Gobierno espera reactivar proyectos por US$ 20 mil millones en próximos siete meses

Expectante está el mundo empresarial en relación a la forma en que el gobierno podrá agilizar la tramitación de los proyectos de inversión para reactivar la economía post pandemia. Es que el Informe de Política Monetaria dado a conocer el miércoles pasado por el Banco Central, donde anticipó que este año la inversión caería un inédito 16%, preocupó a varios gremios, como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que indica que este escenario “nos ha llevado a sostener que se necesita un plan especial para reactivar la inversión si es que queremos salir de la crisis en que estamos lo antes posible”, comenta Patricio Donoso, presidente del organismo.

Trabajar en una “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión” es parte del acuerdo que el fin de semana pasado cerró el gobierno con los parlamentarios y que además de apoyar con mayores ingresos a las familias en medio de la crisis, también contiene una batería de medidas que pretenden incentivar la economía y la inversión. Y por eso, el gobierno ya venía trabajando en el tema, cuenta el ministro de Economía, Lucas Palacios. De hecho, desde el Ejecutivo ya se tiene identificado que en los próximos siete meses debería comenzar la construcción u operación de 90 iniciativas, de cinco sectores -Minería, Energía, Inmobiliario, Infraestructura e Industria- que involucran inversiones por US$20 mil millones y que generaran 31.000 empleos directos en fase de construcción y otros 10.500 en operación.

Es más, para 2021 Economía ya contempla que 111 proyectos iniciarían su construcción u operación, generando más de 30.000 puestos de trabajo en fase de construcción y unos 9.300 durante la operación.

“Desde el inicio de la pandemia, el Presidente de la República me solicitó que lidere esta mesa Público Privada, con la triple finalidad de coordinar y garantizar la cadena de producción y abastecimiento de productos y servicios básicos durante la crisis sanitaria, canalizar, a través de una ventanilla única, las donaciones y ayudas de distintos ámbitos privados -las que vale reconocer que han sido muy significativas-, y agrupar propuestas de colaboración público- privada hacia el futuro, dentro de lo que ha surgido el levantamiento de dificultades o trabas burocráticas para la inversión”, cuenta Palacios.

Añade que desde abril la Oficina de Grandes Proyectos (GPS) está realizando una consultoría institucional con el fin de hacer un diagnóstico de la estructura, capacidades, procesos, sistemas y presupuesto de algún servicio público que requiera implementar mejoras en su eficiencia. El proceso se demorará entre tres a cuatro meses, cuenta. En definitiva, detalla, se está acelerando e intensificando el proceso de modernización del Estado, a través de una estrategia que contempla siete ejes de trabajo, entre los que se encuentran la generación de mejoras de gestión interna en los organismos del Estado, simplificación los procesos de tramitación de permisos y corrección de ineficiencias, corregir problemas de coordinación entre organismos del Estado, incorporar aclaraciones y mejoras a los procedimientos del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), institucionalización de la Oficina GPS y fortalecimiento de GPS Pymes, entre otras. “Este trabajo es crucial para permitir que se gatillen las inversiones ahora, pero también para favorecer las inversiones del futuro”, dice.

¿Se habla de digitalizar permisos y reforzar el SEIA, ideas que son muy antiguas en el mundo de la evaluación ambiental, ¿qué tan factible es que eso se logre en tan poco tiempo? “Estas mejoras al SEIA han sido planteadas anteriormente, pero la realidad que vive hoy nuestro país nos obliga a concretarlas cuanto antes. La crisis sanitaria que enfrentamos es la peor de los últimos 100 años, y su impacto en la economía nos plantea no solo un desafío, sino que también una necesidad en materia de inversión”, responde.

En el mundo privado aplauden la propuesta del gobierno, pero recalcan que esta no es la primera vez que se busca agilizar el trámite de aprobación ambiental de los proyectos de inversión. Por eso, la CChC, propone que se designe a un delegado presidencial en cada región para velar que el proceso ambiental sea expedito. “Dado que nos encontramos en un momento excepcional, que demanda respuestas excepcionales, proponemos que se designe un delegado presidencial en cada una de las regiones del país, cuya principal responsabilidad sea velar por la eficiente tramitación de los proyectos de inversión y, por ende, por la creación de empleo. En la medida en que tengan objetivos y metas claras, así como un sistema público y periódico de reporte, podrían acelerar el proceso de transformar las decisiones políticas en actividad productiva y nuevos puestos de trabajo”, propone Patricio Donoso.

