejemplo, los ataques que ha recibido nuestro sector financiero y bancario, el robo de información, como de tarjetas de crédito, y muchos otros, por eso algo muy importante es estar conscientes de estos ataques", dijo ayer el Presidente Sebastián Piñera en la firma del proyecto de ley de delitos informáticos y tras anunciar el instructivo presidencial de ciberseguridad para el Estado.

La normativa que hoy rige los delitos informáticos (Ley 19.223) fue promulgada en 1993, fecha en que se tipificaron cuatro figuras penales relativas a sistemas de información, cuando en Chile recién se iniciaba el desarrollo de internet.

El proyecto que envió ayer el Ejecutivo al Congreso tipifica siete delitos informáticos y sus sanciones, entre los que se encuentran la perturbación informática con una pena de hasta 5 años; el acceso ilícito (hackeo) a todo o parte de un sistema informático donde se arriesgaría una pena de presidio por hasta 3 años o una multa de 11 a 20 UTM; interceptación o interferencia indebida y maliciosa de las transmisiones no públicas entre sistemas informáticos (como mail, o whatsapp) arriesgando una pena de hasta 5 años; daño informático, cuando se altere, borre o destruya datos informáticos causando un daño serio al titular de los mismos, con presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años); entre otros.

Por otro lado, el instructivo presidencial que firmó el Mandatario establece las obligaciones para los distintos servicios públicos del Estado y, además, una gobernanza transitoria de ciberseguridad responsable de implementar las diferentes políticas y normas, crear los centros de coordinación ante incidencias informáticas en los diferentes sectores, tanto públicos como privados, que son críticos para los sistemas de información.

Algunas de las medidas que contempla este plan es la designación de un encargado de ciberseguridad de alto nivel en cada servicio y la aplicación y actualización de la normativa técnica sobre ciberseguridad.

Según cifras de la PDI, los delitos informáticos aumentaron 74% en 2017 comparado con 2015.

Con todo, desde el gobierno recordaron que se presentará en los próximos meses el proyecto de ley marco de ciberseguridad, que establecerá la gobernanza definitiva que establece la política nacional de ciberseguridad.