El Gobierno ingresó este jueves las indicaciones a la Reforma Previsional que reparte la nueva cotización de 6% con cargo al empleados en tres puntos porcentuales destinados al Seguro Social, otros dos a las cuentas de capitalización de cada trabajador y el 1% restante a fortalecer el empleo y formalidad laboral de las mujeres.

Este último objetivo, apunta a financiar el derecho a sala cuna de madres y padres trabajadores, “de modo que no suponga un castigo salarial a las mujeres o un desincentivo a su contratación”, señalaron desde el ministerio, tal como se había adelantado anteriormente.

Respecto a los fondos destinados para la cuenta individual, la cartera detalló que un 30% se efectuará en relación al ingreso promedio de los cotizantes del Seguro Social. El otro 70% irá también a las cuentas individuales, pero en proporción al ingreso de cada trabajador. Estos podrán ser administrados por Inversores Privados de Pensiones (IPP), entidades privadas que reemplazarán a las AFP, o por el Inversor Público de Pensiones (IPE), a elección de los trabajadores.

En relación al Seguro Social, se precisó que considera “un complemento por cuidados de terceros, que se adiciona al fondo del trabajador (con un tope de 24 meses), y una garantía de 0,1 UF por cada año cotizado, que se sumará a la pensión autofinanciada y la Pensión Garantizada Universal (PGU) si corresponde. La garantía tiene un tope de 3 UF (valor actual de $110.000 aprox.), lo que busca resguardar la sostenibilidad del instrumento”, informaron a través de un comunicado.

Este será administrado por el Fondo Integrado de Pensiones (FIP), un organismo autónomo e independiente.

El proyecto comenzará su discusión en particular en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en general a principios de año.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, expresó que las indicaciones “contienen, principalmente, cambios que buscan, en primer lugar, hacer que el proyecto de reforma de pensiones sea más liviano para poder hacer una tramitación más ágil”. Además, señaló que estas se hacen cargo “de peticiones que se han hecho desde la oposición a efecto de demostrar, efectivamente, una cesión (…) en la búsqueda de un acuerdo. Esperamos ahora que, desde la oposición, este paso también se pueda dar”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las críticas de algunos sectores que señalan que el proyecto se ha convertido en una reforma tributaria encubierta, manifestando que “cuando hay personas que transforman el tema tributario en la medida de todas las cosas, están diciendo que no están disponibles para que el país pueda movilizar recursos para mejorar pensiones, reducir listas de espera en hospitales, proveer sala cuna para todos. Todo eso requiere recursos”.