Finalmente, este lunes el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Reajuste del Sector Público, en el cual también incorporó una propuesta con la que pretende mitigar de manera transitoria el efecto que genera en las isapres la aplicación del fallo GES que dictó la Corte Suprema.

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Eso sí, ni las isapres ni los diputados quedaron conformes con la propuesta, pero por razones muy distintas. Desde la industria consideran que las medidas son insuficientes, mientras que los diputados manifestaron su molestia porque la discusión sobre las isapres se incorporó en el marco del debate del alza de remuneraciones en el aparato estatal.

El gobierno había definido introducir estas medidas en dicho proyecto precisamente para agilizar su tramitación, dado que el reajuste del sector público debe ser resuelto antes de Navidad y las isapres habían advertido que necesitan una solución en diciembre para mitigar la baja de ingresos de 12% promedio que generará el fallo GES desde enero. De lo contrario, alertaron que no podrían sobrevivir más de tres meses con ese menor flujo. Pero la verdad es que tras las declaraciones que hicieron los diputados este lunes, la idea del gobierno de agilizar la tramitación se vuelve cuesta arriba, porque además tampoco hubo mucho apoyo de los parlamentarios a la propuesta de fondo.

En concreto, el Ejecutivo planteó adelantar el procedimiento para fijar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), índice que es calculado todos los años por la Superintendencia de Salud para definir cuáles son los reajustes de precio que pueden hacer las isapres, una vez al año, en los planes de salud producto del incremento de los costos anuales del sistema. Si bien todos los años las isapres pueden ejecutar esa alza en junio, ahora el gobierno propuso adelantar el incremento de precios base 2024 para que se haga efectivo a partir de abril.

Además, de manera excepcional plantearon que el cálculo de dicho indicador se realice de manera distinta: que no se considere “en este procedimiento el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud”. Esta medida generaría que el alza de precios que podrían hacer las isapres sería un poco mayor de lo habitual.

Sin embargo, la Asociación de Isapres calcula que con todo eso, el reajuste que podrán hacer las isapres en 2024 sería cercano a 2,8% promedio. Así, estiman que estas propuestas les permitirían cubrir menos de un cuarto de la baja mensual de 12% que genera en sus ingresos el fallo GES desde enero.

El proyecto también “faculta a la Superintendencia de Salud a determinar el valor que por una sola vez y de forma extraordinaria, podrán incorporar las isapres a todos sus precios finales, a fin de otorgar financiamiento al costo y cobertura de las prestaciones de salud de las cargas menores de dos años de edad”. Ese valor se incorporará en UF a los precios finales de los planes.

Los diputados de la Comisión de Hacienda expresaron su molestia porque el gobierno ingresó estas medidas en el proyecto de reajuste del sector público, y así lo hizo ver la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (CS), durante la sesión de este lunes donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fueron a presentar la iniciativa.

De hecho, Yeomans propuso separar la discusión del reajuste del sector público del adelantamiento del ICSA, y fue secundada por la diputada Camila Rojas (Comunes). El diputado Carlos Bianchi (Ind-PPD) también pidió separar el debate del reajuste salarial del resto de las medidas misceláneas.

Los diputados de la Comisión de Hacienda acordaron iniciar la sesión de este martes escuchando a la ministra de Salud, Ximena Aguilera. También acordaron pedirle al Ejecutivo presentar una indicación eliminando ese artículo, de lo contrario, los parlamentarios estiman que rechazarían esa propuesta.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri (Partido Acción Humanista), coincide con Yeomans en que es necesario separar esta discusión. Al respecto, asegura que “ya sabemos que, por lo menos, lo que tiene que ver con el ICSA llega mañana a la Comisión de Salud, pero estamos en conversaciones, porque efectivamente, yo concuerdo en que quizás no es el mejor minuto para discutir esto en este momento, en conjunto con la ley de reajuste. Necesitamos espacio para darle una discusión de fondo, como corresponde”.

Gazmuri cree que, en caso de que el gobierno fuerce una discusión, se puede arriesgar a que se rechace el tema, y lo mismo opinan otros diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), cree que “hay dos problemas en este proyecto. Uno, la forma, no me parece que sorpresivamente nos incluyan en un proyecto, a última hora, sin haber conversado antes, ni con esta mesa de la Cámara, ni con la Comisión de Salud según entiendo, este tema que es tan sorpresivo y tan estructural. Estamos hablando de un problema significativo en Chile, que no se va a resolver en la discusión de un proyecto tan rápidamente como se requiere para el reajuste de los funcionarios públicos”. Y dijo que el segundo, es un tema de fondo, “porque yo creo que esa no es la solución, aquí se quiere hacer pagar a los propios afiliados de las isapres, lo que tienen que pagar las isapres”.

El proyecto de ley en cuestión señala que “a fin de mitigar los profundos efectos financieros” que tiene el fallo GES “en el sistema de salud en su conjunto, se definen reglas especiales solo para el proceso de adecuación de precios base de los planes de salud correspondiente al período 2024″.

Pero las medidas presentadas este lunes tampoco dejaron conformes a las isapres, pues estiman que en realidad el ajuste de precio que podrán hacer en los planes de salud no les dará oxígeno suficiente como para poder sobrevivir hasta que se apruebe la ley corta de isapres, lo cual debería ocurrir, en el mejor de los casos, en abril del próximo año.

Lo anterior, porque todas las isapres tienen alzas de costos que son distintos. Y el ICSA, que es definido por la Superintendencia de Salud, corresponde al incremento promedio de costos que tuvieron las siete isapres. Ese guarismo, que corresponde a un promedio, determina cuál es la variación porcentual máxima permitida que podrán aplicar las isapres cada año.

Desde la industria calculan que el ICSA 2024 que definirá el regulador por el incremento de costos de salud y subsidios de incapacidad laboral que hubo en 2023 sería de 5% promedio, según la información disponible hasta ahora: es decir, las isapres que hayan tenido costos superiores a esa cifra podrán subir como máximo un 5%, y las que tuvieron costos inferiores a ese guarismo, podrán subir solo lo que les corresponde. Por eso es que desde la Asociación de Isapres calculan que, en promedio, la industria podrá subir un 2,8% los planes de salud. Aquello se compara con la baja de 12% promedio que tendrán desde enero.

El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, comentó que “el ICSA es un mecanismo que permite ajustar parcialmente el aumento anual de los costos de salud y licencias médicas. Y por ley, corresponde que rija desde junio. Debemos ser claros: adelantarlo, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis, y por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es incomprensible que el gobierno, consciente de esto, no proponga una verdadera solución”.