Cerca de terminar. O al menos así pareciera ser el panorama respecto a la polémica tramitación por la que ha pasado el proyecto de ley que busca fortalecer al Servicio Nacional al Consumidor (Sernac).
Esto, luego de que ayer el gobierno decidiera acudir al Tribunal Constitucional (TC), para aclarar y resolver la iniciativa, sobre la cual la Contraloría General de la República decidiera no tomar razón de su decreto promulgatorio, por considerar "inconstitucionales" alguna de las nuevas atribuciones que se le otorgaba al Servicio, tal como lo había planteado el propio TC en su momento.
El ingreso del requerimiento se materializó ayer por la tarde, luego de una reunión entre el ministro de Economía, José Ramón Valente y el titular de la secretaría general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en La Moneda.
La historia
Los antecedentes del caso son de larga data. Específicamente el martes 3 de junio del año 2014, el entonces gobierno encabezado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, ingreso a la cámara de Diputados el proyecto de ley para modificar las atribuciones del Sernac, considerando que "el sistema carece de herramientas disuasorias suficientes y de formas eficaces de resolver conflictos que afectan a una gran cantidad de chilenos".
Sin embargo, la iniciativa tuvo múltiples detractores en la época, lideradas por La CNC, CCS, Sofofa y la Asociación de Bancos, quienes entre otras críticas, apuntaban principalmente a que las nuevas facultades sancionatorias del Servicio excedían sus facultades, "siendo juez y parte, como se enfatizó en muchas oportunidades.
Lo anterior, entrampó su tramitación, y llevó a que su aprobación en el Congreso tardara casi 4 años. Sin embargo, eso no fue suficiente para su promulgación.
¿La razón? La Cámara Nacional de Comercio ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional para frenar el despacho de la ley, lo que fue duramente criticado por la administración anterior.
Tras tres meses de revisión, el TC declaró inconstitucionales los principales ejes de la ley; es decir, las facultades sancionatorias y normativas del nuevo Sernac.
Así, a pocos días antes de dejar la presidencia, Bachelet firmó la iniciativa legal, dejando en manos del Presidente Sebastián Piñera su futuro. Sin embargo, en el oficio enviado al gobierno, el Parlamento revivió parte de la facultad sancionatoria que había declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional (TC), por lo que el nuevo gobierno decidió enviar el proyecto a la Contraloría General de la República (donde la CNC nuevamente ingresó un texto preventivo para evitar su promulgación).
Incluyendo un aplazamiento de plazos, la Contraloría decidió, a principios de este mes, no tomar razón del decreto de promulgación del proyecto, enfatizando en los artículos considerados inconstitucionales por el TC, devolviéndolo al Ejecutivo, que ayer decidió ingresarlo nuevamente al TC.
Así, el futuro del proyecto se prevé sea tal como lo había señalado el Tribunal, es decir, sin las facultades sancionatorias ni normativas.
