El gobierno ingresó con urgencia suma al Senado el proyecto que protege el empleo que permite el uso del Seguro Cesantía para atenuar las pérdidas de ingresos que podría ocasionar la crisis sanitaria.
El proyecto contempla medidas para proceder a la reducción de jornada, establece las condiciones para ese procedimiento y define cómo se pagará la remuneración en esos casos. Si bien pese a las sugerencias de los senadores de oposición, el gobierno mantuvo el orden de prelación en el sentido que primero se recurrirá a las cuentas individuales y después al Fondo Solidario, propone un uso proporcional del 10% del Fondo Solidario en todos los pagos.
El proyecto señala que la suscripción del acuerdo implicará que la empresa pagará lo correspondiente a la nueva jornada, y el resto del salario se complementará con un 25% del promedio imponible de los últimos 3 meses (si se reduce la jornada en un 50%) de cargo del Seguro por un límite máximo de $225.000. “El Fondo de Cesantía Solidario aportará a la cuenta de capitalización individual (en estos casos) el monto equivalente a 10% del complemento”, indica textual el artículo 11.
El articulado que fue enviado a las comisiones de Trabajo y Hacienda permite la reducción de jornada por un mínimo de 1 mes a un máximo de 5 meses continuos para trabajadores con contrato indefinido, y de 3 meses para aquellos con plazo fijo. Para aplicar esta reducciónde hasta un 50% de la jornada, las empresas deben cumplir ciertas condiciones: tener una disminución de sus ventas promedio de al menos 10% en los últimos tres meses; tener pérdidas tributarias en la declaración 2020; encontrarse en procedimiento concursal de reorganización, liquidación o asesoría económica.
Los trabajadores también deben cumplir requisitos como registrar 10 cotizaciones en el Seguro; que las últimas 3 hayan sido con el mismo empleador; y no contar con fuero.
El texto también aumenta en 10% el porcentaje de reemplazo del sueldo a quienes queden cesantes.
El Informe Financiero indica que el costo fiscal del proyecto será de $42 millones localizado en los cambios que se deben hacer al portal electrónico de la Dirección del Trabajo.