Un costo aproximado de US$ 2.000 millones involucra el reajuste del sector público acordado entre el gobierno y 10 gremios del sector público, según el Informe Financiero que acompaña el proyecto que ingresó hoy al Congreso.
Con todo, de acuerdo al informe financiero del texto, la iniciativa contempla $99.987 millones este año y $1.142.777 millones el próximo, lo que equivale a unos US$1.616 millones al dólar actual ($769).
La iniciativa calificada con discusión inmediata será vista hoy por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Cabe recordar que el reajuste se dividirá en dos tramos: uno, de 0,7% para los ingresos sobre los $2 millones, y otro de 2,8% para quienes cuenten con una renta menor a $2 millones.
El Informe Financiero indica que los incrementos serán financiados con "los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos, y si correspondiera, con asignaciones presupuestarias y/o transferencias desde el Tesoro Público".
En términos de costo obviamente, en 2020, el mayor costo es el reajuste por $585.614 millones, seguido por $108.355 millones del bono de vacaciones al sector activo; de $85.155 millones por bono de invierno al sector pasivo; y de $65.888 millones por aguinaldo de Fiestas Patrias del sector activo.
En cambio, en lo que resta de este año, el mayor desembolso ocurrirá por el aguinaldo de Navidad del sector activo por $46.753 millones, mientras que el reajuste propiamente tal impactará en $40.905 millones.
Este proyecto contempla diferenciaciones por renta también en las bonificaciones, y contiene varias particularidades para casos específicos por ejemplo una bonificación extraordinaria trimestral para enfermeras y matronas de los servicios de salud por $260.528; un bono extraordinario de desempeño laboral para los asistentes de la educación dependiendo de la jornada que fluctuará entre $164.234 y $279.806; otro bono especial para los funcionarios del Instituto Médico Legal; un bono anual para zonas extremas de $132.298 para las rentas inferiores a $790.020, que se extenderá a los funcionarios de las universidades de esas regiones (en distinta cuantía); entre otros.