El gobierno mantuvo casi intacta su postura respecto del proyecto que crea un Ingreso Familiar de Emergencia y anunció ayer el envío del veto sumando unos US$30 millones a su primera propuesta, muy distante de lo que pedía la oposición.

Aun así, este bloque quedó entre la espada y la pared, porque admitían que resultaría políticamente inentendible que terminaran rechazando la entrega de este aporte a las familias, y si bien tuvieron una reunión de emergencia para abordar el punto, ya en la tarde se advertía la complejidad de votar en contra y dejar a los sectores más vulnerables sin ningún tipo de ayuda.

El viernes, La Moneda ya había mostrado sus cartas y ayer, tras el comité político donde se conversó este tema y el oficialismo cerró filas, se terminó de conjugar la fórmula que durante la tarde ingresó a la Cámara de Diputados. Del proyecto original -cuyo contenido fue rechazado obligando a este veto- se mantienen dos materias medulares: el monto del beneficio y que sea descendente en el tiempo, es decir que el bono per cápita sería $65.000 el primer mes; $55.250 el segundo, y $45.500 el tercero.

Se cambia la diferenciación propuesta que otorgaba los $65.000 a las personas del 40% más vulnerable, y un monto menor, de $43.000 a quienes se ubicaban en el tramo siguiente entre el 41% y 60% más pobre. El veto, según explicó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, mantendrá un solo tramo para beneficiar al 60% más pobre.

Y se ampliará el beneficio considerado en el segundo y tercer mes a los mayores de 70 años que reciban pensión básica solidaria y vivan solos. “Los mayores de 70 años tendrán un bono de invierno extendido. Con este veto se mantiene el equilibrio fiscal, y a la vez se plantea la transferencia directa más grande después de la pensión básica para paliar los costos del aislamiento social”, manifestó Sichel, señalando que cerca de 1,8 millones de familias serán beneficiadas.

Lo leve de los cambios introducidos en el veto fueron criticados por los senadores de la oposición. “Subir el gasto de US$802 millones a US$833 millones es algo mezquino. Lamentamos que no haya sensibilidad para apoyar con montos dignos a 2,7 millones de trabajadores independientes e informales”, indicó el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro (DC); mientras que su par Carlos Montes (PS), expresaba: “El veto no mejora sustantivamente el proyecto, deja muchas familias afuera, 177 mil pensionados de invalidez no lograrán acceder y, no entendemos como el gobierno no lo resuelve. Esto será muy engorroso”.

Mientras, los diputados que serán hoy los primeros en pronunciarse respecto de este instrumento, observaban que terminarán apoyándolo. “Vamos a aprobar con la responsabilidad que este bono llegue lo antes posible a las familias más vulnerables aunque el suplemento en US$30 millones no dé cuenta de la crisis social que vive Chile”, aseguraba el diputado Gabriel Silber (DC).

Asimismo, el diputado Manuel Monsalve (PS), acotaba: “El gobierno cometió errores, y al final la acción de la oposición ha obligado a mejorar el proyecto. Si bien en el debate insistiremos que no hay fundamento para disminuir el beneficio a medida que transcurren los meses, mi opinión es que el proyecto debe ser aprobado”.

En el PPD, el jefe de bancada, diputado Raúl Soto, sostenía: “Tenemos que ser responsables, no podemos negarnos a priori a un beneficio económico a las familias, más allá de que lamentamos que el gobierno no haya querido acercarse a nuestra propuesta”.

En el PC y en el Frente Amplio evaluarían entre anoche y hoy el camino a seguir.

En tanto, el gobierno hacía un llamado a la oposición a aprobar el veto durante esta semana, porque de esta forma se podría proceder con el primer pago a fines de este mes.

Por un carril también pedregoso circula el proyecto que busca dar un alivio a los trabajadores independientes con boleta. Ello, porque ayer de forma unánime la Comisión de Trabajo decidió suspender la tramitación de la iniciativa solicitando al Ejecutivo que desglose las dos ideas planteadas: la entrega de un bono especial, y la creación de una especie de seguro ante eventos catastróficos.

“En general el proyecto es muy enredado, la propuesta con el mecanismo más permanente no es para resolver en una sesión, así que me parece lógico separarlo”, indicó la presidente de la UDI y senadora Jacqueline van Rysselberghe. Lo mismo señaló el senador Andrés Allamand (RN), ambos integrantes de la instancia especializada: “Estoy con la idea de no apurar el tranco en este proyecto y generar una instancia de conversación más profunda.

En tanto, el presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier (PS), daba cuenta de la negociación con el gobierno: “Mi inclinación era rechazar este proyecto, pero no tengo problemas en postergarlo. El Ejecutivo expresó su voluntad de retirar la urgencia”.