Cerca de un tercio de los recursos adicionales que se requieren al año para la ampliación del subsidio eléctrico a los 4,7 millones hogares pertenecientes al Registro Social de Hogares (RSH), provendrán directamente del Estado. Así lo reveló el informe financiero que acompañó el ingreso del proyecto de ley a la Cámara de Diputados, lo que se materializó este lunes y lo hizo con la máxima urgencia parlamentaria, de discusión inmediata.

En total, el proyecto contempla aportes fiscales que irán al Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) por un total de US$115 millones. La cifra se descompone de la siguiente manera: cerca de US$80 provendrán de la mayor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto, originado por la propia alza en las cuentas de la luz. Dicho monto, de acuerdo a lo explicado por el propio ejecutivo, se calculó exclusivamente del mayor pago que realizan los clientes residenciales, ya que en el caso de los comerciales, pueden usar dichos pagos como créditos tributarios.

Al aporte del fisco se le sumó en las últimas semanas la mayor contribución por casi US$15 millones que provendrá del aumento de multas a las empresas distribuidoras de energía. Una medida que no figuraba en la discusión respecto al subsidio eléctrico hasta los eventos del 1 de agosto, que ocasionaron prolongados cortes de suministro en la zona centro sur del país. Según detalla el informe financiero, la cifra corresponde al promedio de las multas pagadas en el período 2015-2023.

Los US$20 millones restantes ya estaban considerados dentro del pago del subsidio, el cual inicialmente contempló a un universo de beneficiarios, y que provienen directamente del Tesoro Público.

Los otros dos tercios de los recursos necesarios saldrán de distintas fuentes de financiamiento, como el aumento del denominado impuesto verde, como se le conoce al impuesto que grava las emisiones de CO2, que pasará de los actuales US$5 por cada tonelada del contaminante, a US$10 por tonelada.

De acuerdo a las previsiones del informe financiero, suscrito por la directora de la Dipres, Javiera Martínez, dicha fuente de financiamiento aportaría cerca de US$70 millones.

Otra fuente proviene de las rentas que perciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) adscritos al régimen de precio estabilizado, normado por el decreto supremo N°88 de 2019. Dichos recursos provendrán de un cargo transitorio, entre los años 2025 al 2027, para los retiros de energía desde el sistema que hagan actores del Sistema Eléctrico Nacional, los que serán recaudados por el Coordinador Eléctrico Nacional, y que serán descontados de la compensación por dicho costo sistémico.

Según estimaciones del Ministerio de Energía, la recaudación adicional para el subsidio eléctrico con motivo de este mecanismo alcanzaría hasta US$150 millones.

Inicialmente, la ley que creó el subsidio eléctrico contempló un gasto anual por US$120 millones, para cerca de 1,6 millones de hogares. Sin embargo, ampliar los beneficiarios a cerca de 4,7 millones de hogares incrementará las necesidades de recursos anuales por sobre los US$516 millones en 2025, cifra que bajaría a US$478 millones en 2026 y a US$222 millones en 2027. En esa línea, los US$115 millones fiscales representan el 22% de los recursos en 2025, el 32% en 2026 y 51% en 2027.

En total, el gobierno estima que el subsidio demandará US$1.273 millones, de los cuales sólo están cubiertos US$360 millones por la ley original. Así, las necesidades de financiamiento ascienden a US$913 millones requeridos para ampliar el beneficio hasta 2027.

En ese período de tiempo, los US$115 millones de aporte estatal representarán un 36% del gasto total para el subsidio.

La iniciativa ingresó con la máxima urgencia y lo hizo a través de la Cámara de Diputados, dado que modifica ciertos tributos. Tanto el ministro de Energía, Diego Pardow, como los presidentes de las comisiones del ramo del Senado y la Cámara, esperan tener aprobado el proyecto durante octubre.

El diputado Marco Sulantay (UDI), presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, enfatizó en el compromiso de tramitar el proyecto “en un calendario expedito”, aunque reconoció “las complejidades que tiene el proyecto, con ítems de recaudación que van a afectar probablemente a sectores, y lo vamos a tratar de llevar lo mejor posible en la discusión”.

Y aunque afirmó que “no vamos a ser nosotros en el Congreso, ni en la oposición, los que vamos a bloquear un beneficio para nuestra gente, sí vamos a estar muy atentos a esa discusión para que los distintos sectores sean representados” en la tramitación. En esa línea, Sulantay calificó como “insuficiente el aporte del Estado”, por lo que pedirán que sea más amplio.

“Nosotros esperamos que a fines de septiembre, la Cámara de Diputados ojalá tenga ya el proyecto despachado, de manera tal que en los primero días de octubre y con discusión inmediata, lo podamos sacar con el sentido de urgencia, y que llegue ojalá a mitigar las alzas de octubre”, dijo el presidente de la comisión de Minería y Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS).

El senador agregó que pedirán revisar todas las cifras de financiamiento, incluyendo “que el IVA sea el correcto, que el IVA neto no sea un tercio del IVA bruto, por ejemplo”, aunque valoró la inclusión del aumento de las multas a las distribuidoras para dar con mayores recursos.

“Veo que la oposición está haciendo sus aportes, tendrá derecho a votar como estime, pero lo importante es ir en favor del usuario para que esto sea un buen proyecto”, remarcó.

Pardow agradeció que exista colaboración de todos los sectores políticos, y especialmente porque los diputados sostendrán dos sesiones extraordinarias para ver el proyecto en un mes marcado por la semana de Fiestas Patrias. “En octubre también hay feriados, pero la idea es sesionar tantas veces como sea necesario”, remarcó.

Con todo, no descartó que el subsidio pueda combinarse con el pago de compensaciones de las empresas por los cortes de suministro. “Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, está el proceso de estabilización, están las compensaciones de la Ley General de Servicios Eléctricos, está también el subsidio que se va a pagar pronto (...) y todas estas cosas se juntan en una misma boleta”, destacó.

El envío del proyecto generó distintas reacciones en las organizaciones ligadas a la generación eléctrica nacional. Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile -que representa al 73,4%% de la generación en el país- cuestionó que “la fórmula presentada por el gobierno afecta la predictibilidad regulatoria necesaria de una industria que es estratégica para el desarrollo y la reactivación económica que Chile requiere y que las personas ansían”, y plantearon que además la propuesta “recarga la responsabilidad del financiamiento en los mismos actores que, durante cuatro años, asumieron el costo de sus contratos adjudicados por el Estado de Chile”.

Desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), enfatizaron en “la importancia de contar con un espacio de debate adecuado y el tiempo necesario para evaluar las implicancias de estas iniciativas”, ya que alertaron que la recaudación por IVA neto “podría ser significativamente mayor a lo proyectado por el Ejecutivo, lo que permitiría cubrir una parte sustancial del subsidio que se busca implementar, sin alterar reglas cruciales para el desarrollo de la escala Utility y PMGDs, y la transición energética del país”.

Darío Morales, director ejecutivo de Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), puntualizó en la recaudación vía rentas de PMGDs, afirmando que la medida “pone en riesgo la certeza jurídica en Chile y podría reducir significativamente el atractivo del país como destino de inversión en tecnologías limpias”, desalentando inversiones “en proyectos clave como el almacenamiento de energía, el hidrógeno verde y otras infraestructuras estratégicas”.

Por su parte, Rafael Loyola, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), estimó que “en cuanto a los PMGD, el proyecto omite abordar el tema de fondo, que es cómo terminar de forma razonable con el actual subsidio cruzado que distorsiona el precio de la energía a los clientes, ya que, a nuestro juicio, deberían salir a competir como cualquier otro generador”.