El gobierno espera que la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se apruebe durante el 2020.

El debate para aprobar el proyecto será más largo de lo que querría el gobierno, dijo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en una entrevista en el programa Pauta Bloomberg. El ejecutivo quiere dar suma urgencia al proyecto.

"Lo que tenemos hoy día es un sistema que tiene trabas muy importantes y genera incertidumbre, los plazos se alargan infinitamente, las comunidades no se sienten escuchadas", dijo Schmidt. "El proyecto se hace cargo de estos tres problemas", aseveró.

La licencia ambiental es un permiso clave para las compañías que operan algunas de las minas de cobre y litio más grandes del mundo en Chile. El presidente Sebastián Piñera ganó las elecciones en 2017 con la promesa de reducir el número de permisos necesarios para abrir nuevas minas y para ampliar operaciones existentes. También prometió acortar los tiempos de aprobación de los permisos, y desvincular decisiones polémicas de la política.

El proyecto superó el primer trámite parlamentario la semana pasada, cuando la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma. Ahora, los miembros de la comisión pueden ingresar indicaciones u observaciones al proyecto hasta el 18 de julio, dijo Schmidt.

Después el proyecto será debatido en la comisión de Hacienda y en la sala de la Cámara de diputados antes de comenzar un proceso similar en el Senado.

El Consejo Minero, que representa a grandes mineras como Codelco, Antofagasta Plc. o BHP Group Ltd. Chile, dijo en diciembre que la reforma requerirá mucho trabajo por parte del gobierno, dado que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Aprobarlo en dos años, es decir, a finales de 2020, sería "un exitazo", dijo su presidente Joaquín Villarino.

La propuesta del gobierno ya ha suscitado críticas por parte del presidente de la comisión, Félix González, que es también el presidente del Partido Ecologista Verde de Chile. González anticipó que las discusiones serán complicadas y pedirá que la ley obligue a celebrar plebiscitos vinculantes sobre los proyectos.

"Hacer plebiscitos para todas las decisiones no es admisible", dijo Schmidt. Bajo el proyecto del gobierno "todas las empresas pueden realizar procesos de participación ciudadana, pero no es obligatoria".

Otro punto en el debate es la eliminación del Comité de Ministros que aprueba o rechaza proyectos en última instancia cuando las comisiones técnicas no adoptan una decisión clara. El gobierno propone eliminar este comité y dejar la decisión final en manos de comisiones regionales formadas por técnicos.