A raíz del explosivo aumento en los últimos años de las solicitudes de subdivisión de predios rurales, el Ministerio de Agricultura ofició, a mediados de julio, a las direcciones regionales del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para que suspendan los procesos de solicitud de subdivisión cuando se presuma que dichas solicitudes busquen cambiar el destino rural a habitacional, lo que vulneraría los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

En ese entonces, el Ministerio de Agricultura mostró su preocupación por el alza de proyectos inmobiliarios en zonas rurales que, según la mirada de la cartera, son desproporcionados en relación al territorio y están causando un “grave daño” a la ecología de las zonas afectadas.

“El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha observado con preocupación en los últimos años este aumento exponencial de solicitudes de subdivisión de predios agrícolas. Es así como, en el año 2019 teníamos en promedio 10 mil solicitudes y hemos subido, al año 2021, a 19 mil, un 90% de incremento. Además, estamos proyectando para el 2022 llegar a 20 mil solicitudes. Esto significa un fraccionamiento del territorio agrícola generándose una innumerable cantidad de lotes”, dijo en ese entonces la jefa de División de Recursos Naturales Renovables del SAG, Aurora Espinoza.

Por su parte, Valenzuela detalló que “el ministerio no ha prohibido las parcelaciones, lo que ha hecho es que, ante las solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos y frente a sospechas fundadas de que es evidentemente una urbanización a escondidas, con razones habitacionales, en estos casos vamos a consultar al Minvu y/o a los municipios respectivos”.

En este contexto, el Ministerio de Vivienda presentó una serie de propuestas que apuntan a regular las parcelaciones. La primera de ellas es precisar las competencias del SAG en el marco de la certificación del cumplimiento de la normativa vigente en términos de las solicitudes de división de predios. Además, se incorpora en la reglamentación el deber del SAG de solicitar informe a la Seremi del Minvu antes de emitir su certificación, en aquellos casos en que pueda existir una infracción a las normas aplicables.

Además, también plantea incorporar la obligación de acompañar en las solicitudes de permiso de edificación para las viviendas del propietario del predio rural y sus trabajadores, la documentación que permita acreditar la explotación agrícola del inmueble, así como la calidad de los trabajadores en caso de corresponder. “Esto facilitará el control que deben realizar las DOM al momento de otorgar estos permisos de edificación”.

El Minvu abrió una consulta ciudadana disponible hasta el 23 de octubre para que los actores del rubro puedan enviar sus apreciaciones y sugerencias a la cartera.

Con todo, la Comisión de Vivienda y Urbanismo sesionó este martes con la participación del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien aseguró en la instancia que “de aquí a fin de año, incluso antes, vamos a tener una propuesta de proyecto para conversar”. Se trata de un anteproyecto como propuesta que se presentará como Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt)

Por su parte, Pablo Contrucci, secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Comicivyt, señaló que se llegó a una primera minuta en la cual hay cuatro frentes principales que atender.

El primero es evitar nuevas parcelaciones que no sean sustentables, ya que, dijo,”el proceso tiene un impacto ambiental enorme”.

“Se ha generado una cultura de que todos creen que pueden tener una parcela en cualquier lado. Y eso ha hecho que sea muy difícil de resolver el problema, porque aparece como un derecho y como una cosa muy sana, vivir en el campo y eso tiene un frente cultural que es súper difícil de abordar desde lo político”, agregó.

Lo segundo, señaló el secretario ejecutivo de Comicivyt, es crear un mecanismo que permita que en el futuro cercano se pueda suburbanizar.

Una tercera línea de acción, es proponer mecanismos para intervenir las parcelas que ya existen, “que ahí es donde está el más grave problema” dijo Contrucci.

“Podemos modificar los mecanismos para crear nuevas parcelas en el futuro, pero tenemos que enfrentar el problema de las 200 y tantas mil parcelas que ya tenemos y que son una bomba de tiempo ambiental. No sólo ambiental, también de carga a las municipalidades, que tienen que hacerse cargo de retirar basuras, mantención de caminos, los APR que no dan abasto, entre otros”, añadió.

Por su parte, algunos parlamentarios expresaron sus inquietudes a lo planteado por el gobierno. La senadora María José Gatica (RN) señaló que “en mi región existen tres proyectos emblemáticos (...) que les permite a las familias mejorar su condición de vida y eso depende de que este proyecto se pueda empezar en un espacio rural”.

En ese sentido, destacó que “las condiciones y la calidad de vida de esta modalidad, del DS 10 en conjunto habitacional, es positiva, ayuda. Por lo menos en el sur ha tenido buenos resultados y podría replicarse en otras regiones”.

Sobre la postura del gobierno frente a las parcelaciones, diversos actores de la industria han manifestado sus preocupaciones. Por su parte, Diego Varela, socio fundador de Biósfera Austral, señaló que “con el tema de la modificación de la OGUC , se confirma que la discusión hoy está condicionada por la arbitrariedad de un sector que busca prohibir e incluso saltarse al Congreso y al trabajo de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, que ha invertido bastante tiempo legislativo en encontrar una solución a la clara problemática de los loteos y al abuso del Decreto 3.516″.

“Acá no se trata únicamente de parcelas ni de subdivisiones, sino que se está jugando con el derecho de las personas a vivir fuera de la ciudad; se está logrando privatizar la tierra en manos de pocos; se le está poniendo freno a otras formas de conservación, además de estar afectando a cientos de emprendimientos rurales”, añadió.

En tanto, Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur, aseveró que “la insuficiente regulación en materia de pequeña propiedad raíz sin duda que ha ocasionado abusos. Es innegable la urgencia de una normativa que contribuya a ordenar la ocupación de los espacios rurales armonizándola con la posibilidad de llevar a cabo los diferentes proyectos de vida de los ciudadanos y con la protección del suelo y medio ambiente”.

Sin embargo, dijo, se ha presenciado una “sobrerreacción” de la autoridad que, dice, puede ocasionar la transgresión del debido proceso sancionando de facto la sospecha de infracción. “Los proyectos deben ser analizados en su mérito y los procedimientos ser eficientes y llevados a cabo en tiempos razonables”, agrega.