El Gobierno presentó una Agenda de Probidad y Modernización del Estado con 8 medidas en el marco del caso Convenios para mejorar el control y rendición de cuentas, aumentar la transparencia y elevar los estándares de probidad. Su implementación se realizará durante los próximos meses, pero ya a partir de la próxima semana se darán los primeros pasos.
El ministerio de Hacienda en particular presentó un instructivo de transferencias del Estado referido a los convenios que se celebren para transferencias corrientes y de capital en el sector publico. De acuerdo al ministro Mario Marcel, “reitera normas existentes y las complementa incorporando factores de riesgo que se han idenfificado en los eventos de las últimas semanas”. Este comenzará a circular durante la tarde y contempla las siguientes medidas:
1. Obligación de utilizar el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República.
2. Obligación de exigir garantía.
3. Obligación de acreditar antigüedad y experiencia.
4. Obligación de acreditar objeto social.
5. Limitación a la subcontratación.
6. Obligatoriedad de inscripción en el Registro de Colaboradores.
7. Prohibición de fraccionamiento.
8. Obligación de acreditar rendición de cuenta anterior.
9. Obligación de restituir los recursos transferidos en el caso que indica.
10. Obligación de no establecer compromisos que excedan el ejercicio presupuestario.
11. Obligación de considerar transferencias en relación con el avance efectivo de la ejecución.
12. Obligación de Publicidad y transparencia.
13. Todo lo anterior aplica íntegramente a los Gobiernos Regionales.
Desde el Gobierno también anunciaron una Batería de Propuestas de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia que se dará a conocer a fines de agosto.
Por otro lado, anunciaron también la preparación de un proyecto de Ley de Beneficiarios Finales que busca crear un registro donde las entidades informen las personas naturales que son beneficiarias finales de dicha organización cumpliendo alguno de estos requisitos: poseen directa o indirectamente el 10% o más de participación en una sociedad, tienen poder para nombrar a la mayoría de los directores o administradores de la sociedad, y/o que pueden ejercer el poder de veto sobre las decisiones de la administración.
Informaron a su vez una reforma al Consejo General de Auditoría Interna del Gobierno (CAIGG), buscando institucionalizarlo como un servicio público, personalidad jurísica y con patrimonio propio, encabezado por el Auditor General del Gobierno.
Para fortalecer la probidad municipal, el Gobierno presentará un proyecto de ley que modifique la Ley de Rentas Municipales permitiendo un rol más activo de la TGR y el Servicio de Impuestos Internos (SII). “En particular, se están considerando mejoras al pago de permisos de circulación, mediante una recaudación centralizada por parte de Tesorería General de la República (TGR y al pago de patentes comerciales, incorporando al SII en la definición del monto final a recaudar” detalló el Gobierno a través de un comunicado.
“Se fortalece la capacidad de control interno de las municipalidad para dotar de mayor autonomía a los responsables de esto. De forma en que quienes están en este cargo tendrían una dependencia técnica de la TGR, sólo podiendo ser removido por este organismo”, explicó el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo.
En esta misma línea destacaron el proyecto de Ley Integridad Municipal que se encuentra en su primer trámite legislativo con urgencia de parte del ejecutivo desde diciembre del 2022. Entre las medidas que propone, “se crea el rol de un funcionario a cargo de esto, que será nombrado por el Consejo Municipal” explicó Cataldo.
En ese sentido también se destacó la iniciativa que ya se encuentra en el Congreso para modernizar la Ley sobre Compras Públicas, entra las cuales se encuentra la regulación de la etapa de preparación de la contratación administrativa; se establece que ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos con su personal ni con personas relacionadas; introduce mejoras al Registro de Proveedores, ampliando la información que deben aportar e incluyendo el concepto de beneficiarios finales; y autoriza a la Contraloría General de la República a ordenar instruir o instruir directamente sumarios por infracciones a esta ley.
Asimismo, se contempla dentro de la agenda la Ley de Transparencia 2.0 ingresada al Congreso en septiembre del 2018, con urgencia simple renovada el 9 de agosto. Esta contempla ampliar el acceso a información pública a distintos organismos del estado y a empresas públicas. Y además añade la obligación de publicar información financiera relevante de los organismos de la Administración del Estado.
Finalmente, el punto 8 incluye el proyecto de ley Regiones Más Fuertes (o rentas regionales) ingresado al Congreso en mayo que establece mecanismos de control y responsabilidad fiscal como la obligación de que los gobiernos regionales cuenten con un informe de auditoría externa al final de su administración. Además, incorpora mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como la obligación de enviar regularmente al consejo regional y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional los informes emitidos por la Unidad de Control, además de ser publicados en el sitio web del gobierno regional.