Desde la minería celebran la iniciativa y destacan que el gobierno esté usando como base las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, las que incluyen, enumera Diego Hernández, presidente de la Sonami, aumentar la eficiencia en la tramitación, eliminar duplicidades, mejorar la coordinación entre los órganos de la administración del Estado, promover el establecimiento de criterios claros y uniformes para el otorgamiento de permisos y abordar la falta de recursos en los Servicios mediante distintas estrategias. “Esto incluye la consideración de colaboradores externos para disminuir la presión de trabajo sobre los organismos competentes y la instauración del silencio administrativo positivo”, destaca Hernández.

En la Sofofa también proponen el silencio administrativo en el otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales como posible herramienta para agilizar las inversiones así como también implementar mecanismos que permitan la trazabilidad de dichos procedimientos y la estandarización de criterios de las autoridades que los otorgan. “Considerando la incertidumbre que existe respecto a la duración de la pandemia, es urgente implementar sistemas telemáticos para los procesos de participación ambiental ciudadana y consulta indígena en el SEIA a través de dispositivos tales como la participación telefónica, plataformas web y entrevistas focalizadas”, propone Rafael Palacios, director de Políticas Públicas del gremio.

Claudio Seebach, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, estima que la meta que se impuso el gobierno se debe cumplir “sin disminuir la calidad de la evaluación ambiental” de los proyectos. Por eso, indica, “es necesario allegar mayores recursos al SEA y a los organismos con competencias ambientales relevantes en la evaluación ambiental de proyectos y otorgamiento de permisos sectoriales. Asimismo, se debe permitir realizar procesos de Participación Ciudadana y Consulta Indígena sin poner en riesgo la salud de las personas, mediante el uso de medios tecnológicos adecuados y que aseguren los principios básicos de participación a todas las partes, de forma que dichos procesos no detengan las evaluaciones”, detalla Seebach.

El hecho que la agilización de los plazos de tramitación no implique un relajo de las exigencias ambientales es un tema que en las organizaciones ambientales preocupa. La directora Ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, indica que la reactivación económica debe enfocarse en el bienestar de las personas y en el medio ambiente. “La agilización de los proyectos de inversión no debería equivaler a la disminución de los estándares ambientales que se les piden. Por el contrario, debemos exigirles a los titulares de proyectos que presenten estudios de mayor calidad, lo que evitará las múltiples observaciones que se generan en las evaluaciones ambientales”, señala.

Añade que la evaluación ambiental no es una traba a la inversión, sino más bien una forma de hacerla sustentable en el corto, mediano y largo plazo. “La tardanza en la aprobación de los proyectos no está dada por una burocracia intencional, sino más bien porque los titulares entregan proyectos con declaraciones pobres que deben ser mejoradas en el camino”, dice.

La preocupación es abordada por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien indica que como gobierno “no vamos a flexibilizar ninguna medida ambiental, sino que impulsaremos un desarrollo sustentable con el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado y que tienen tremendos beneficios sociales, económicos y ambientales para el país”.

Señala que ve con “muy buenos ojos” todos los consensos que permitan que el país se recupere del impacto de la pandemia, pero enfatiza que este acuerdo nacional “señala en reiteradas oportunidades que la reactivación económica tiene que ser sustentable, con acento en la protección del medio ambiente, es decir, una recuperación verde. La institucionalidad ambiental preservará los altos estándares y exigencias, procurando siempre la adecuada participación ciudadana”, señala Schmidt.

En Economía también destacan esto. De hecho, Palacios indica que las medidas que impulsa el gobierno apuntan a generar un sistema de tramitación “más moderno y eficiente, pero manteniendo altos estándares medioambientales y de relacionamiento con las comunidades”, dice.