Sin definiciones concretas. Pero con un plazo fijo que debe cumplir. Así avanza el gobierno en la elaboración del diseño para aplicar la visa de oportunidades laborales, que debe comenzar a regir el próximo 1 de agosto. La medida, que fue anunciada el 9 de abril dentro del plan del Ejecutivo para ordenar "la casa", busca específicamente controlar y seleccionar de manera más efectiva la llegada de extranjeros al país que vienen con el objetivo de trabajar, pero que ingresan accediendo con la visa de turista.

Este cambio en la política laboral migratoria responde a lo retrasado que está el país en cuanto a la legislación para los inmigrantes. De hecho, la norma vigente data de 1975. Si bien se han hecho modificaciones a través de decretos, el marco general está desactualizado y no responde a la cantidad de extranjeros que habitan hoy Chile.

Si en 2006 la población de inmigrantes era de 154.643 personas, lo que equivalía a 1% de la población, en 2015 los inmigrantes sumaron 465 mil, representando el 2,7% de los 17,5 millones de personas que habitan el país. En 2017, la cifra se elevó considerablemente, llegando a las 746 mil, es decir, el 4,35% del total de habitantes.

En términos de entrega de visas laborales, las cifras también muestran una tendencia alcista: si en 2010 se entregaron 32.416 permisos laborales, en 2014 la cifra escaló más de 100%, hasta llegar a las 66.608. En 2015, la entrada en vigencia de las visas por motivos laborales flexibilizó la entrega de este tipo de permisos, ya que la persona debía presentar solo un formulario requiriéndola junto a un contrato de trabajo suscrito en Chile. También abarató el costo para el empleador, puesto que no tenía la obligación de pagar el o los pasajes de regreso del migrante y su familia a su país natal. Todo esto tuvo como consecuencia una aceleración de este tipo de visado, subiendo un 30% en un año, con un total de 86.854, mientras que en tres años avanzó 66,7%, llegando a 144.819 visas.

Si bien el objetivo de esta medida era regularizar de manera más rápida la población inmigrante en Chile, el gobierno de Piñera la consideró permisiva y, por ello, la derogó. Así, desde el 16 de abril, la única que sigue vigente es la visa por motivos laborales, a la espera de la entrada en vigencia del nuevo permiso laboral.

Las definiciones que tensionan al gobierno

Resta poco más de un mes para que este visado deba entrar en vigencia, sin embargo, desde el gobierno mantienen el hermetismo y solo se limitan a señalar que el detalle de la fórmula que se aplicará para entregar este permiso laboral está en fase de estudios. Y la razón es que todavía no hay una definición clara sobre los requisitos que se considerarán para seleccionar qué tipo de inmigrante ingresará al país. Este punto es uno de los que más preocupan al Ejecutivo, ya que el mecanismo que se defina no debe dar pie para que existan críticas o abrir el debate sobre si la opción escogida es discriminatoria. "No se ha tomado una decisión definitiva de cómo será. Está en fase de revisión por parte del Presidente", señala una fuente del gobierno.

Al interior del Ejecutivo la idea que toma fuerza es aplicar un sistema de puntuación para organizar y priorizar la demanda de personas que solicitarán la visa de trabajo. De acuerdo a fuentes del gobierno, lo que está claro es la columna vertebral, que es este sistema de puntuación, pero aún falta definir el criterio para entregar esas calificaciones. Las interrogantes que hay al interior del propio Ejecutivo apuntan a si dentro del proceso de selección se privilegiará a profesionales, entregándoles un mayor puntaje, o bien a técnicos, u oficios que se requieran ante la escasez de mano de obra que pudiera existir en sectores productivos del país.

Esa es la discusión que sigue presente al interior del gobierno.

Una opción es establecer una mayor puntuación a aquellas profesiones que hacen falta en el país, como por ejemplo, médicos. Sin embargo, de acuerdo a fuentes conocedoras de este proceso, el problema que tendría esa medida es que no existe ninguna entidad que realice el trabajo de mirar qué profesiones u oficios hacen falta en el país, por lo que la decisión podría ser considerada arbitraria. Además, el sistema de convalidación de títulos aún recae sólo en la Universidad de Chile, y recién una vez aprobado el proyecto de ley se abrirá a que más planteles puedan tener esa facultad. "La pregunta de fondo es si con esta política se buscará orientar a aquellas profesiones que hacen falta en el país. Eso aún no está", precisan las mismas fuentes.

Lo que sí está definido es que la visa se entregará fuera de Chile, es decir, en los consulados de los países de origen o de residencia de los inmigrantes que quieran venir a Chile por un plazo de un año prorrogable por otro. Esta fórmula es similar a la que se aplica con las visas para haitianos y venezolanos. Entre los requisitos se exigirá un certificado de antecedentes penales y su otorgamiento no estará vinculado a un contrato de trabajo, puesto que es un visado para que vengan a Chile a buscar algún trabajo o bien iniciar un emprendimiento.

