Casi el 60% del contenido de una bolsa de basura de una familia promedio en Chile corresponde a desechos orgánicos, según cifras del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). O sea, principalmente restos de verduras, frutas o jardín. Este material es el que prima en rellenos sanitarios y es un gran productor de metano, uno de los gases de efecto invernadero (GEI). Justamente, antes de que termine el primer semestre de este año, el gobierno presentará al Congreso el “proyecto de ley que promueve la valorización de los residuos orgánicos y fortalece la gestión de los residuos a nivel territorial”. O sea, una ley de reciclaje de residuos orgánicos.

La propuesta se suma a otras en la misma línea, como el programa Reciclo Orgánicos, la elaboración de una Estrategia Nacional de Residuos (Enro) y el programa Comunas Circulares. Además, se complementa con la Ley de Reciclaje (REP), que ya comenzó. De hecho, del 40% restante de una bolsa de basura, el 26% corresponde a envases y embalajes, el producto prioritario de la REP que comienza en septiembre de 2023. Mientras que el 16% es material descartable.

El proyecto, que fue aprobado el 5 de mayo por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, contempla una serie de medidas destinadas a incentivar el tratamiento diferenciado de los residuos orgánicos. En palabras de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, “busca mejorar la calidad de vida de las y los chilenos. Si nos hacemos cargo de manejarlos de forma diferenciada, disminuiremos la presión de los rellenos sanitarios y vertederos, que están rápidamente agotando su vida útil”.

Su implementación será gradual, llegando al 100% en 15 años. Los gobiernos regionales y municipalidades serán los protagonistas de esta transición, ya que ellos están a cargo del retiro y transporte de la “basura”. Estas medidas les exigen una modificación en su forma de operar en cuanto a frecuencia y distribución, ya sea teniendo la infraestructura para el compostaje o licitando plantas de procesamiento, así como también ofreciendo alternativas de manejo diferenciado de estos residuos, con un esquema de recolección puerta a puerta o mediante otros mecanismos de valorización a escala barrial o comunitaria (composteras o vermicomposteras).

Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, valora la iniciativa y manifiesta que es muy necesario que se consideren las diversas realidades de las comunas. “Muchos municipios que tienen las intenciones de fomentar las acciones destinadas al manejo de residuos orgánicos, se encuentran limitados por la carencia de financiamiento y herramientas adecuadas. Con esta ley, esperamos emparejar la cancha de oportunidades, permitiendo, fortaleciendo y obligando a una gestión adecuada”.

Un ejemplo claro es el icónico caso del municipio de Ancud, que debe trasladar su basura hasta Los Ángeles al no poder gestionarla dentro de su territorio.

La primera fase comenzará con restos de poda y jardín y residuos orgánicos de ferias libres, dependiendo de las especificaciones de la comuna. La fase dos incorpora la fracción orgánica proveniente de centros comerciales, de eventos o similares, alcanzando una cobertura del 10% de los territorios municipales. La tercera será la obligación para hoteles, restaurantes y cafeterías, ascendiendo al 40% de la cobertura territorial. En la cuarta etapa se pasaría al 80%, para llegar a la fase cinco, con el 100%.

Se comenzará con una implementación progresiva y escalonada, en plazos diferenciados, debido a la diversidad de realidades comunales. Lo que ocurre con el traslado de la basura desde Ancud a Los Ángeles es una muestra de ello y de las necesidades de ciertas comunas que no tienen los recursos para poder procesarla en su territorio.

El cómo se establecen los criterios de cada comuna y cuál será su obligación en cada fase se informará cuando ingrese el proyecto al Congreso. Hoy, el 13% de las municipalidades del país realiza estas acciones, como la comuna de Santa Juana en la Región del Biobío, que cuenta con separación de origen y recolección diferenciada en toda su área urbana. La Pintana también tiene este sistema y, además, utiliza el resultado del procesamiento de orgánicos para elaborar un abono de alta calidad para sus plazas. Lo mismo ocurre en Peñalolén y Viña del Mar, por poner algunos ejemplos.

Desde el ministerio afirman que el modelamiento financiero del proyecto no tiene que ser más caro. Por una parte, el sistema tradicional (retiro de basura) va a seguir operando, pero llevará menos carga. Si una vez a la semana pasa el reciclaje y otra vez pasa el camión de los orgánicos, no habría duplicidad de costos. Además, la REP aliviana la carga financiera de los municipios, ya que no pagan la recolección de envases y embalajes. El cobro por tonelada transportada a los rellenos sanitarios también será menor en volumen y, por otra parte, las distancias se acortan, ya que las infraestructuras de procesamiento orgánico están más cerca, lo que implica que un menor costo de transporte, el que representa el 75% de su valor, versus el 25% de tratamiento.

Leitao enfatiza que “los municipios estaremos atentos a las oportunidades que provengan en el marco de esta ley, especialmente de aquellos que surjan de los instrumentos económicos para el financiamiento, puesto que no es rentable que se nos entreguen mayores obligaciones sin nuevas atribuciones o herramientas”.

Según lo proyectado por el gobierno, la nueva ley de orgánicos más la Ley REP, implicaría la reducción de basura en los hogares, alcanzando a la vuelta de 15 años la valoración de 80% de los residuos que se producen hoy. “Esto también es acción climática, porque aprovechar los residuos orgánicos evita la generación de metano, gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono. También, los podemos convertir en fertilizante natural para combatir la degradación de nuestros suelos”, concluye la ministra Rojas.