Gobierno presenta la reforma de permisos sectoriales y medioambiente: apunta a reducir entre un 20% y 69% los tiempos totales y Boric pide una rápida tramitación

“Entiendo que hay una buena disposición para tramitar esto rápidamente, acá invito a que no haya tanto espacio a la creatividad, sino que logremos sacar esto con celeridad para poder hacer despegar a Chile”. Ese fue el llamado que hizo el Presidente Gabriel Boric este miércoles al presentar los proyectos que reforman el sistema de permisos sectoriales y el sistema de evaluación ambiental.

No te pierdas en Pulso

El primero ingresará por la Cámara de Diputados el próximo lunes, mientras que la segunda iniciativa ingresó este mismo miércoles por el Senado.

Bajo el lema de un “sistema inteligente de permisos” y una “evaluación ambiental 2.0″, el mandatario contextualizó la iniciativa como un avance en la velocidad de tramitación para dar certeza jurídica y no descuidar las exigencias ambientales. “Espero que no haya espacio para rencillas, ni tampoco tiempo para dilaciones y que, por lo tanto, estos proyectos se tramiten con celeridad en el Congreso”, agregó el jefe de gobierno.

“No debe haber una contradicción entre disminuir, por un lado, los tiempos de aprobación para los proyectos de inversión y, por otro lado, o más bien, paralelamente, tener una evaluación ambiental y sectorial que sea rigurosa”, dijo el jefe de Estado tras la firma del proyecto de cara a su ingreso en el Congreso.

Mientras que el ministro de Economía, Nicolás Grau, agregó que “si estamos empujando un proyecto de ley que lo que busca es agilizar los tiempos modernizar el Estado sin que ello signifique bajar la calidad regulatoria, también podemos ir lo más rápido posible sin por ello bajar la calidad del debate legislativo. Vamos a trabajar con la misma rigurosidad y velocidad que hemos trabajado hasta ahora. la recepción que ha habido en la recepción de este proyecto en las conversaciones que hemos tenido en este debate preleguislativo han sido muy buenos”.

Esta reforma, que involucra 37 servicios y 16 ministerios, permitirá simplificar los procesos de autorización de toda la gama de proyectos de inversión, desde los más grandes, que generalmente son los mineros, hasta los más pequeños, como un almacén. En el caso de estos últimos, la iniciativa busca que “la complejidad de lo que se les exige en términos de permisos sea proporcional al riesgo que representa el proyecto”.

Según lo explicado por Economía, hay 380 permisos que se distribuirán en 5 categorías y cada uno de ellos tendrá plazos máximos. Además, 92 de ellos podrán ser declaraciones juradas, y de esa manera acelerar los procesos de aprobación. En ese sentido, según señaló el gobierno, “el objetivo de esta reforma es regular de mejor manera, es decir agilizar la entrega de permisos, manteniendo los mismos estándares de cuidado de sostenibilidad y respeto a las comunidades”.

El proyecto se estructura en cuatro ejes. Lo primero que fijan son normas mínimas de tramitación para permisos sectoriales: según una minuta del Ministerio de Economía, la reforma incluirá un conjunto de medidas que serán transversales a todos los permisos sectoriales. En ellas se establecerá que todos los procesos deben contener un examen de admisibilidad, y por lo mismo se mejorará la regulación de las iteraciones entre servicios y entre el servicio tramitador y el solicitante, se establecerán plazos máximos para todos los procedimientos que hoy no tienen, y se especificará y viabilizará el uso del silencio administrativo como medida de última ratio.

Un segundo eje es la inclusión de criterios de proporcionalidad en la tramitación: En este se establecerá un procedimiento que permita reemplazar autorizaciones por declaraciones juradas del titular del proyecto, u otras técnicas, en razón del riesgo de cada obra, instalación o actividad de un proyecto. Estos procesos resultarán en rutas simplificadas de tramitación según umbrales de riesgo fijos.

Un tercero es la creación de una ventanilla única digital: Se establecerá la plataforma como la ventanilla única digital del Estado para la tramitación de permisos sectoriales y para la presentación de declaraciones juradas y avisos por parte de titulares. Esta plataforma permitirá a los titulares de proyectos y al órgano SUPER acceder permanentemente a los detalles del procedimiento.

Y como cuarto punto es la creación de un nuevo servicio que coordinará la tramitación sectorial: se creará un órgano público que tendrá por objeto velar por el cumplimiento de las normas de tramitación y liderar y guiar a los servicios en la constante mejora del marco normativo de los permisos sectoriales.

El titular de Economía detalló algunos ejemplos en la reducción de los tiempos que esperan lograr una vez que se apruebe el proyecto: Se estima que los hospitales de alta complejidad reduzcan sus tiempos de tramitación de permisos sectoriales en un 32% y con ello una reducción total de 22%.

Mientras que, para grandes proyectos de explotación minera, el tiempo podría disminuir en 45% los permisos sectoriales y de 35% los tiempos totales. Y en el caso de locales de consumo de alimentos podría llegar a reducirse en 69% tanto los sectoriales como los totales. Y una generación eléctrica fotovoltaica tendría una reducción de 24% los sectoriales y de 20% los permisos totales.

“Estas disminuciones se explican por la combinación de un set de medidas de la reforma que disminuyen la carga de solicitudes por revisor, mejoran la coordinación entre servicios públicos, inducen al cumplimiento de los plazos y crean un nuevo organismo que vigilará y apoyará los procesos de tramitación”, señaló el secretario de Estado.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que el simplificar los permisos no implica desregular. “Es regular de una mejor manera. La simplificación de los permisos se refiere a reducir la complejidad y dispersión de las normas y procedimientos asociados a la obtención de autorizaciones para materializar actividades o proyectos de inversión”, señalaron desde el gobierno.

La otra propuesta se trata del proyecto que reforma el sistema de permisos ambientales a través de modificaciones a la Ley de Bases del Medioambiente (19.300). De acuerdo al gobierno, este proceso incluye la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El proyecto tiene tres grandes ejes: tecnificación de las decisiones, participación temprana y recursos de reclamación.

El primero de esos puntos tiene por objetivo fortalecer la evaluación técnica, al dotar de mayores atribuciones al SEA y eliminar instancias políticas, como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva). Con ello, según el gobierno, la decisión final de aprobar o rechazar un proyecto recaerá principalmente en el SEA, el que deberá tomar la decisión basándose en los antecedentes técnicos y evidencia científica.

El segundo eje es el llamado “Participación Temprana Voluntaria”. Según lo señalado por el Ejecutivo, “los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema”.

Para ello, existirán reglas claras “para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos”.

Y como tercera área, se incorpora un recurso de reclamación único y simplificado: “Se simplificará la vía recursiva para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y administración. Se espera que estos cambios reduzcan significativamente los tiempos totales de tramitación”.

Justamente, con respecto a los tiempos de tramitación, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, afirmó que “hemos tenido una conversación prelegislativa muy transversal con todos los sectores. Desde los grandes gremios a la academia, a las ONG y también un trabajo prelegislativo con el Congreso”. Por ello, indicó que “entendiendo la urgencia que tenemos para agilizar la parte ambiental de la evaluación de proyectos, esperamos que el Congreso nos acompañe y esto se pueda tramitar rápidamente”.