Debate

Entre los parlamentarios y expertos no hay una opinión común sobre la aplicación de la visa de oportunidad laboral. Pablo Valenzuela, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, criticó la falta de claridad que existe en el gobierno, pese a que se acerca el plazo de su entrada en vigencia. "Las personas requieren tiempo para informarse, hacer su planificación y preparar documentos, por ello consideramos que para una medida tan importante como esta es poco el plazo que tiene el gobierno. Lamentablemente, aún no hay definiciones", subraya Valenzuela.

Mientras que para el diputado UDI e integrante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización -instancia en la cual se tramita el proyecto de migraciones-, Renzo Trisotti, la visa "vendría a ordenar la llegada de extranjeros a Chile, acelerando la inserción de profesionales al mercado laboral del país".

Respeto de la idea en particular de que se organice la entrega de este visado a través de un mecanismo de puntuación, Valenzuela señala que las principales dudas surgen en cómo se determinará dicho puntaje. "Chile no tiene una economía planificada, sino que todo lo contrario, porque se ha dado libertad para que sea el mercado el que asigne las necesidades de demanda. Entonces, con qué base se podrá determinar si una persona es más útil si tiene oficio de carpintero sobre otra que posee un título de ingeniero civil". En esa línea, Valenzuela añade que "será difícil generar esa escala, porque no hay base acordada sobre qué capital humano se necesita, lo puede llevar a diferencias que no sean basadas en antecedentes objetivos, siendo discriminatoria. El gobierno está en una delgada línea para establecer estos puntajes".

La diputada RN Paulina Núñez acota que "es clave que la visa de oportunidad sea para venir a buscar trabajo, y así terminar con el vicioso sistema de que se ocupan visas de turista cuando en realidad vienen a buscar empleo. Me parece correcta la solicitud de antecedentes", dijo. Asimismo, añade que "si el sistema de calificación llega a ordenarse por profesión es positivo para el país". Trisotti puntualiza que la visa "debería considerar los déficits que tenemos en distintas áreas, como agricultura y medicina, entre otros".

Una mirada crítica entregó el exdirector del Departamento de Extranjería Rodrigo Sandoval, quien afirma que una política como esa debe conversar con las necesidades que existan de capital humano. Para ello, precisa que "la intersectorialidad es fundamental. Chile debería contar con una instancia de captación de capital humano estratégico, compuesta por las agencias económicas, de trabajo, migratoria, educacional y de desarrollo regional, que analice las necesidades de capital de trabajo y sea capaz de gestionarlas a través de instrumentos de capacitación y de captación en el extranjero".

Otras visas

El 1 de agosto también partirán los visados de orientación nacional y orientación internacional. El primero de ellos es para estudiantes extranjeros de posgrado en Chile, para que puedan quedarse una vez concluidos sus estudios. La segunda de ellas es para estudiantes extranjeros de posgrado fuera de Chile, para que puedan venir al país una vez concluidos sus estudios. En todos estos casos la visa temporaria es por un año, prorrogable por un segundo año.

Plan de regularización de extranjeros llega a 140 mil y meta del gobierno apunta a 200 mil

El 9 de abril, el gobierno anunció un plan de regularización de extranjeros, el cual tenía como objetivo documentar a todos aquellos ciudadanos inmigrantes que hayan ingresado al país hasta el 8 de abril. De acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, a la fecha hay 140 mil ciudadanos con sus papeles al día. Si bien en un principio el Ejecutivo estimó que los extranjeros irregulares llegarían a las 300 mil personas, hoy dicho cálculo bajó a 200 mil. El plazo para este proceso expira el próximo 22 de julio.

En paralelo a este proceso, sigue su curso el proyecto de ley de migraciones, el cual comenzó su tramitación el 18 de abril en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Entre los ejes centrales que contiene la iniciativa se crea el Servicio Nacional de Migraciones, el cual si bien será independiente en su funcionamiento, será sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo cual no contará con autonomía.

Para el funcionamiento de esta nueva institucionalidad, la dotación subirá de 477 a 528. El costo total en régimen llega a $ 2.400 millones. Este punto precisamente es el que los parlamentarios comenzarán a analizar en las próximas sesiones que tenga la comisión, tanto de Gobierno Interior como de Hacienda. Asimismo, el plazo para que los diputados puedan hacer indicaciones culmina el 28 de junio.

El diputado UDI e integrante de la Comisión de Gobierno Interior Renzo Trisotti puntualiza que las indicaciones de Chile Vamos se focalizarán "en actualizar conceptos que se están utilizando en el derecho internacional, temas procedimentales y una mayor participación en la política migratoria de las regiones y las municipalidades". Si bien señala que el tema de recursos será analizado en las próximas sesiones, considera que "de acuerdo a los antecedentes que tenemos está bastante bien diseñada la institucionalidad. Creemos que la planificación y el presupuesto serían los adecuados".