La preocupación por el daño en el crecimiento económico que está provocando la crisis social y los actos de delincuencia ya era creciente al interior del gobierno, pero esa visión aumentó aún más luego de conocer que la actividad cayó 3,4% en octubre.

Con este escenario de fondo, el gobierno echó mano a mayor gasto fiscal y anunció un plan de reactivación económica, que considera medidas por US$4.800 millones que se suman a la capitalización de Banco Estado US$500 millones y el apoyo crediticio a las mipymes vía Corfo, totalizando con ello un paquete por US$5.500 millones.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, detalló que esa cifra se distribuye en un mayor gasto público por US$3.025 millones, medidas de apoyo a las mipymes por US$1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones, donde se incluyen concesiones y la reconstrucción del Metro.

El ministro precisó que todas estas medidas son mayoritariamente de carácter transitorio y concentrado en apoyar la creación de empleos, de forma directa o indirecta vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño.

Este desembolso significará que el alza del gasto público contemplado para el presupuesto 2020 pasará de 4,5% a 9,8% real en 2020, comparado con la Ley de Presupuestos de 2019.

De acuerdo con el gobierno, con estas medidas se proyecta que se generarán unos 100 mil empleos el próximo año.

En medio del anuncio, el ministro Briones hizo un llamado para trabajar en conjunto y sacar adelante la agenda social. "Quisiera terminar estas palabras con un llamado a construir una hoja de ruta social compartida, con miras a la agenda social. Durante muchos años no fuimos capaces de ver y empatizar a cabalidad las sentidas demandas en materia de pensiones, transporte, salud, remedios, ingresos laborales, entre otros", dijo.

Briones subrayó que "es hora de reconocer estas demandas por parte de quienes somos y hemos sido autoridades (...), debemos enmendar definitivamente el rumbo y trazar una hoja de ruta social compartida, que nos permita seguir avanzando de forma creíble y responsable. No podemos volver a fallar aquí y deshonrar las expectativas que los chilenos y chilenas depositan en nosotros. Los sucesivos gobiernos deberán comprometerse a mantener y profundizar esta hoja de ruta social".

Pero, el secretario de Estado, indicó que, para "avanzar en esta dirección, es vital también restablecer la senda de crecimiento, lo que a su vez requiere del compromiso de todos de buscar un acuerdo que condene sin tapujos y ponga fin a la violencia que hemos vivido. Es un deber de todos los chilenos y chilenas, no solo de todos los que somos autoridades, porque no nos engañemos, sin crecimiento económico se hace inalcanzable cualquier avance social en pos de un Chile más unido y en que todos participemos mejor de mejor forma del desarrollo". En esa misma línea siguió el titular del Interior, Gonzalo Blumel. (ver página 3 de La Tercera)

El plan reactivar se divide en tres ejes: protección del empleo y de los ingresos familiares; mayor inversión pública: reconstrucción y reactivación económica y apoyo a las Mipymes. Si bien durante la jornada estuvo presente la idea de entregar un bono, finalmente se decidió no avanzar en esa dirección.

El primero de ellos tiene como objetivo proteger el empleo. Y dentro de este punto se menciona que en el caso de las empresas que acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por la crisis, los empleadores y los trabajadores dependientes afiliados al Seguro de Cesantía podrán pactar jornadas reducidas, en cuyo caso, los trabajadores podrán obtener un complemento desde el Seguro de Cesantía. Para ello se enviará proyecto de ley. Además, se fortalecerá este seguro de manera transitoria: Se aumentarán las tasas de reemplazo de los primeros tres giros para el contrato indefinido y de los primeros dos giros para el contrato a plazo fijo en 10 puntos porcentuales.

Se considera también para la cuenta individual de cesantía disminuir el mínimo de 12 a 10 cotizaciones continuas o discontinuas para el trabajador con contrato indefinido, entre otras medidas. Dentro de esta área también se destinarán recursos públicos para acelerar la transición del componente solidario de pensiones, una vez aprobada la ley. El costo anual será de US$ 400 millones por dos años.

El segundo eje tiene relación con mayor inversión pública: reconstrucción excluyendo Metro por US$ 921 millones, proyectos de inversión en regiones por US$ 480 millones, construcción de vivienda, subsidios y mejora de barrios por US$ 350 millones, entre otros.

El último eje se enfoca en las pequeñas y medianas empresas. Devolución anticipa de impuesto a la renta, facilidades para el pago del IVA, un régimen especial para donaciones a pymes. Y un nuevo proceso para acelerar el pago del Estado a proveedores pymes.

Plan de US$5.500 millones

Los US$5.500 millones se distribuyen en US$3.025 millones de mayor gasto fiscal, US$1.950 millones en apoyo a Mipymes y otras por US$525 millones. Se estima que el Plan de Recuperación Económica y Protección de Empleo generará unos 100 mil puestos de trabajo el próximo año.

Protección al empleo

-Las empresas que acrediten impacto por la crisis podrán pactar jornadas reducidas y los sueldos serán complementados con el seguro de cesantía. (Vía ley)

-Seguro de Cesantía: subir en 10 puntos tasa de reemplazo para primeros tres giros en contrato indefinido.

-Para el fondo solidario de cesantía se propone disminuir el requisito de 12 a 10 cotizaciones mensuales.

-Aceleración transición del componente solidario de pensiones.

Más inversión y apoyo a Mipymes

-Entre la inversión anunciada se incluye la reconstrucción, excluyendo Metro, por US$ 921 millones; Proyectos de inversión en regiones por US$ 480 millones; Construcción de vivienda, subsidios y mejora de barrios por US$ 350 millones, y otros.

-Para apoyar a las Mipymes afectadas por la crisis se realizarán, entre otras medidas: devolución anticipada de impuesto a la renta, facilidades para el pago del IVA y un régimen especial de donaciones para MiPymes.

Menor PIB y mayor deuda

Hacienda bajó otra vez las pronósticos de crecimiento. Para 2019 a 1,4% y 2020 entre 1% y 1,5% (centrado en 1,3%).

El déficit estructural el próximo año será 3% del PIB. El déficit fiscal se elevará a 4,4%. El gasto fiscal subirá 9,8% real en 2020. Para financiar este déficit (de unos US$ 16.576 millones en 2020) se usará deuda por U$ 9.000 millones y fondos soberanos por US$ 7.576 millones.