En la mañana de este martes varios diputados de la Comisión de Hacienda solicitaron al gobierno más tiempo para discutir algunos temas relacionados con la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII). incluso rondó la idea de que la sala de la Cámara lo analizaría la próxima semana, pero nada de eso ocurrió finalmente. La comisión aceleró el paso durante la jornada de la tarde y logró aprobar y despachar a la sala el proyecto de antievasión y elusión del gobierno.
Si bien la iniciativa está puesta en tabla para la sesión de este miércoles, todavía no es claro que se comience a analizar, puesto que se debe redactar el informe de la comisión, con las indicaciones votadas.
Entre los cambios que presentó el gobierno para la gobernanza del SII está el hecho de que se incorpora a los subdirectores del SII al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), lo que permite dotarlos de una mayor independencia en el ejercicio de su función.
Asimismo, se establecerá en la Ley Orgánica del organismo la existencia de las subdirecciones de Fiscalización, Normativa y Jurídica para que participen en las decisiones colegiadas a nivel nacional. Así, una subdirección deberá estar a cargo de la contraloría interna y otra subdirección deberá estar a cargo de las tecnologías de la información.
También se establecen nuevas decisiones colegiadas. Según la propuesta del gobierno, se crean cuerpos colegiados a nivel nacional (Comité Nacional) y regional (Comité Regional) que tendrán por función decidir sobre aquellas materias calificadas como casos relevantes o de interés institucional.
Algunos legisladores plantearon la idea de que el director del SII fuera designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado. No obstante, esa propuesta de inmediato fue descartada por el Ministerio de Hacienda.
En otro tema, la norma general antielusión logró avanzar, aunque sólo con los votos del oficialismo.
Ante el rechazo que tuvo por parte de la oposición, y las dudas sobre la gobernanza propuesta para el SII, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó esa actitud: “No sé si tenemos conciencia de lo que hay al frente del SII. Hace unos días se hizo un gran aspaviento de un informe del CEP que decía que la evasión de las empresas podría ser 10 puntos menos que el que mostró el informe del SII. Yo me pregunto ¿qué diferencia hace tener un 40% de evasión de primera categoría?”. En ese sentido, el secretario de Estado añadió que “para llegar a ese 40% no es por la vía de la informalidad”. Y por lo mismo, dijo que “detrás de eso hay una industria de la asesoría tributaria. La idea de que el SII debe tener menos facultades, no sé si entendemos lo que está detrás de la evasión y elusión de impuestos en Chile”.
Entre las indicaciones propuestas por el Ejecutivo para la norma antielusión se regula expresamente la carga de la prueba, señalando que el SII debe acreditar el abuso o simulación, pero el contribuyente es el obligado a acreditar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes o que su operación está dentro de las posibilidades que otorga la legislación tributaria.
Se regula expresamente que el contribuyente siempre conocerá la opinión del Consejo Asesor Consultivo (CAC). También se reconoce la posibilidad de presentar en juicio la opinión del CAC, tanto al contribuyente como al SII. Otro cambio propuesto es que los miembros del CAC serán remunerados por sus funciones, con una dieta de 50 UTM por cada terna que les corresponda conformar.
También se aprobaron las materias relacionadas con la repatriación de capitales y la eliminación de la exención tributaria a importaciones menores a US$41, entre otras.
El lunes, en tanto, se aprobaron con votos de una parte de la oposición los cambios al secreto bancario, que consiste en un mecanismo abreviado sin información ni consulta al contribuyente para casos acotados en los cuales están involucrados delitos tributarios u otras materias donde es imprescindible el acceso a esa información para aplicar otras normas, como las relacionadas a precios de transferencia o préstamos al interior de un conglomerado económico. Pero no tuvo la misma suerte en las modificaciones que el Ejecutivo había presentado para el denunciante anónimo, por lo que sólo avanzó con el apoyo del oficialismo. De esta manera, la comisión aprobó el pago de recompensa para el denunciante anónimo y no la indicación que eliminaba esa recompensa.
Ya al término de la votación, Marcel sostuvo que “este proyecto busca no sólo recaudar, sino que también tener un sistema tributario más justo, donde todos pagan los impuestos que les corresponden”.