En el marco de su segunda cuenta pública, correspondiente a su segundo mandato, el presidente Sebastián Piñera hizo un pequeño guiño a uno de los minerales más populares y demandados del momento: el litio.
El jefe de Estado adelantó en su mensaje que su administración anunciará "pronto" una Política Nacional del Litio que, en sus palabras, permitirá a Chile agregar valor y aprovechar en plenitud este valioso recurso mineral.
No se trata de la primera iniciativa del gobierno en esta materia. El año pasado, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, confirmó la creación de una comisión especial de la entidad que preside y que se iba a enfocar en este mineral. Dicha instancia también tendría la misión de supervisar los acuerdos firmados con SQM y la estadounidense Albemarle.
Ambas empresas explotan litio en el Salar de Atacama, propiedad del Estado y que administra la Corfo.
A ello se suma la creación del Instituto Nacional de Litio que se levanta en Antofagasta y que la propia Corporación aspira a que se sumen otros tres, vía licitación.
Estas y otras iniciativas tienen un rumbo claro: dar valor agregado al mineral cuyo precio ha explotado en los últimos años debido al boom de los autos eléctricos que necesitan litio para la fabricación de las baterías que permite almacenar la energía.
Precisamente en ese esfuerzo, la Corfo se enfrentó con Albemarle, específicamente por el precio preferente que deben entregar a los productores que den valor agregado al metal y que se establezcan en Chile.
Pierde terreno
Chile tiene una de las mayores reservas probadas de litio y ventajas únicas para su extracción y transporte hacia terminales portuarios para ser exportados. Sin embargo, ha ido perdiendo terreno frente a competidores como Australia o Argentina.
Chile tiene aproximadamente una participación del 20% de la producción global de litio, un descenso frente al 36% de hace solo cuatro años, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
De acuerdo a un reciente artículo de Reuters, las mineras dicen que el problema de Chile está en que el gobierno todavía tiene que dar directrices para obtener el denominado CEOL: Contrato Especial de Operación de Litio.
A esto se suma que la autoridad tampoco ha establecido un sistema uniforme de regalías o impuestos que ayude a los inversionistas a evaluar los riesgos.
Reuters consignó que ningún nuevo jugador ha logrado los permisos para iniciar producción desde que los precios del metal despegaron en 2014.
