Enero se ha convertido en el mes en que se han concretado las dos mayores reformas al actual sistema de pensiones del país. La iniciativa con que se creó el Pilar Solidario se despachó del Congreso el 16 de enero de 2008 durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Catorce años y diez días después, este miércoles el gobierno del Presidente Piñera logró que el Congreso despachara el proyecto que reemplaza el Pilar Solidario por una Pensión Garantizada Universal (PGU), luego de la aprobación que dio la Cámara de Diputados. En ambos casos, la votación fue unánime.

Esto significa que los beneficios empezarán a pagarse desde la tercera semana de febrero para aquellos que hoy se encuentran dentro del Pilar Solidario. Por otro lado, los diputados también aprobaron el proyecto que financia la PGU, por lo que también quedó despachado del Congreso.

En el total, la PGU tiene un costo fiscal de 0,95% del PIB, y el financiamiento aprobado por el Parlamento recaudará 0,66% del PIB.

La PGU contempla un monto de hasta $185.000 para todos los adultos mayores de 65 años o más, que no se encuentren en el 10% más rico de la población, y reemplaza los beneficios del actual Pilar Solidario.

En total, serán 2.481.798 personas que accederán a los beneficios. De ellas, 2.158.278 pertenecen a la PGU y 323.520 al Aporte Previsional Solidario de Invalidez.

Recibirán íntegros los $185 mil quienes cuenten con una pensión base igual o menor a $630.000 mensuales. Para las personas que posean una pensión base superior a $630.000 y menor a $1.000.000, el monto del aporte del beneficio irá disminuyendo.

Al respecto, la Superintendencia de Pensiones informó que instruyó al IPS, las AFP, compañías de seguros de vida, el Instituto de Seguridad Laboral y mutuales, sobre los procedimientos y plazos para la implementación de la PGU.

El proyecto que creó el Pilar Solidario tardó un año en tramitarse en el Congreso. Para la PGU, en cambio, fueron cinco semanas de tramitación desde que el gobierno ingresó esta idea a la Cámara de Diputados el pasado 21 de diciembre.

Todo un récord, más aún para un proyecto de pensiones que fue calificado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, como “una de las reformas más importantes, tal vez de los últimos 40 años, junto con la que hizo la Presidenta Bachelet en 2008. Esta yo creo que es una reforma tan importante o incluso más importante que esa”.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, se sumó a las celebraciones: “Este es un hito en la seguridad social de Chile, es el cambio más sustancial en las últimas décadas”. El Presidente Sebastián Piñera publicó en su cuenta de Twitter: “Nuestro compromiso es mejorar la vida de los adultos mayores. Lo cumplimos ampliando y fortaleciendo Pilar Solidario y creando la #PensiónGarantizadaUniversal, que hoy aprobó el Congreso y que beneficiará a 2,4 millones de adultos mayores con $185 mil mensuales que se sumarán a sus pensiones”.

De hecho, fueron varios los ministros y subsecretarios que asistieron este miércoles a la Sala de la Cámara de Diputados para presenciar la votación de uno de los temas que más empujó el gobierno durante el mandato del Presidente Piñera: pensiones.

Entre ellos, estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda; Trabajo, Patricio Melero; de Desarrollo Social, Karla Rubilar; de la Segpres, Juan José Ossa; así como los subsecretarios de Previsión Social, Pedro Pizarro; de Hacienda, Alejandro Weber; y de la Segpres, Máximo Pavez. También estuvo la directora de Presupuestos, Cristina Torres.

Lo cierto es que llegar hasta esta aprobación no fue tarea fácil para el Ejecutivo. Tuvieron que pasar tres ministros del Trabajo (Nicolás Monckeberg, María José Zaldívar, y el ahora ministro Melero), tres ministros de Hacienda (Felipe Larraín, Ignacio Briones, y el ahora ministro Cerda), y cinco ministros de la Segpres (Gonzalo Blumel, Felipe Ward, Claudio Alvarado, Cristián Monckeberg, y el ahora ministro Ossa).

