Los cambios que se están impulsando en la industria energética son profundos y se han concretado de manera rápida. El principal objetivo, desde que estalló la crisis social en octubre, ha sido alivianar la carga en las cuentas de luz, que este año han tenido importantes alzas, que se explican por la variación del dólar.

La tarifa consta de tres componentes, de los cuales dos ya han sido abordados por proyectos de ley: generación, mediante la ley corta -que crea un mecanismo de estabilización de precios-, y distribución, respecto del cual se está reformando la rentabilidad de las empresas que operan en este segmento.

Pero hay un tercer componente, la transmisión, que representa el 10% de las tarifas de luz y que hasta ahora no ha sido alterado. Y, dado el aumento del dólar en los últimos meses, podría provocar que las tarifas suban en enero, pese a que se anunció que esto no ocurriría. Esto preocupa al gobierno, que está buscando fórmulas para revisar ese componente y evitar que se concrete algún alza.

Lo que no está claro aún es el mecanismo para materializar este congelamiento. Una alternativa que tiene -por ahora- la ventaja es hacerlo mediante una resolución exenta, lo que evitaría pasar por el Congreso. Un punto a favor de esta opción es que los tiempos apremian, pues este componente se reajusta por ley en enero.

"Actualmente, la Comisión Nacional de Energía (CNE) se encuentra analizando alternativas para estabilizar el cargo en transmisión, segmento que en las tarifas representa un 10%", sostuvieron desde la entidad ante la consulta de PULSO.

Los otros dos ítems

Cuando comenzó la crisis el 18 de octubre, el principal foco del Ministerio de Energía fue congelar el segmento de generación en las tarifas de luz, que representa 70% del total de la cuenta. El movimiento de la cartera, que encabeza Juan Carlos Jobet, fue rápido y en pocos días se logró ingresar y aprobar una ley que estabiliza el ítem para que los clientes no perciban alzas.

Así, las empresas son las que deben asumir el costo financiero, pero que se devolverá antes de 2027.

En distribución se había estado trabajando desde antes en una modificación. El proyecto de Ley Corta de Distribución se ingresó al Congreso luego de la crisis de los medidores inteligentes. El principal objetivo de esta es disminuir la rentabilidad de las empresas a un rango de entre 6% y 8% después de impuesto (actualmente es de 10% antes de impuesto). Luego de la crisis de octubre, la iniciativa comenzó a avanzar más rápido y sólo queda una aprobación en la Cámara para que sea ley. El objetivo, es que se logre incorporar en el proceso de Valor Agregado de Distribución (VAD) de 2021.

"Con la ley que crea el mecanismo de estabilización de precios de energía, el gobierno entregó una propuesta en el segmento de generación. Durante la tramitación de esta iniciativa, el compromiso con los parlamentarios fue analizar una propuesta técnica en el segmento de transmisión. En distribución, actualmente estamos tramitando el proyecto de ley corta que permite ajustar la rentabilidad de las empresas distribuidoras a la realidad de los mercados actuales, y aumentar la transparencia y participación en este proceso tarifario", dijeron desde la CNE.