Gobierno inicia ofensiva para alinear a gremios con su propuesta de reducción de jornada

Junto con buscar alinear a los parlamentarios oficialistas, el gobierno y, en específico, el Ministerio del Trabajo inició una ofensiva para explicar y unificar al empresariado bajo su propuesta de reducción de jornada a 41 horas promedio.

Esto, porque desde que se conoció la nueva idea del gobierno, las reacciones tanto de los grandes empresarios como de las pymes no han sido del todo positivas e incluso han generado discrepancias entre los gremios.

La estrategia del Ejecutivo se divide en dos: primero, según cuentan fuentes conocedoras del proceso, se reunirán con los representantes de las pequeñas y medianas empresas para explicarles cómo se piensa implementar la medida, y por qué consideran que no tendrá impacto en el empleo. Esta puesta en escena ya comenzó a concretarse el lunes, en una reunión entre representes de Trabajo y la directiva de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme).

Además, este gremio junto a la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y la Multigremial le pidieron al Ejecutivo conformar una mesa técnica para analizar los sustentos de la propuesta.

Las principales inquietudes que tienen las pymes apuntan a la falta de datos concretos sobre el impacto que una medida como esta pueda tener en el empleo y la productividad. Desde la Multigremial de Emprendedores, su presidente, Juan Pablo Swett, instó al Ejecutivo para que presente, en esta o en las próximas reuniones, "los estudios que avalan su proyecto, porque necesitamos estos antecedes para poder tomar una decisión", remarcó.

En tanto, el presidente de Conapyme, Marcos Carter, dijo que su preocupación radica en que se deba incluir en la iniciativa puntos que "reflejen la realidad laboral de los diferentes sectores". Asimismo, apuntó que "luego de la última reunión que tuvimos con el ministro (Nicolás) Monckeberg, hemos quedado bastante tranquilos de que en la indicación que se va a introducir va a estar reflejado el sentir de los trabajadores".

Desde el Ejecutivo sostienen que una vez que se conozca el detalle de la indicación, las pymes y los grandes empresarios apoyarán su propuesta. Esto, porque afirman que la gradualidad será clave en el impacto en el empleo, la cual tendría un plazo no menor a 6 años y su aplicación sería por igual para pymes y grandes empresas.

Pero no todas las pymes han sido contactadas, ya que la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado (Conupia) acusa que "desde hace tiempo que el gobierno no nos convoca", aseveró el presidente de la asociación, Roberto Rojas.

Luego de reunirse con las pymes, el gobierno iniciará la ofensiva con los grandes empresarios, quienes han reaccionado de manera distinta al proyecto. De hecho, este tema fue abordado ayer en el Comité Ejecutivo de la CPC. Entre los principales puntos que se comentaron fue la carencia de datos y estudios sobre el tema, por lo que esperan que a medida que avance la discusión haya más evidencia de que no tendrá impacto en los costos laborales.

El presidente de la CPC, Alfonso Swett, señaló que "preferimos esperar las indicaciones, porque queremos ser parte de la solución; no solo ser parte de las críticas y en eso estamos". Consultado por las declaraciones que realizó el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, quien dijo que la importancia de la discusión radicaba en la flexibilidad, más allá que en la reducción de jornada misma, Swett acotó que su rol "no es ser comentarista ni entregar opiniones sobre las opiniones. Nuestro rol es mantenernos unidos".