Todos ellos tuvieron a las pensiones entre sus prioridades por mandato del Presidente, y en algún punto impulsaron alguna de las reformas previsionales que presentó el gobierno. La primera fue la llamada ley larga, con cambios a la industria de AFP y un alza en las pensiones solidarias. Esta iniciativa solo vio la luz en la Cámara de Diputados en diciembre de 2019 bajo el liderazgo de Zaldívar en Trabajo y Briones en Hacienda, pero no pudo sortear con éxito su trámite en el Senado.

Tras el estallido social, el gobierno decidió separar de la ley larga el aumento de las pensiones solidarias, para ingresarlo mediante una ley corta que aumentó en 50% la Pensión Básica Solidaria (PBS) y en hasta 70% el Aporte Previsional Solidario (APS), beneficiando a 1,7 millones de pensionados. Ese proyecto se aprobó a inicios de diciembre de 2019.

Sin embargo, quedaba pendiente una “segunda etapa” parar mejorar las pensiones, según reiteró en varias ocasiones el Presidente Piñera, con el objetivo de mejorar las pensiones de las mujeres y la clase media.

En 2020 el gobierno intentó insistir con la ley larga en el Senado, pero llegó la pandemia y con ello los retiros de AFP. Con el objetivo de llegar a un acuerdo, en marzo de 2021 el Ejecutivo tuvo la idea de ingresar indicaciones a la ley larga aumentando la cobertura del Pilar Solidario desde el 60% al 80% de la población. Sin embargo, el escenario ya había cambiado luego de los retiros, y los acuerdos con la oposición no avanzaron en el Senado.

Así fue como el 20 de septiembre de 2021 el gobierno ingresó al Congreso una nueva ley corta de pensiones con el principal objetivo de ampliar el Pilar Solidario al 80% de la población, dejando de lado las modificaciones a la industria y el alza de cotización en 6 puntos porcentuales que contemplaba la ley larga, entre otras materias.

Tampoco tuvo éxito. El 28 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó el cuarto retiro del 10% con un voto más del requerido y el proyecto pasó al Senado. Al día siguiente, los diputados de la Comisión de Trabajo votaron la ley corta de pensiones, aprobando una serie de indicaciones inadmisibles y cambiando por completo el proyecto que había ingresado el Ejecutivo. Hacienda acusó que el proyecto quedó desfinanciado.

Luego, el gobierno congeló la tramitación de este proyecto, argumentando que estaban preocupados por el impacto que pudiera tener un eventual cuarto retiro sobre el Pilar Solidario. Así, definieron retomar una vez que se votara ese proyecto.

El 4 de diciembre la Cámara de Diputados rechazó cuarto retiro de fondos de AFP. Y cuatro días después el gobierno anunció que ingresaría un proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), lo cual finalmente se concretó mediante el ingreso de indicaciones el 21 de diciembre, reemplazando el articulado de toda la ley corta que estaba en el Congreso.

Jugó a favor de la aprobación de esta iniciativa que justamente una pensión universal fue algo que plantearon todos los candidatos presidenciales durante sus respectivas campañas.

En la primera reunión que sostuvo Piñera con el presidente electo Gabriel Boric, también le pidió colaboración con la PGU, y de ahí en adelante la coalición del futuro mandatario se sentó a conversar con el Ejecutivo para alcanzar acuerdos en esta materia, principalmente en el tema de financiamiento.

Así, para financiar el proyecto se aprobó una tasa de impuesto único a las ganancias de capital del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, una reducción transitoria por dos años y posterior eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras en el IVA, la eliminación de los beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas DFL 2 antes de 2011.

También se aprobó la afectación de IVA a los servicios, impuesto a la herencia para los seguros de vida, se elimina el crédito por inversiones en activo fijo del artículo 33 bis LIR respecto de las grandes empresas, se homologa el tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros a su tratamiento financiero contable, se aumenta la tasa marginal de la sobretasa de impuesto territorial para el tramo más alto, de 0,275% a 0,425%; se crea un nuevo impuesto a bienes de lujo; y se moderniza el sistema de concesiones mineras.